Sobre la base de que los mecanismos causales de la corrupción en Ecuador tienen larga data de influencia en la gestión pública y que hoy por hoy ha llegado (la corrupción) a niveles muy profundos, contaminando casi la totalidad del Estado en sus tres ramas: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, la situación es crítica y requiere de acciones fuertes, estructurales y de largo plazo. Caso contrario los esfuerzos y recursos asignados podrían no generar los resultados esperados.
¿Qué debemos hacer? Trabajar en los mecanismos causales de la corrupción. La subjetividad, por un lado, mediante la educación; y, por otro, en la objetividad, a través de reformas estructurales de la norma, de la constitución para contar con el marco legal, institucional y de control, eficaces. Así empatamos en unos 15 a 20 años con una adecuada educación y un marco normativo coherentes.
A través de la educación podríamos fortalecer la cultura de la legalidad en sus cuatro ámbitos: ley, persona, sociedad y ambiente; o corrupción, discriminación, convivencia y sustentabilidad. Ecuador no ha logrado consolidar la cultura de la legalidad y por eso el comportamiento oportunista es el modus operandi en toda la gestión pública.
Cambiar la mentalidad de los niños y jóvenes a través de procesos educativos innovadores y creativos podría hacer que vuelvan a crecer con valores, con honestidad, con responsabilidad, con apertura para rendir cuentas. Esto contribuiría positivamente en mentalizarlos sobre el proceso de acumulación de riqueza. Que éste (acumulación) es producto del trabajo honesto, de la dedicación y del compromiso con el buen uso de los servicios y recursos.
El proceso educativo debe ser de largo plazo, sistemático sobre: los valores, la honestidad, la responsabilidad y el compromiso. Es una estrategia con los niños y los jóvenes en sus establecimientos educativos en los cuatro niveles. El enfoque es crear y consolidar la cultura de la legalidad, respeto a le ley (anticorrupción), respeto a la persona (abuso/discriminación), respeto a la sociedad (convivencia) y respeto al ambiente (sustentabilidad).
Desde el nivel de básica preparatoria pasando por la elemental, media y culminando en la superior, la implementación de proyectos o actividades educativas cuyo propósito sea educar con: ejemplos prácticos, actividades lúdicas, exposición a los resultados de una mala educación de valores, el involucramiento progresivo de la familia y de la política, entre otros, generaría un cambio de la percepción de la corrupción y podría fortalecer la cultura de la legalidad.
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD | |||||
ENFOQUE DE LA EDUCACIÓN PARA LA CULTURA DE LA LEGALIDAD | |||||
NIVEL DE EDUCACIÓN | ANTICORRUPCIÓN | DISCRIMINACIÓN | CONVIVENCIA | SUSTENTABILIDAD | |
Básica Preparatoria | 40% | 30% | 20% | 10% | 100% |
Básica Elemental | 30% | 40% | 10% | 20% | 100% |
Básica Media | 20% | 10% | 40% | 30% | 100% |
Básica Superior | 10% | 20% | 30% | 40% | 100% |
100% | 100% | 100% | 100% |
El enfoque radica en un proceso continuo y progresivo de la educación responsable. Ir exponiendo a los niños y jóvenes durante su crecimiento y formación en la cultura de la legalidad. La concentración de las actividades educativas, innovadoras, dependerá del nivel. Se debería elaborar un programa para cada elemento de la legalidad, es decir, Anticorrupción, con elementos básicos para el nivel de preparatoria (40%), elemental (30%), media (20%) y superior (10%). Al término del proceso de educación básica, los jóvenes han completado el 100% del programa anticorrupción. De igual manera se debería proceder con los otros elementos en cada nivel de la educación básica, de conformidad con la propuesta señalada en el cuadro.
Cuando los jóvenes alcancen los 17 – 18 años han recibido toda la información, el ejemplo y los casos prácticos que luego de un proceso reflexivo, afiance su cultura de la legalidad pues habrían completado los cuatro programas: anticorrupción; abuso/discriminación; convivencia; y, sustentabilidad.
Obviamente esta propuesta requiere de muchos componentes previos, tales como: 1) contar con mentes claras para diseñar los programas, discutirlos con los actores e implementarlos en el pensum académico de la educación básica; 2) el proceso de selección de docentes jóvenes que tengan cultura de la legalidad y puedan enseñar con prestancia a los niños y jóvenes; 3) recursos financieros multianuales que permitan financiar los programas completos; 4) recursos tecnológicos para la enseñanza; 5) programas de involucramiento de actores para beneficio de los niños y jóvenes; 6) Exponer a los niños y jóvenes a proceso políticos de elección, administración y rendimiento de cuentas, en sus respectivas unidades educativas.
La siguiente generación de jóvenes ecuatorianos, contaría con elementos ciertos de la cultura de la legalidad y estarían listos para continuar su educación técnica y/o profesional; así como su participación honesta en la política y el bienestar de la sociedad como un todo.
También es indispensable que nosotros (todos) apoyemos para proteger a la Fiscal General del Estado, Dra. Diana Salazar y su equipo de trabajo, por lo que han hecho, lo que hacen y lo que siguen haciendo para recuperar la función judicial y el respeto de la sociedad ecuatoriana, para que no exista impunidad nunca más.
Debemos apoyar la reestructuración del Estado, del Legislativo y del Judicial, mediante sendas reformas legales que profesionalicen a sus integrantes, para el ejercicio de sus funciones específicas. La Función Judicial merece que la purga actual limpie a la entidad y recupere la institucionalidad, para que el trabajo de la Fiscal no sea en vano.
La base jurídica del Estado, la Constitución, debe ser reformulada para eliminar las trampas jurídicas y dejar clara la norma en relación a los procesos electorales de dignidades, de colaboradores, las penas por corrupción y los procesos de investigación fiscal. Se debería aumentar el control, reducir la discrecionalidad, eliminar la impunidad, castigar severamente el comportamiento oportunista de la corrupción, aumentar la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos y el impacto de las políticas públicas en el bienestar de la sociedad en su conjunto. Este es el estado que deseamos, responsable, claro y efectivo.
¿Un sueño? ¿Por qué no? Si estamos claros que debemos cambiar; será posible. Soñar no cuesta, pero puede clarificar el camino que deben seguir los niños y los jóvenes del futuro. Es nuestra mínima responsabilidad con ellos. Al cabo de los años, los niños de ahora, jóvenes del mañana, políticos del futuro, tendrán cultura de la legalidad y el Estado ha reestructurado la norma para que ellos puedan, dirigir el país honestamente y con claridad, sin aprovecharse de nada ni de nadie, gestionando los recursos para el bienestar de todos.
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