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Insaciables

Juan Carlos Díaz Granados
Universidad Casa Grande
martes, febrero 13, 2024
Es un error continuar golpeando a los mismos contribuyentes inventando impuestos con diferentes excusas, para favorecer a quienes viven del gasto público improductivo, mientras la ciudadanía no recibe servicios de calidad a cambio.  Lo justo es que el Estado realice reformas estructurales para revertir esta situación
Tiempo de lectura: 2 minutos

 

La dolarización se implementó para controlar la insaciable necesidad de gasto de los políticos frenando la impresión de dinero que financiaba la despilfarra. Sin embargo, a pesar de que la dolarización ha sido buena para la sociedad civil porque protege el poder adquisitivo y permite financiar la adquisición de bienes a largo plazo para prosperar, a ciertos políticos les desagrada porque es una camisa de fuerza para el gasto público.  Por eso algunos políticos y funcionarios públicos han venido promulgando legislación que obliga a incrementar anualmente el gasto público permanente.

Es un error continuar golpeando a los mismos contribuyentes inventando impuestos con diferentes excusas, para favorecer a quienes viven del gasto público improductivo, mientras la ciudadanía no recibe servicios de calidad a cambio.  Lo justo es que el Estado realice reformas estructurales para revertir esta situación. Por ejemplo: focalización de subsidios de los combustibles; reducción del gasto público improductivo; combate a la defraudación fiscal y corrupción; mejorar las compras públicas para que se realicen a precios de mercado; que INMOBILIAR venda los activos improductivos del Estado; eliminar las empresas públicas; mayor participación del sector privado a través de concesiones y alianzas público-privadas en las actividades económicas para las que el sector público no tiene recursos; detener el derroche de varios GADs (nómina excesiva, conciertos, etcétera); derogación de las disposiciones decimoctava y vigesimosegunda de la Constitución porque no existen ingresos permanentes que soporten esos gastos permanentes; y, eliminación de privilegios de funcionarios públicos. Esa es la primera opción.

Tras haber ejecutado lo anterior, debería analizarse el incremento del IVA temporal.  Y si se aprueba, esos recursos deberían destinarse a un fideicomiso con el objetivo de combatir la inseguridad ciudadana. Sin crear impuestos adicionales, porque en los últimos dos proyectos de ley aprobados y con el Decreto Ejecutivo 98 ya se están recaudando 2586 millones extra para el ejercicio 2024 con el fundamento del combate a la inseguridad.

Texto publicado en Expreso

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