El prefecto de Los Ríos, Johnny Terán, es optimista de que el gobierno de Daniel Noboa nombre por fin a un gobernador definitivo para poner fin a los secuestros y extorsiones a transportistas en el anillo vial de Quevedo.
Aunque Terán, en el cargo desde 2019, sostiene que el control estatal en este sector “ya se perdió”, en vista de que el crimen organizado ataca con ametralladoras hasta a los convoyes militares y policiales que resguardan al transporte pesado por ese eje vial.
En entrevista con PRIMICIAS, Johnny Terán asegura que ya tiene la concesión vial desde hace un mes y que la Policía “está dispuesta a todo” para combatir a la delincuencia, pero “pide garantías”.
¿Cuál es su postura sobre los asaltos y secuestros denunciados por los transportistas en el eje vial de Quevedo?
Lo que puedo ver es que si se tenía algo de control o de autoridad por parte del Estado, ya no hay nada. En este momento, ya todo se perdió. Lamentablemente todavía no vemos reacción por parte del Gobierno, aunque estamos optimistas de que la habrá.
No hay con quién conversar, los anteriores gobernadores fueron personas que se dedicaron a hacer ‘selfies’ y promocionar sus vidas. Nunca se interesaron por nada, esquivaron el tema de la seguridad, viviendo en un mundo distinto.
¿La situación se les fue de las manos?
Sí, ahora es peor porque el tema de inseguridad pasó a otro nivel. Aquí en Los Ríos no hay con quién conversar. Ayer (13 de diciembre) nombraron al tercer gobernador (Edison Varivarsaman Valencia Robles).
Un día nombran a uno, al siguiente a otro, espero que este ya sea el correcto.
Parece que no revisan sus antecedentes y aparecen estos problemas una vez que los nombran, pero estamos listos para ayudar y coordinar.
Lo que se estaba haciendo como medida paliativa era que los transportistas, con las Fuerzas Armadas y la Policía, hagan convoyes como una opción para pasar en caravana, pero hace dos semanas (los delincuentes) los atacaron.
Si la Policía va con pistolas y carabinas, los delincuentes sacan ametralladoras. Ya ni eso es una garantía.
¿O sea que los delincuentes atacan hasta a los militares y policías que protegen a los transportistas?
Esto ha venido creciendo. Ajustan (los operativos) en Guayas, Esmeraldas o en El Oro, pero las bandas se relocalizan. Y como aquí no ha habido una reacción, pues estamos viviendo los peores momentos, especialmente en una vía tan transitada de Los Ríos.
Toda la carga que va de Quito a Guayaquil y viceversa pasa por aquí, es la ruta obligatoria de todos.
¿Cuál es la extensión del eje vial de Quevedo que tiene este problema de delincuencia?
Son aproximadamente 140 kilómetros y de terror. Esta vía, para que sea transitable, tenemos un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas por un año y vamos cuatro dándole mantenimiento.
Se firmó en 2020, pero vamos para cuatro años ya, porque para nosotros esa vía es vital.
¿Cuánto les ha costado ese mantenimiento?
Aproximadamente unos USD 6 millones en tres años. Una parte, USD 4,7 millones, la puso el Gobierno, pero seguimos invirtiendo fuera del convenio con los riesgos que representa para los organismos de control, que no ven la necesidad, sino el cumplimiento de la norma.
Pero lo seguimos haciendo porque es importante. En temas de seguridad, hice un planteamiento al Gobierno anterior de entregarles camionetas y no las querían recibir, porque son así, el ego, la arrogancia, viven en otro mundo.
Ya tenía 10 camionetas equipadas para entregarlas a la Policía, pero el exministro (del Interior), Juan Zapata, no llegaba y le mandé a decir que si no venía a recibir las camionetas, iba a poner un letreo afuera del cuartel de Quevedo con su foto y la leyenda ‘Se busca’.
Ahí me mandó a un viceministro. Para que tenga una idea, yo entrego por año a los estudiantes de tercero de bachillerato 12.000 laptops. Compré HP, me las vendieron en USD 286 haciendo una concesión increíble.
Este año, la ministra (María Brown) no quiso firmar el convenio. Es ver la perversidad con la que manejaron las cosas, yo no hago, ni dejo hacer.
¿Y qué uso les ha dado la Policía a esas 40 camionetas?
Son los únicos carros que ruedan en la provincia de Los Ríos. Los de la Policía tienen entre 10 y 15 años sin mantenimiento. Los que ven con todo pintaditos, están podridos por dentro. Queremos que ya se defina quién será el gobernador.
¿Se ha reunido con el comandante de la zona para tratar el tema?
He conversado con los oficiales y comandantes de la zona, a los que también cambian permanentemente, y ellos están decididos a todo, pero quieren garantías políticas y legales. Esa es la realidad que vivimos en una provincia de ganaderos, finqueros, de comerciantes.
No hemos sido una provincia violenta, pero hoy en día la gente ya sabe cómo defenderse. Hemos estado a la deriva, se cierran negocios, hay gente que ya ni siquiera viaja a sus fincas, ya no quieren invertir.
¿Cuál es efecto económico de la inseguridad en Los Ríos?
No podría darle datos, porque no manejo esa estadística. No ha credibilidad en el INEC. Lo que le puedo decir es que en exportaciones de nuestros productos (banano, cacao, entre otros) estamos sobre los USD 2.500 millones al año.
Podríamos estar sobre este rubro, pero un contenedor de banano tiene que ir custodiado, el que entrega los insumos también y en el ambiente internacional eso nos hace menos competitivos.
Nos cuesta más el transporte porque ese contenedor va con mucho riesgo y en carreteras malas se demora más tiempo, las fincas tienen que contratar seguridad, USD 3.000 o USD 4.000 más, y eso no garantiza nada.
El trabajador, temeroso, porque les roban hasta al más humilde, le quitan sus botas, celulares, las motos, los golpean. Hasta los caballos se llevan para convertirlos en carne. Si sumamos todo esto, hay mucho dinero en juego.
Hay tierras que están migrando a nuevos nichos de mercados agrícolas.
Tenemos un repunte en balsa, en cacao, en palma africana, que están sembrando mucho, porque si bien no produce lo mismo que el banano, al menos las siembran y les dan dos limpiezas, una fertilización al año y no necesita mucha gente.
Las empresas que tienen que producir para dar insumos a estas actividades también están cerrando porque la situación es difícil. No hay cómo enfrentarse a los violentos.
¿Hasta dónde puede llegar la Prefectura para intervenir en seguridad?
Seguir mejorando las vías y alternativas de transporte, mejorar los puntos de Internet para que haya más conectividad. En iluminación tendría que llegar a un acuerdo con CNEL para poder invertir, estoy construyendo Unidades de Policía Comunitarias (UPC).
¿UPC en el eje vial de Quevedo?
En los ejes viales no he tenido cómo hacerlo porque todo el trazado pertenece a Obras Públicas, ahora tengo esa competencia y estoy tratando de mostrarle al Gobierno que nos cansamos de esperar.
Y como nunca lo hizo, siempre fueron contrataciones fallidas e irregulares, asumimos las responsabilidades.
¿La Prefectura de Los Ríos ya tiene la competencia vial?
La tengo desde aproximadamente un mes, pero fue dada en 2020, mediante un acuerdo con el gobierno de Lenín Moreno. Yo era parte de la comisión para la contratación de la concesión y si no se daba, esa competencia pasaba a manos de la Prefectura.
Eso ya se perfeccionó. Llegó el nuevo presidente y derogó los decretos de Guillermo Lasso, pero tenemos ya todo un trabajo hecho.
No era lo mismo que el Quinto Puente, que no había nada detrás, nosotros tenemos toda la información de cómo va a ser el proceso de concesión, en la parte legal, técnica y económica. Eso ya está firmado.
¿Y ahora qué van a hacer en las vías, luego de recibir la concesión?
Esta vía es de fuerte repago, más allá de que el Gobierno no nos quiso dar un centavo como contraparte, pero estamos cansados de que nadie haga nada por la provincia.
En la Ley de Urgencia Económica (enviada por Noboa a la Asamblea) dicen que invertirán USD 9.000 millones en carreteras, pero solo 10 kilómetros corresponden a Los Ríos.
¿Usted transita por el eje vial de Quevedo?
Claro, nosotros lo utilizamos muchísimo, pero en todos estos años he ido haciendo carreteras paralelas o mejores alternativas, pero como no he tenido la capacidad porque no tenía la competencia de ampliarla, al menos le saco vehículos.
Si tengo una vía que va de Babahoyo hasta San Juan, ya por ahí saco 1.800 carros.
Entonces hay alternativas viales para obviar el eje de Quevedo.
Sí, son carreteras asfaltadas. Hay varias opciones, unas que son paralelas, ahora tengo otra alternativa por Baba, Guare, salimos a Vinces y vamos a Mocache, por donde puede conectarse hacia Quevedo, Valencia o Buena Fe.
La gente puede decir que son cinco o 10 minutos más (de viaje), pero es una alternativa que puede evitar robos, secuestros o accidentes.
¿Por qué las bandas criminales se tomaron ese eje vial?
Es que no es solamente el eje vial. Hay unas zonas peligrosas como en la que se hacen los convoyes en el anillo vial de Quevedo.
Es una vía de cuatro carriles, pero en ese tramo no hay viviendas alrededor, porque es nueva y se hizo sobre grandes cultivos de banano y palma africana.
El problema es que ya no hay respeto, no hay investigación, ni garantías para la Policía. El terror, el miedo, todo eso se suma. Es impredecible dónde lo hacen. El 13 de diciembre estuve en los 28 años de fundación de Valencia.
Ese cantón, que está muy pegado a la cordillera, a 10 minutos de La Maná, se mantenía tranquilo, pero tres días antes de mi llegada tenían a 20 personas secuestradas. Eso nos está sucediendo.
¿Qué opciones existen para resolver este problema?
En esto deben estar todos los actores, si no corregimos a los operadores de justicia, no se soluciona nada. Lo vergonzoso es que el presidente del principal organismo rector de la justicia (Wilman Terán) está detenido (por el caso Metástasis).
Con información de Primicias
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