La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para segundo debate del proyecto del ley económica urgente enviada por Daniel Noboa. En este nuevo documento se establece que el Presidente, asambleístas y sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad no se podrán acoger a la remisión de multas e intereses con el Servicio de Rentas Internas (SRI).
La mesa legislativa se reunió este 15 de diciembre del 2023 y aprobó por unanimidad el documento del proyecto de Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. En el segundo informe se recogieron las observaciones de los asambleístas, entre ellas la prohibición para que esta ley beneficie al primer mandatario, asambleístas y su familiares, y pago de impuestos a las empresas de pronósticos deportivos.
Una vez superado este paso se deberá presentar el segundo y último informe del proyecto, que luego tendrá que ir a votación en el pleno de la Asamblea. La sesión legislativa podría realizarse el martes 19 de diciembre del 2023.
En el documento enviado por Noboa se establecía una condonación o amnistía tributaria para enfrentar la escasa liquidez del Gobierno. Con ello, el SRI no cobraría los intereses, multas y recargos a cambio de que los deudores paguen el capital vencido.
En la lista de los contribuyentes con deudas más grandes se encuentra en la cima la Exportadora Bananera Noboa. Por esta razón se había cuestionado el conflicto de intereses del proyecto.
El proyecto de ley propone que el reperfilamiento de la deuda pública tenga un plazo máximo, que se fije una tasa de interés y que esos valores no tenga periodo de gracias. Además, fija una multa de hasta 30 salarios básicos unificados a los contribuyentes que no entreguen comprobantes de pago.
También en esta normativa se plantean incentivos como una exoneración al pago del Impuesto a la Renta por siete años en las zonas francas, para el sector del turismo e incluso una deducción del 150% de este tributo para quienes donen equipamiento para la Policía Nacional.
El incentivo para quienes contraten a jóvenes, deudores de pensiones alimenticias y personas que han salido de cárcel.
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