Nueva Asamblea tiene pendiente tres juicios políticos vitales para Lasso y el correísmo

sábado, noviembre 18, 2023

La primera mayoría en el Congreso del Ecuador está conformada por la Revolución Ciudadana, que ya ha advertido su intención de enjuiciar a la Fiscal General

Tiempo de lectura: 6 minutos

 

Seis meses después de que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretara la disolución cruzada, cesara al Legislativo y convocara a elecciones extraordinarias, el Congreso ecuatoriano volvió a funcionar este 17 de noviembre.

En la sesión inaugural, los 137 legisladores votaron por las autoridades. Como se anunció, la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) del presidente electo Daniel Noboa se coaligó con la bancada correísta Revolución Ciudadana (RC) y con los asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC). Con esa mayoría, Henry Kronfle del PSC asumió como presidente la Legislatura, mientras que las dos vicepresidencias fueron delegadas a Viviana Veloz, de Revolución Ciudadana, y a Eckenner Recalde de ADN. Esas tres autoridades formarán parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL) junto con cuatro vocales: uno de RC, uno del PSC uno de ADN y uno que correspondería a Construye, el movimiento que impulsó al asesinado Fernando Villavicencio, aunque aún está por definirse.

En ese contexto, el CAL, el órgano con mayor autoridad en el congreso, tendrá una mayoría que podría favorecer a los intereses del oficialismo, del PSC y del correísmo. El Consejo de Administración Legislativa es clave para impulsar o detener juicios políticos.

Para iniciar un juicio político, los proponentes deben iniciar el trámite reuniendo 35 firmas de respaldo. La propuesta entonces se envía al CAL, allí se resuelve si es procedente y, de ser así, se envía a la Comisión de Fiscalización. En esa comisión legislativa se elabora un informe no vinculante que recomienda continuar o archivar el juicio político. Finalmente, el trámite llega al pleno donde se realiza la presentación de argumentos, la defensa del juzgado, el debate de los legisladores y la votación para resolver la sanción que puede incluir la destitución y censura del cargo. Salvo algunas excepcionalidades establecidas en la Constitución, para destituir a un funcionario, que no sea ministro o secretario de Estado, se necesita una mayoría absoluta, es decir 70 votos.

El Congreso ecuatoriano tiene dos funciones: legislar y fiscalizar. En esta última ingresan los juicios políticos como una forma de fiscalización. No obstante, la realidad ha demostrado que en la cancha política, el enjuiciamiento en el congreso depende de la voluntad de los legisladores más que de los argumentos. Al final, todo es cuestión de votos.

La Asamblea Nacional, que estará en funciones hasta mayo de 2025, deberá conocer al menos tres juicios políticos que han sido anunciados: el que quedó inconcluso en contra del presidente Guillermo Lasso, el propuesto por RC en contra de la Fiscal General y el que Construye impulsará en contra de dos vocales del Consejo de la Judicatura.

El congreso aún puede destituir a Guillermo Lasso

Aunque el 23 de noviembre de este año se celebrará el cambio de mando entre Guillermo Lasso y Daniel Noboa, en estos últimos días de mandato de Lasso, los asambleístas podrían reinstalar la sesión y votar para destituirlo y censurarlo, impidiéndole ocupar cargos políticos en el futuro.

Sobre esto, Pierina Correa, legisladora de la RC y hermana del ex presidente Rafael Correa, contó a Infobae que la Asamblea Nacional deberá tratar el juicio político a Lasso aunque indicó que por el tiempo no podrían destituirlo. Esto, según la asambleísta, sucede porque el hemiciclo donde los legisladores se reúnen estará inhabilitado por los preparativos para la ceremonia de asunción de Noboa. A pesar de la explicación de Correa, si los legisladores optaran por destituir a Lasso, sí podrían hacerlo pues la Constitución y la Ley de la Función Legislativa los habilita para reunirse excepcionalmente en otro lugar que no sea la sede del Legislativo.

El segundo inciso del artículo 118 de la Constitución del Ecuador indica que “excepcionalmente (la Asamblea Nacional) podrá reunirse en cualquier parte del territorio nacional”. En concordancia, el artículo 5 de la Ley del Legislativo señala: “De manera excepcional, se reunirá en cualquier parte del territorio nacional o a través de medios telemáticos por convocatoria de la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional o por solicitud de las dos terceras partes de sus integrantes, en cuyo caso la convocatoria se realizará en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde la presentación de la solicitud”.

En caso de que esto sucediera, no sería la primera vez en la que los legisladores se reúnen para tratar temas decisivos fuera de la sede del congreso. En el 2005, durante las protestas en contra del entonces presidente y ahora legislador, Lucio Gutierrez; los diputados instalaron una sesión en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (Ciespal) donde resolvieron la destitución de Gutiérrez bajo la causal de “abandono del cargo”. En ese mismo edificio académico, Cynthia Viteri, diputada del Partido Social Cristiano y entonces vicepresidenta del congreso, posesionó al vicepresidente de Gutiérrez, Alfredo Palacio, como Presidente.

Si los legisladores no consiguen reunirse y reinstalar la sesión referente al juicio político de Guillermo Lasso antes de que este deje el cargo; lo harán una vez que Noboa haya asumido la Presidencia. En ese escenario, la sanción en contra de Lasso no incluiría la destitución, pero sí la censura para inhabilitarlo políticamente.

El juicio político a la Fiscal General

El partido de Rafael Correa, sus voceros y el propio ex presidente han dejado claro que desde la Asamblea Nacional impulsarán el juicio político en contra de la Fiscal General, Diana Salazar. La funcionaria llevó los casos por los que Correa y otros miembros de su gobierno fueron sentenciados. El correísmo ha sostenido que las causas por los que fueron condenados sus líderes fueron parte de una persecución política en su contra.

La mañana del 17 de noviembre, antes de que se instalara la primera sesión del nuevo legislativo, la asambleísta de RC, Mónica Palacios dijo que en el movimiento están “trabajando principalmente sobre el juicio político a la Fiscal General”.

Para iniciar el juicio político en contra de Salazar, el correísmo necesita 35 firmas. Como su bancada está conformado por 51 miembros, ese primer paso lo tienen asegurado. Al llegar al trámite al CAL y considerando su conformación pueden existir dos escenarios: en el primero se mantiene la alianza ADN, RC y PSC y el trámite de juicio político es enviado a la Comisión de Fiscalización. En el segundo escenario, el trámite se desestima en el CAL.

En caso de superar el filtro del Consejo de la Administración Legislativa, de llegar a la Comisión de Fiscalización y ser conocida por el pleno, el correísmo deberá conseguir 20 votos para destituir a Diana Salazar.

A pesar de que ADN y el PSC han asegurado que sus bancadas no apoyarán ese juicio político, esto no significa un obstáculo para la RC, pues entre ADN y el PSC suman 43 votos. Considerando que la Asamblea tiene 137 legisladores, la Revolución Ciudadana tendría que buscar entre los 43 legisladores restantes a 20 que los apoye. Si la fiscal Salazar no está, algunos recursos a favor de la revisión de casos en los que el expresidente Correa está vinculado podrían proceder.

El juicio político a dos vocales de la Judicatura

El Consejo de la Judicatura del Ecuador ha sido fuertemente cuestionado por irregularidades en la extensión del periodo a ciertos jueces nacionales, por el actual concurso de renovación parcial de magistrados de la Corte Nacional de Justicia, entre otros. Incluso su presidente Wilman Terán y uno de los vocales, Xavier Muñoz, son procesados por obstrucción a la justicia junto a otros dos ex vocales de la misma entidad.

A pesar de esos antecedentes, Terán y Muñoz conforman ahora una mayoría dentro de la Judicatura, pues solo hay tres vocales activos. Fue es mayoría la que extendió el periodo de tres jueces nacionales que debían ser renovados. Se trata de los magistrados Byron Guillén, Luis Rivera y Felipe Córdova; quienes revisarán la sentencia en contra de 20 personas por supuesto cohecho obtenida en el caso Sobornos 2012-2016. Entre los condenados de ese caso se encuentra Rafael Correa y otros personajes de su partido.

La revisión de la sentencia fue admitida a trámite en agosto de este año por los recursos planteados por Ramiro Galarza y Alberto Hidalgo, dos de los 10 empresarios sentenciados en ese caso. Lo que resuelvan los jueces prorrogados en sus funciones podría favorecer a Correa. La estrategia sería simular la historia del presidente de Brasil, Lula da Silva, pero en Ecuador.

El movimiento Construye ha asegurado que su bancada en el legislativo intentará enjuiciar políticamente a Terán. Algunos actores de la opinión pública se han referido a este proceso, como el periodista Martín Pallares que ha asegurado en una de sus columnas que: “lo último que querrán hacer correístas y socialcristianos juntos con ADN de Noboa será sacar de esa podredumbre de judicatura a Terán y Muñoz. Ese par de truhanes son los dos alfiles que tienen en plena acción para conseguir el asalto final a la Corte Nacional de Justicia y a los tribunales del país. Para lo que sí estarán en primera fila y afiladitos estos del eventual acuerdo es para sacar de su despacho a la fiscal Diana Salazar, una ficha que para ellos es indispensable eliminar para que funcionen ciertos recursos a favor de los sentenciados por corrupción como Rafael Correa”.

En caso de que el juicio político contra los mencionados vocales prosperara, estos podrían ser destituidos y reemplazados. Quienes los reemplacen podrían dejar sin efecto la prórroga de funciones de los tres jueces mencionados y el recurso de revisión de la sentencia de Correa y otros sería conocida por otros magistrados. Sin embargo, que esto se efectúe es difícil pues en la Asamblea Nacional no hay la voluntad política para que ocurra.

Aunque Construye lograra obtener 35 firmas para iniciar con el trámite, al llegar al CAL con apenas una vocalía, el proceso podría desestimarse. Si ADN, el PSC y RC se mantienen juntos y en un escenario, casi imposible, de que el trámite superara el filtro del CAL, luego de pasar por la Comisión de Fiscalización y al llegar al pleno, Construye no tendría, por sí mismo los votos necesarios. Necesitarán 70 y ellos apenas son 19.

 

Con información de Infobae