Sortilegios de la democracia

Entre las virtudes que suelen reconocerse en la democracia está la constancia. Se convoca a elecciones, se elige, se administra el fracaso y luego el sistema está listo para convocar a nuevos comicios. Este fervor es la primera identificación y se diferencia de la dictadura, en la que la esperanza está suprimida.

En Ecuador, desde el retorno a la democracia, se han vivido los acontecimientos más críticos y extraños, y la inestabilidad ha sido la regla. Esto ha sido posible porque la estructura constitucional generalmente no permite que un presidente de la República, elegido para gobernar, pueda hacerlo sin que la oposición en la función legislativa bloquee el ejercicio del poder. Por tanto, se negocia con suerte, o los mandatarios pueden ser víctimas de juicios políticos de toda índole, aceptar los chantajes o utilizar el recurso de la muerte cruzada, que es, como se ha visto, de dudosa efectividad.

Con estos antecedentes, en el escenario electoral de estas semanas es muy importante que los candidatos clasificados abandonen los mensajes genéricos y de buena voluntad y aterricen sus propuestas buscando una adición que trascienda las campañas hacia el ejercicio del poder. Es hora de la concreción, del aquí y del ahora. La democracia, y por ende, el pueblo, deben saber de manera precisa lo que se piensa, por ejemplo, de la fiscalía general, de la tumultuosa etapa que vive el Consejo de Participación Ciudadana y, en un ámbito más amplio pero urgente, explicar cómo van a enfrentar desde el ejecutivo la grave situación que atraviesa la administración de justicia.

Ojalá que el nuevo gobierno, para estos difíciles y delicados asuntos, pueda abordarlos en el corto período para el que ha sido elegido sin perder los instrumentos necesarios para mantener la gobernabilidad. Deben considerar que el próximo ejecutivo y legislativo tienen la posibilidad de utilizar el recurso de las enmiendas para reformar la constitución. Es un recurso en el que no se alteren los principios básicos de la organización estatal ni se afecten los derechos garantizados. Lo podrán realizar las tres cuartas partes de los legisladores y su ratificación un año; es decir, tiempo existe.