La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos mostró su preocupación por las «múltiples violaciones y abusos» a los que se enfrentan los migrantes que atraviesan el Tapón del Darién, una densa selva tropical que une América del Sur con Centroamérica y lugar de paso para muchas personas que tratan de llegar a EE.UU. y Canadá.
«Los migrantes están expuestos a múltiples violaciones y abusos de los derechos humanos durante su viaje, incluida la violencia sexual, que supone un riesgo especial para los niños, las mujeres, las personas del colectivo LGBTI y las personas con discapacidad», indicó en rueda de prensa la portavoz de la oficina de la ONU Marta Hurtado.
Entre estas violaciones, Hurtado destacó que la población migrante es víctima de asesinatos, desapariciones, trata de personas, robos, así como intimidación por parte de grupos del crimen organizado.
Aumento migratorio
En lo que va de 2023, más de 330.000 personas ya han cruzado esta región montañosa de 575.000 hectáreas entre Colombia y Panamá, la cifra anual más alta registrada hasta la fecha, frente a las 248.000 personas que lo hicieron en 2022.
«Los migrantes caminan una media de entre cuatro y siete días en el caso de los meses de sequía, aunque esta cifra aumenta hasta los diez durante los nueve meses que dura la estación de lluvia en la región», dijo la portavoz.
Ante este incremento migratorio, el Gobierno de Panamá, con la ayuda de la comunidad internacional, ha construido dos centros de recepción de personas en la provincia de Darién y uno en la frontera con Costa Rica para proporcionar refugio, alimentos, atención sanitaria, agua y saneamiento.
Sin embargo, según la portavoz, la asistencia humanitaria tanto en Panamá como en Costa Rica sigue siendo «limitada» para hacer frente a este éxodo, algo que «empeora las precarias condiciones de vida» y «aumenta la vulnerabilidad de las personas».
Por ello, la oficina de Naciones Unidas instó a la comunidad internacional a seguir fortaleciendo sus apoyos y pidió a ambos países que aborden los «factores estructurales» que obligan a estas personas a abandonar sus hogares y emprender estos viajes en busca de una vida «más digna y segura» para ellos y sus familias. EFE
La situación en México
El Servicio Jesuita a Refugiados (JSR, por sus siglas en inglés) documentó la llegada de más de 124.000 migrantes en la primera mitad del año para buscar asilo en la frontera sur de México, donde están saturadas las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
Karen Pérez, coordinadora del JSR en Tapachula, en el límite de México con Guatemala, indicó que en los últimos 60 días han notado un incremento aún mayor del flujo de personas, ya que han percibido que ingresan de 3.000 a 5.000 personas al día, quienes viven en la calle o hacinados.
La situación en la frontera sur refleja los datos de la Comar, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), que recibió casi 75.000 solicitudes de asilo en el primer semestre del año y espera cerrar 2023 con una cifra inédita de 150.000.
México vive un repunte del flujo migratorio tras la caída inicial que provocó en mayo pasado la expiración del Título 42 de Estados Unidos.
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