En el quinto intento, el juez de la Corte Nacional, Walter Macías, instaló, este 27 de septiembre de 2023, la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en contra de Juan José Morillo y Maribel Barreno, vocales del Consejo de la Judicatura, y Vladimir Jhayya, juez de la Corte de Pichincha, por presunto tráfico de influencias
En la audiencia la Fiscalía presentó su acusación formal. El juez Macías determinó que en la primera parte de la diligencia se escucharan los pedidos de nulidad por parte de las defensas de los procesados. Ellos tuvieron la posibilidad de alegar la existencia de posibles vicios en el proceso de investigación.
Julio Vasco, defensor de Morillo, pidió la nulidad del caso por violación al debido proceso y a la defensa de su cliente. Asegura que la Fiscalía cerró el expediente antes de los 80 días del plazo de la instrucción fiscal. Sin embargo, aclaró que si bien las leyes permiten a la Fiscalía la terminación anticipada del periodo de investigación, la misma norma prohíbe hacerlo cuando están pendientes pericias.
Vasco sostiene que estaban pendientes dos pedidos: una pericia a la grabación para determinar si es que fue manipulada o editada y la versión de Virgilio Saquicela, expresidente de la Asamblea.
Cristopher Gallegos, abogado de Barreno, pidió también la nulidad por el cierre anticipado de la instrucción pese a que había pedidos pendientes. Además, alegó la nulidad del caso porque en la audiencia en la que se recibió el testimonio anticipado de la jueza no hubo la presencia de la defensa particular de la vocal.
La Fiscalía dio respuesta a los argumentos de la defensa y sostuvo que no hubo vicios de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso.
Además, la fiscal Diana Salazar aseguró que no existen incumplimientos procesales que hayan derivado en indefensión de los encausados y solicitó que se declare la validez de todo lo actuado.
Tras escuchar los pedidos de nulidad y los argumentos de Fiscalía, el juez Macías suspendió la audiencia para analizar los argumentos y tomar una decisión. El magistrado deberá decidir si acoge la acusación y envía a juicio a los procesados.
Si eso ocurre, el Código Orgánico de la Función Judicial establece que los tres procesados quedarían inhabilitados temporalmente para ejercer un cargo judicial. Esa prohibición se levantaría únicamente si su inocencia se ratifica en el juicio.
Morillo, Barreno y Jhayya son acusados de tráfico de influencias y señalados por una supuesta presión a jueces de la Corte de Pichincha, en el tratamiento de una acción de protección interpuesta por la exasambleísta Guadalupe Llori para recuperar la presidencia de la Asamblea Nacional.
En la formulación de cargos, el pasado 7 de junio, Fiscalía presentó 41 elementos de convicción, entre ellos el testimonio anticipado de la Jueza de Pichincha que grabó la reunión entre los implicados en la que se habría hablado de una acción de protección interpuesta por Llori para mantenerse en el cargo.
La investigación de este caso inició en junio de 2022 luego de que un exasambleísta y un abogado denunciaron el hecho.
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