El ataque armado en el Puerto Pesquero esmeraldeño revela la práctica de la supuesta seguridad que han infundado las bandas delictivas, al sector productivo de la provincia de Esmeraldas.
Los pescadores de las bodegas mantenían una protección de una banda delictiva, que los blindaba de las amenazas de otros grupos armados, según las investigaciones.
No solo a ellos. Empresas, pequeños comercios y dueños de distintos negocios también se han visto forzados a acceder a esa supuesta seguridad de bandas delictivas en Esmeraldas.
Algunos dueños de negocios confiesan que los han doblegado a pagar las vacunas para trabajar con poca holgura, para no cerrar o para evitarse problemas.
Los grupos armados obligan a los propietarios de esos establecimientos a pagar altas sumas de dinero. En las denuncias se precisan montos de entre USD 10 000 y USD 30 000.
Todo empieza con una presión progresiva mediante un mensaje de WhatsApp, una llamada y luego escala a un escrito a mano alzada en hoja volante; finalmente perpetran un atentado armado o con bombas si no pagan la vacuna.
La Cámara de Comercio de la provincia ya no sabe ni cuántos de sus socios han sido extorsionados. No se atreven a dar datos porque muchos callan, otros han pagado la vacuna y otra parte prefirió cerrar sus negocios e irse a otras ciudades, cuentan sus directivos.
Quizás el dato más próximo para entender la dinámica comercial actual es el catastro del Servicio de Rentas Internas (SRI).
Según sus estadísticas, en la provincia hay 209 194 RUC activos. Mientras que 4 974 RUC han sido suspendidos o cerrados entre enero y marzo 2023.
Figuran entre los inactivos, actividades como la agricultura, ganadería, pesca, comercios al por mayor y menor, mecánicas de autos y motos, constructoras y empresas dedicadas al transporte y almacenamiento de productos.
El ataque armado en el Puerto Pesquero está relacionado con la supuesta seguridad que dan bandas delictivas en Esmeraldas. El ministro del Interior, Juan Zapata, explicó los indicios tras las primeras horas del ataque.
“Los pescadores, de acuerdo a las versiones de fuentes humanas que hemos tenido, prefirieron la seguridad de un GDO (Grupo Delictivo Organizado) y en represalia de esto, obviamente, el otro GDO genera este tema”. Zapata además señaló que otro indicio es el enfrentamiento entre bandas y lucha por territorios.
Investigadores dicen que la inseguridad causada por bandas delictivas ha incidido en robos de motos, de embarcaciones, a personas, a domicilios, a unidades económicas, estafas, hurtos, receptación y abigeato, en la provincia de Esmeraldas.
Entre enero y marzo de 2023 fueron reportados 787 de estos nueve delitos, que representaron un 89% de los denunciados en ese trimestre. En 2022, en cambio, se registraron 834 de estos delitos, un 85% de todos los contabilizados.
En las calles es común escuchar que no hay quien se escape de una vacuna a cambio de la supuesta seguridad de las bandas delictivas Esmeraldas. “Aquí todos han sido visitados por motorizados encapuchados”, es la queja frecuente.
La organización Los Patones, facción delincuencial aliada a Los Gánster y a Los Choneros controla el norte de la ciudad.
Es una franja que incluye a los barrios de la ribera del río Esmeraldas, pasando por los sectores Bellavista, Santa Marta, Colectiva y El Arenal. Por esa zona está la conexión con el Puerto Pesquero y Puerto Internacional Comercial.
Investigadores dicen que son Los Patones los que dan seguridad a los pescadores y extorsionan con vacunas a los habitantes de esa zona. Incluso algunos de sus miembros tienen negocios en el puerto.
Con información de El Comercio
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