El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) designó a Juan Carlos Larrea para presidir la Procuraduría General del Estado (PGE). Así lo resolvió este 20 de octubre tras una sesión con cruces de palabras.
Juan Enmanuel Izquierdo Intriago, Yolanda Narciza de Jesús Salgado Guerrón y Juan Carlos Larrea Valencia, provenientes de una terna del Ejecutivo, presentaron sus planes de trabajo ante el Pleno. Larrea resultó designado.
Planes de trabajo
Antes de escuchar las exposiciones, Ulloa y Rosero protagonizaron acusaciones mutuas a raíz de una resolución que aprobó la mayoría del Cpccs para consultar a la Procuraduría sobre el alcance del artículo 108 del Código de la Democracia.
Allí se indica que los candidatos calificados no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados ni enjuiciados, salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales, violencia de género e intrafamiliar. Los cuatro consejeros de mayoría enfrentan un juicio político en la Asamblea Nacional, pero van por la reelección en el Cpccs.
El primero en exponer fue Juan Izquierdo. Antes, Ulloa le pidió que responda si ha recibido alguna presión de algún consejero para tomar resoluciones antes, durante o después de ser designado como Procurador, en caso de ser elegido.
El postulante respondió que desconocía esa resolución y aseguró que desde que funge como funcionario en la Procuraduría ha obrado dentro de los parámetros legales. Desde el 2019 hasta la actualidad se desempeña como director Regional 1 de la institución.
Uno de los objetivos de su plan de trabajo es incrementar la efectividad en la defensa del Estado ecuatoriano. También señaló que se requiere depurar la base de datos sobre los juicios, establecer protocolos y acuerdos de cooperación internacional para proteger los intereses del Estado.
La postulante Salgado, en su turno, dijo que su misión sería representar al Estado y asegurar la legalidad de los actos y contratos públicos, para precautelar el bien público y contribuir a la seguridad jurídica en el Ecuador. Entre sus objetivos constaba incrementar habilidades y destrezas del talento humano de la Procuraduría.
Larrea, por su lado, expuso que una de sus ideas es establecer un sistema de alerta temprana mediante un software, en coordinación con el Servicio Nacional de Contratación Pública, para que se codifiquen los ítems de compras públicas. Con el fin de que cada ocasión que se solicite una compra, el software genere automáticamente tres cotizaciones tomadas de proveedores internacionales, como punto de referencia.
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