¿Consulta ciudadana o examen de popularidad?

lunes, septiembre 26, 2022

El éxito o el fracaso de cualquier proceso electoral depende de las decisiones que los ciudadanos tomamos en las urnas, así como del cumplimiento de las autoridades de la voluntad popular

Tiempo de lectura: 7 minutos

 

Las ocho preguntas que constarán en la consulta ciudadana, prevista para el próximo año, plantean reformas constitucionales relacionadas con el combate a la inseguridad, la calidad de la institucionalidad, especialmente de la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (PSC), además de otras políticas ambientales.

Pero, ¿son realmente estos temas los cambios que permitirán alcanzar la seguridad ciudadana, la institucionalidad democrática y la participación política que se busca?

Esta consulta no es una solución a corto plazo, por los precedentes de 2011 y 2018, el país necesita soluciones inmediatas, con recursos económicos que sean destinados para salud, educación y seguridad ciudadana. Es evidente la falta de policías y de dotación de equipos y entrenamiento de las fuerzas del orden, lo que ha dado paso a que en muchos sectores los ciudadanos sean presas de bandas delictivas y víctimas de extorsión.

Además hay temáticas no incluidas en las preguntas y que son constante clamor ciudadano a través de las noticias, como uso de armas de fuego, medidas sustitutivas para detenidos, recuperación de recursos sustraídos en casos de corrupción, administración del IESS, acumulación de penas para delitos de conmoción social, reactivación económica, oportunidades laborales para jóvenes y adultos, etc.

Sin embargo, se corre el riesgo de que se confunda esta consulta popular, con un examen de popularidad, de aprobación o negativa hacia el régimen del presidente Guillermo Lasso y, por ello, es vital que el gobierno socialice, guíe y eduque sobre el contenido de cada una de las preguntas; de lo contrario, se repetirá lo que ocurrió en el referéndum de Chile dónde los ciudadanos no se enfocaron tanto en la propuesta constitucional, sino que se guiaron por sus posiciones ideológicas y la simpatía o no hacia el presidente chileno.

Es importante diferenciar la discusión a nivel político y la discusión entre la población en general. Uno de las preguntas que podría causar conflicto en la colectividad es la primera: ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, enmendando la Constitución de conformidad con lo previsto en el anexo 1?

La intervención de las Fuerzas Armadas de forma complementaria a la labor de la Policía ha sido un argumento usado por el gobierno, a propósito de los motines en varias cárceles del país. Al momento, las FFAA se encargan de la defensa de las fronteras ante agresión externa, con un impedimento para actuar en casos dentro de las fronteras. Esto en cumplimiento de estándares constitucionales y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a que en las décadas de 1980 y 1990, se sancionó al Estado ecuatoriano por exceso de uso de fuerza de los militares, en asuntos de seguridad interna.

Una de las alternativas en caso de que esta pregunta no sea aprobada es la creación de una policía militar como en Brasil o Italia. Se trata de elementos dentro del ámbito civil y con entrenamiento militar, que no están sujetos a las Fuerzas Armadas y son una fuerza especial destinada a la seguridad interna en apoyo a la Policía Nacional.

Esta clase de preguntas no pueden ser sometidas a la votación de los ciudadanos porque deriva en populismo, con el riesgo de otorgar demasiado poder a las Fuerzas Armadas, que si bien es cierto hacen una buena labor de manera externa, también han estado involucradas en escándalos de corrupción como el caso de “Don Naza”, donde aún no se determina su grado de participación.

La pregunta sobre permitir la extradición de ecuatorianos pedidos en extradición por causa de “crimen organizado transnacional”, sería para debatir en la Corte Constitucional si el mecanismo para efectuar este cambio; mas no por el fondo de si permite o no esta posibilidad. El cambio puede ser por medio de una consulta popular o a través de la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Esta medida no iría en contra de cualquier delincuente que atente contra los ciudadanos en la calle, sino para casos de relevancia internacional, donde ecuatorianos cometan delitos en el extranjero o los efectos de sus actos ilícitos sean en el extranjero (Ej.: tráfico de drogas, trata de personas, delitos informáticos, lavado de activos, etc.) y sean solicitados en extradición por la justicia de otro país; no que Ecuador envíe a cárceles extranjeras a delincuentes que sólo hayan cometido delitos dentro del país.

A nivel político el tema que causa más polémica sería:  ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e implementar procesos que garanticen meritocracia, escrutinio público, colaboración y control de diferentes instituciones, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS y a sus consejeros, enmendando la Constitución de acuerdo al anexo 6?

Antes de la Constitución de 2008 hubo muchos conflictos en la Asamblea Nacional por los pactos para el nombramiento de ciertas autoridades de control. Ahora este problema se traslada a otra institución (CPCCS), con distintos personajes que, aparentemente, no son miembros de partidos políticos, pero que responden a intereses de uno u otro gobierno.

Siempre que no se elimine este organismo se calificaría como constitucional la pregunta, pero no se resolvería el problema de fondo, porque en caso de que en la Asamblea Nacional exista una mayoría gobiernista, esta designaría sin problemas a todas las autoridades de control. Y el actual Gobierno no tiene mayoría en la Asamblea, reflejándose en las pugnas para juicios políticos y aprobación de leyes por iniciativa del Ejecutivo.

En la pregunta sobre la reducción del número de asambleístas, se estaría cayendo en una respuesta populista que no solucionaría a largo plazo el problema de la ineficiencia, ignorancia y corrupción de algunos de sus miembros. El problema y solución viene desde los propios partidos y movimientos políticos, quienes designan como candidatos principales a personas poco preparadas académica y moralmente o quienes carecen de poder de decisión y son fácilmente influenciables (por sus jefes de partido o por el mejor postor). Debe garantizarse el filtro de verdaderas elecciones primarias dentro de los partidos y bases políticas cantonales activas, no la designación de caudillos locales que ofrezcan votos. Esta propuesta puede tramitarse a través de una enmienda constitucional dentro de la Asamblea Nacional si se desean ahorrar recursos económicos.

Se relaciona también con la pregunta cinco sobre un número mínimo de afiliados a partidos políticos, esta reforma puede darse en vez de una consulta popular, se puede reformar el Código de la Democracia e incluirlo como enmienda constitucional a través de la Asamblea Nacional. Además que el Consejo Nacional Electoral tiene entre sus atribuciones el control y vigilancia de los partidos y movimientos políticos, a través de la recolección de firmas para su constitución, la auditoría del dinero asignado para las campañas electorales, la convocatoria a elecciones primarias y reuniones anuales con su mínimo de afiliados.

Sobre la tercera pregunta: ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, para que esta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 3? Actualmente, el Consejo de la Judicatura selecciona, evalúa, asciende, capacita y sanciona a fiscales, a pesar de que la Fiscalía es un órgano autónomo.

La Fiscalía ya tiene los mecanismos institucionales para hacer la evaluación de estos elementos y si se crea un órgano paralelo al Consejo de la Judicatura podría constituirse en una duplicidad de funciones. Una vez más, el problema es político, de individuos, no de instituciones.  Esto se presenta por la coyuntura y por el temor de que las actuales autoridades del Consejo de la Judicatura afín al gobierno del ex presidente Rafael Correa posibiliten una eventual anulación de su sentencia para volver a Ecuador.

A ello se suma que, la administración de la justicia y el actual Consejo de la Judicatura han dejado pasar muchos casos de error inexcusable, de corrupción y varios sumarios administrativos no han llegado a un buen fin. Uno de los más claros ejemplos es el caso del juez Juan Paredes, quien emitió la sentencia en el caso de Diario El Universo. Es interesante que teniendo algunas causas en su contra para ser suspendido, recién 11 años después y por un caso que no tenía relación con los actuales, se hizo efectiva la suspensión. Pasaron tantos años en el Consejo de la Judicatura y se muestra que es un problema de personas, más no de mecanismos, para sancionar a los malos jueces y fiscales.

Uno de los problemas del proceso de la consulta es que no ha sido socializada previo a su anuncio oficial. Para la creación de insumos (documentos) que sirvan de sustento a las preguntas; es decir, antes de presentar la propuesta, se debió discutirla con diversos grupos: con las Fuerzas Armadas, con la Fiscalía, con el Consejo de la Judicatura, con familiares de las personas detenidas, con víctimas de la delincuencia; pero en este caso, en este proceso no se ha cumplido con el orden de elaboración: desde el pueblo hacia el gobierno.

Una vez presentada la propuesta se enviará el expediente a la Corte Constitucional, para que éste emita sus observaciones, lo cual incurriría en gasto de tiempo y dinero y, posiblemente, generará impaciencia en la población si la Corte realiza correcciones. Este ida y vuelta podría repercutir en la intención del gobierno de que todas sus preguntas sean aprobadas íntegramente.

La Secretaría Jurídica de la Presidencia ya ha enviado los anexos que apoyen las preguntas a la Corte Constitucional. Un juez ponente de este organismo elaborará un informe borrador que será puesto a discusión por los nueve jueces del pleno. Cada una de las preguntas será aprobada total o parcialmente o en su defecto, denegada en su totalidad.  Si la aprobación es total irá tal cual el texto presentado en la papeleta; si es parcial, la Corte Constitucional recomendaría los cambios que se deben efectuar o incluso definir si es un trámite vía consulta popular, iniciativa legislativa en la Asamblea Nacional para enmienda o vía convocatoria para Asamblea Constituyente.

Una vez enviadas las observaciones al gobierno, deberán ser corregidas y, posteriormente, se daría el dictamen de constitucionalidad. Con esta aprobación constitucional, será el Consejo Nacional Electoral el órgano encargado de la convocatoria oficial a la consulta popular. En este caso, no se requiere cumplir con el requisito de presentación de firmas porque es una iniciativa de la Función Ejecutiva, además que se juntan las dos últimas preguntas, la 7 y 8 en materia ambiental que ya fueron previamente aprobadas por la recolección de firmas del grupo “Yasunidos”.

Pregunta 7: ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 7?

 Pregunta 8: ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado, por su apoyo a la generación de servicios ambientales, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 8?

Aún existe una polarización latente entre los seguidores del expresidente Rafael Correa y sus detractores. Es hora de pasar la página, tenemos otros gobernantes y otros problemas, un voto emocional nos ha llevado al fracaso en las últimas generaciones.

Es primordial detenerse a leer las preguntas y buscar asesoría, compartir criterios y discutir. Los adultos mayores pueden apoyarse en sus hijos o en sus nietos, para obtener mayor información a través de plataformas tecnológicas. Los jóvenes deben empaparse de la realidad nacional, estar pendientes de los diversos pronunciamientos de las autoridades o de otros actores sociales. Es nuestro deber cívico acudir a sufragar y elegir lo que mejor nos convenga.

Finalmente, el éxito o el fracaso de cualquier proceso electoral depende de las decisiones que los ciudadanos tomamos en las urnas, así como del cumplimiento de las autoridades de la voluntad popular. Es importante pensar en un voto racional antes de actuar y no dejarse llevar por las emociones.