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Amotinamiento deja muertos y heridos en la cárcel de Turi en Cuenca

domingo, abril 3, 2022
De manera extraoficial se conoce que doce personas murieron y diez más resultaron heridas
Tiempo de lectura: 3 minutos

 

De forma preliminar también se conoce que las autoridades lograron recapturar a 55 privados de la libertad que intentaron fugarse.

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, llegó al ECU-911 de Cuenca para reunirse con las autoridades encargadas de seguridad. Se espera también el arribo del Ministro de Defensa.

Los habitantes de los alrededores del centro penitenciario dicen que escucharon múltiples detonaciones como de disparos y bombas, y sintieron mucho miedo. Algunos salieron de sus casas de forma sigilosa y vieron que todo venía del CRS-Turi.

La Presidencia, a través de un comunicado, informó que 800 miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas fueron movilizados hasta el centro penitenciario para resguardarlo y controlar los hechos de violencia, originados la madrugada de hoy.

Según el reporte oficial, a la 01:30 se activaron los protocolos de seguridad para resguardar la seguridad interna y externa de la cárcel.

A las 04:30 se dispuso la activación del Puesto de Mando Institucional en Cuenca y a las 07:30 de desplazaron los efectivos militares y policiales.  A las 09:00, la Fuerza Aérea desplegó aviones para movilizar a policías.

Las patrullas de la Policía Nacional empezaron a llegar con las luces encendidas. Los internos habrían informado –mediante llamadas telefónicas a sus familiares- lo que estaba ocurriendo y muchos llegaron hasta los exteriores de la cárcel para buscar información y exigir que se controle la situación.

En los exteriores se hablan de la fuga de presos. Ante estos incidentes, desde la Gobernación se informó que se activó el Puesto de Mando Unificado con la participación del ECU-911 Austro, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Además, se ha reforzado la seguridad interna y externa.

A media mañana sobrevolará el helicóptero de la Policía sobre el complejo penitenciario para identificar cómo está la situación. El 23 de febrero del 2021 una masacre al interior de este centro carcelario dejó 34 personas privadas de la libertad asesinadas, la mayoría decapitadas y desmembradas.

A las 03:59 de este 3 de abril de 2022 el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI) informó, que activó los protocolos de seguridad ante “alteraciones” al orden registradas en la cárcel del sur del país.

En su cuenta de Twitter, y sin profundizar en detalles, el SNAI dijo que en el centro de privación de la libertad N.1 de la provincia del Azuay se registraron “alteraciones al orden interno”.

Ante ello, se activaron los protocolos de seguridad y se coordinó la intervención de Policía y las Fuerzas Armadas “para mantener la seguridad interna y externa del centro”, indicó.

De su lado, la Policía indicó que, en coordinación con el SNAI y las Fuerzas Armadas “ha desplegado unidades especializadas, para ejecutar acciones de control ante posibles incidentes” en la mencionada prisión.

Ante los acontecimientos en el centro de privación de la Libertad, el ministro de Gobierno, Patricio Carrillo, señaló que “el Gobierno ejercerá las acciones para contener la irracionalidad y radicalismo dentro de los centros”.


Añadió que el SNAI “no descansará hasta tener una política de dignidad en el sistema de rehabilitación”.

Crisis carcelaria
En marzo pasado, Amnistía Internacional (AI) mencionó en su informe anual que, al finalizar 2020, al menos 316 reos habían muerto en enfrentamientos entre bandas rivales registrados dentro de las cárceles de Ecuador, en varios episodios que sacudieron la conciencia nacional por la crueldad de los asesinatos.

Del total de asesinatos ocurridos en las cárceles ecuatorianas, 79 habían tenido lugar el 26 de febrero de 2021, 119 el 28 de septiembre y 62 entre el 12 y 13 de noviembre, masacres atribuidas por el Gobierno a la disputa entre bandas del narcotráfico, que tendría relación con carteles de la droga de Colombia y México.

“Las muertes ocurrieron en un contexto de hacinamiento, negligencia e inacción a la hora de garantizar los derechos humanos de la población reclusa”, remarcó por su parte Amnistía Internacional.

 

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