La reforma Tributaria y los riesgos para el 2022

lunes, diciembre 6, 2021

Es necesario reducir el gasto en el sector público, la recaudación y las evasiones de impuestos porque mientras no existan correctivos estos problemas continuarán

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Sin duda, el panorama económico del Ecuador al final del 2021 se alivia un poco con la reforma tributaria en marcha aprobada entre gallos y media noche y tal vez bajo una jugada maestra de la vieja política. Es decir, no se sabe si se hizo de forma inocente o tras de ello existe un acuerdo preanunciado entre varios bloques del gobierno.

Esta Ley se aprobó de una manera inédita y, seguramente, detrás de ello existe un diálogo desconocido. Posiblemente, uno de ellos sea dar indultos a los correístas o que la oposición intervenga en diferentes poderes del Estado.

Lo que sí queda claro es que unas 300 mil personas van a pagar las facturas de casi 10 millones de ecuatorianos, lo cual es contradictorio, porque si se busca aumentar los impuestos lo que mejor se puede hacer es ser eficientes en la recaudación.

¿Y qué se ha hecho en esta materia? Absolutamente, nada. Sabemos lo que se paga de impuesto a la renta, el IVA y el ICE, pero también es cierto que muchos agentes económicos alteran los gastos para evadirlos. Vale la pena preguntarse ¿qué pasaría si se mejorará la recaudación tributaria y se fichara a los evasores? Obviamente que los $1 900 millones que entrarán al país en tres años con la Ley podrían incrementarse a unos $4 000 millones, más del doble de lo que genera recargar a las personas de clase media o alta.

Por otro lado, el Gobierno no hace nada para reducir la burocracia, durante el 2019 a 2020 se redujo mucho gasto en subsidios, especialmente la gasolina Súper, Diesel, eco y extra, de enero a octubre más o menos se tendrá un gasto de $800 millones en subsidios; por eso no se entiende si se está cerrando la llave, por un lado, o por otro la que sigue pagando esa falta de experiencia en el manejo de recursos fiscales es la clase media alta, que a la larga se convertirá en evasora, porque entre más ganan más pagan y los otros que ganan, gastan y no pagan, no se toman medidas.

Es necesario reducir el gasto en el sector público, la recaudación y las evasiones de impuestos porque mientras no existan correctivos estos problemas continuarán.  Lo que va a generar en la población es una reducción de sus ingresos extra o tratar de buscar otras formas de ganar sin facturar o sin declarar esos valores. Además, las personas ya no podrán gastar lo que estaban acostumbradas, porque son tres años con estas medidas.

Este es un primer round que el Gobierno lo ganó y obviamente con la entrada de la Ley Emergente Económica este 2022, el Ejecutivo tendrá que tomar fuerzas políticas y económicas para garantizar en primer lugar, la reforma laboral y en segundo lugar, la atracción de inversiones con la cual se han definido dos puntos clave: uno ampliar los acuerdos comerciales en la cuenca del pacífico con Estados Unidos y garantizar la inversión extranjera con un sector laboral reorganizado con nuevas maneras de contratación. Lo que está pasando económica y políticamente en el país va a generar mucho conflicto para el Gobierno.

El Ejecutivo tiene que ceder, si no se volverá a las amenazas a la muerte cruzada y el Gobierno tendrá un enfrentamiento con la oposición que ya está bien definida entre Correístas, Partido Social Cristiano y Pachakutik.

Esta es una medida parche, que no corrige los problemas estructurales, eso tomará más tiempo, no es lo mismo manejar una empresa privada que un sector público tan obeso, disperso y exigente.

La Asamblea Nacional está en una disyuntiva sobre qué es legal o no. La minoría de asambleístas está buscando la manera legal de pedir la inconstitucionalidad de la Ley. De acuerdo a la experiencia, el Gobierno mostró desespero y rápidamente envió a su publicación en el registro oficial. Cuando no se está seguro de que se está haciendo lo correcto, se acelera para su legalización.

Al Gobierno ya le fue derogado un Estado de excepción y parecerían oportunas, las nuevas variantes del coronavirus y varias restricciones, para limitar las protestas.

Con la Ley ciertamente existe la garantía para que en los próximos dos años el país reciba por lo menos $1 900 millones para refrescar las arcas fiscales. Esta movida permitirá que el Fondo Monetario Internacional (FMI) haga su desembolso de acuerdo a lo programado.

Sin embargo, no hay que dejar de lado que el Gobierno no puede cerrar la llave con los gastos corrientes o subsidios, el mejor ejemplo es el tema de los combustibles, que pese a tener una reducción siguen incrementando los gastos. Existe contradicción y estas maniobras implican riesgos para el próximo año. Se recaudará y se seguirá generando excesivos gastos.