La Ley de Oportunidades busca terminar con la economía informal 

lunes, octubre 11, 2021

El objetivo del reglamento es brindar seguridad, busca terminar con la economía informal, pero contrario a ello afectaría al trabajador estable y se generan ciertos problemas entre ellos: vacaciones y horas extras. Es decir, el empleo se vuelve arcaico y explotador.

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El presidente Guillermo Lasso presentó, el proyecto de ley por el que se definirá su gobierno, una maniobra que posiblemente no pase en la Asamblea Nacional, pero que si lo hace será vetada con sus consecuencias, como la generación de un conflicto que tiene dos vías: observar, analizar y ver qué le hace falta u otra llamar a una consulta popular. Esta última sería una apuesta arriesgada y un desgaste político. Si bien, el gobierno de Lasso tiene un paraguas que lo cobija por su gestión durante la vacunación en tiempos de pandemia eso no le da legitimidad para decir que hace las cosas bien.

Se debe considerar el tema de los subsidios, el poner impuestos y contribuciones durante dos años a ciertas clases, dar incentivos, reducir aranceles e impuestos. Es toda una combinación. No obstante, mientras no se logre ese acuerdo político cualquier Ley que intente el gobierno será boicoteada y eso no es nuevo, el Ecuador ya lo vivió en épocas pasadas.

Esta es una Ley larga con muchos artículos que a su vez reforman otras 20 y 30 leyes, la cual ya tiene opositores. Es palpable la presión de la oposición y de los sectores sociales.

Sin dudas, si se analiza la evaluación presupuestaria de gobierno 2021 -2025, la pandemia sembró mucho desbalance en los ingresos y en los gastos del Estado, en empresas y sectores económicos. La eliminación del 2% de anticipo, la reducción de ciertos rubros y servicios, tanto para empresas como para las personas ha sido poco acertada, el impuesto de divisas, la reducción de ciertos aranceles y el ICE en el caso de los vehículos genera una falta de ingresos para el Estado. Entonces ¿Qué hace el Ejecutivo? 

Solo se da la vuelta y se va directo a los trabajadores con ingresos mayores a  $2 000; si se aplica la misma estadística las personas que ganen entre $2 000 y $3 500 según cifras que maneja el Banco Central (BCE) no se superan las 60 mil personas. Es decir, quienes tengan más son los que van a sentir ese peso de la contribución. Obviamente no se toman en cuenta otras formas de recaudación o de disminuir ese desbalance final.

Por otro lado, la Ley busca que los trabajadores informales puedan tener un empleo. El trabajo informal en el país supera los 4,1 millones, cifra a la que se suman las personas desempleadas. Lo que quiere decir la Ley es “o ganas nada o tienes algo estable”.

El objetivo del reglamento es brindar seguridad, busca terminar con la economía informal, pero contrario a ello afectaría al trabajador estable y se generan ciertos problemas entre ellos: vacaciones y horas extras. Es decir, el empleo se vuelve arcaico y explotador. Sin embargo, en el fondo trata de darle algo a quien que no tiene nada, a personas que van a recibir otras condiciones.

Los ingresos tributarios van a crecer de $12 734 millones a $17 070 millones, en cambio los sueldos y salarios del sector público que deberían bajar siguen subiendo y pasan de $8 161 millones a $9 021 millones, según datos del presupuesto anual del Ministerio de Economía. Aquí hay un problema: el sector público gana el doble que el sector privado.

El gobierno comienza a darle liquidez al sector productivo en especial a la pequeña y mediana empresa, lo que genera empleo. La ley lo que está diciendo a las microempresas con 2% de eliminación del RISE es que deben generar empleo y contratar a alguien con flexibilidad de trabajo, lo que se busca es que estas contraten. Todo esto puede servir para explotar al trabajador.

Obviamente, el Ejecutivo tiene varias aristas, ya comenzó a buscar la inversión extranjera para abrirse al mercado a la alianza institucional porque quiere generar empleo. Lo que busca la Ley en el Ecuador es tratar de garantizar a los inversionistas la seguridad jurídica, pues pretenden conseguir que las personas accedan a un empleo formal. Ellos garantizan estabilidad por cuatro años, pero eso va a depender, si eres eficiente se queda y no se va a ir. El costo estará en lo que tanto han luchado los trabajadores y los gremios sobre el reclamo, pero desde otro punto de vista

Están ayudando a las empresas a ampliar el ejército laboral. He allí el tema, el Ecuador tiene una alta tasa de subempleo hay un grave problema de impuestos en cifras, el sector informal que ya supera al formal parece que el gobierno quiere ponerle y pasar la factura durante dos años a 60 mil personas que ganan  entre $2.000 y $3.500 no es porque es un sueldo fijo y eso va a provocar que la gente no quiera ganar esta cantidad.

El gobierno se olvida de lo vivido; el impuesto al patrimonio es lo mismo que hizo Rafael Correa durante su gobierno, la evasión del IVA, el impuesto en aduanas y el contrabando si se suman los tres se generarían de $3 000 y $5000 millones y  lograran mejorar el control tributario.

Con todo esto, el Ejecutivo está en una encrucijada y con su propuesta de Ley debe maniobrar muy bien. Por esa razón, deben asegurar que el efecto Lasso se mantenga, para generar confianza en los inversores extranjeros, porque de tener un choque con la Asamblea Nacional sería una incertidumbre para el mercado internacional. En definitiva, el gobierno depende de ellos, sin embargo, para que vengan  inversionistas al país deben existir acuerdos  y estabilidad.