Violencia basada en género: un riesgo invisibilizado en los proyectos de desarrollo

martes, agosto 3, 2021

En definitiva, crear igualdad de oportunidades para hombres y mujeres requiere reconocer, identificar y mitigar el daño social que ocasionan prácticas culturales como las del acoso sexual dentro de un ambiente de trabajo, para poder abordarlas y eliminarlas

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Con el apremio que puede implicar construir equidad de género, las políticas de salvaguardas sociales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) abordan acciones concretas para mitigar cualquier impacto negativo que sea resultado de nuestros proyectos. Dado que las inequidades y violencias basadas en género son vastas, solemos preguntarnos, ¿por dónde empezar?

Los proyectos traen beneficios y, con ello, cambios sociales, algunos de los cuales pueden amplificar la violencia. Reconocer cómo se produce esta violencia es el primer paso para eliminarla.

La experiencia nos indica que entre los riesgos más graves e invisibilizados se encuentra el incremento de violencia basada en género (VBG) en las poblaciones en las que se ejecuta un proyecto. La VBG afecta desproporcionadamente a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad por su género, etnicidad, estatus socioeconómico, orientación sexual e identidad de género, lugar de residencia, estatus migratorio, discapacidad u otros factores de desventaja. En particular, bajo el paraguas de la violencia sexual, encontramos mayor incidencia de acoso y abuso sexual, especialmente en niñas y mujeres. Los contextos en donde el acoso y el abuso sexual son permisivos pueden facilitar, a su vez, la explotación sexual.

Las medidas centrales para minimizar estos casos en el contexto de proyectos de desarrollo incluyen medidas preventivas tales como códigos de conducta, capacitación a trabajadores y mecanismos de quejas específicos para abordar la violencia sexual. De la mano de ello, el proyecto puede crear alianzas estratégicas con grupos de apoyo locales de mujeres, organizaciones e instituciones que puedan proveer el apoyo oportuno e inmediato que requieren las niñas y mujeres.

Una vez identificados los riesgos, es importante implementar los mecanismos que aseguren la mitigación de cualquier forma de violencia acentuada por el proyecto, bajo el entendimiento de que la violencia basada en género es estructural y contextual.

Entre las lecciones aprendidas y ejemplos exitosos, es importante identificar cómo las inequidades estructurales societales basadas en género pueden reproducirse en una institución. En cuanto a identificar riesgos y su impacto, una política que aborda el acoso sexual reconoce la importancia de una cultura institucional inclusiva, segura y positiva.

En los últimos años, he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes instituciones en América Latina desarrollando análisis corporativos para políticas de género y diversidad y en planes de acción a mediano y largo plazo para su implementación. Dicho análisis reconoce la afectación diferenciada que experimentan un sinnúmero de mujeres trabajadoras, como es el acoso sexual.

La metodología cualitativa para este análisis de género y diversidad incluye entrevistas estructuradas y semi-estructuradas con informantes expertos, actores clave a lo largo de la cadena de mando, y grupos focales con trabajadores divididos por rango, división, y género para tener una mirada comparativa. La revisión previa de fuentes primarias y secundarias permiten tener una foto de los retos principales que las empresas confrontan.

Una vez identificados los retos y obstáculos principales, desarrollamos los mecanismos necesarios para abordarlos, incluyendo medidas de prevención del acoso sexual como estrategias de capacitación y sensibilización continuas, establecimiento o mejoramiento de procedimientos que incluyen códigos de conducta específicos, y asignación de especialistas en el tema.

Cuando una institución carece de una política específica para la prevención del acoso sexual, cualquier caso que ocurra podría quedar invisible o estar sujeto a la discreción de quien lo sufre. Esta discreción suele estar asentada en prejuicios culturales que definen a la víctima del acoso como responsable. Como consecuencia, puede perjudicar la salud mental y el desempeño laboral de la víctima. Un mecanismo de quejas general no aborda las particularidades de esta forma de violencia basada en género.

El nuevo Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) del BID incluye la Norma de Desempeño Ambiental y Social de Equidad de Género (NDAS 9). Esta norma requiere que todos los proyectos analicen los posibles riesgos e impactos en la equidad de género y, en caso de ser identificados, adopten medidas para evitarlos, minimizarlos, mitigarlos y/o compensar los impactos negativos con mecanismos que eviten que se reproduzcan las inequidades de género.

La NDAS 9 amplía el concepto de género a su pluralidad; es decir, géneroS, de tal forma que se visibilice a poblaciones de diversidades sexuales como grupos vulnerables a la violencia sexual o a la precarización socioeconómica, entre otras formas de violencia. Ésta enfatiza la identificación temprana de los riesgos.

La novena norma del BID reconoce que la equidad de género tiene un valor intrínseco. Es decir, no se trata únicamente de un asunto de justicia social y derechos humanos. La evidencia nos muestra la importancia de evitar, minimizar, mitigar y/o compensar a las poblaciones en situación añadida de vulnerabilidad, como son las niñas, las jóvenes, las mujeres, y las comunidades LGBTIQ+.

En definitiva, crear igualdad de oportunidades para hombres y mujeres requiere reconocer, identificar y mitigar el daño social que ocasionan prácticas culturales como las del acoso sexual dentro de un ambiente de trabajo, para poder abordarlas y eliminarlas, creando así una cultura institucional que se enorgullezca en favorecer un ambiente libre de discriminación.

Texto original publicado en la página Banco Interamericano de Desarrollo (BID)