Quo vadis justicia?

jueves, mayo 13, 2021

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El juez Ronald Guerrero dictó auto de sobreseimiento para Dalo Bucaram Pulley y su esposa Gabriela Pazmiño en el caso de delincuencia organizada, por la venta irregular de medicamentos a hospitales públicos en plena pandemia del Covid-19 y en el que también están procesados los hermanos Jacobo y Michel Bucaram Pulley, Daniel Salcedo Bonilla, exfuncionarios públicos y empresarios privados.

Varios de los acusados están detenidos, aunque Bucaram Pulley y Pazmiño lograron evadirse a Miami, sin necesidad de responder de frente a la justicia. La lectura de la resolución del juez se suspendió para retomarse otro día, ¿cuál? No importa. El fiscal apeló verbalmente el sobreseimiento y todo parece asunto sellado.

El control de la justicia siempre ha sido uno de las ambiciones del poder de turno. En el Gobierno del expresidente Rafael Correa ni siquiera hubo un disimulo, sino que dictaba de frente las sentencias en sus sabatinas, donde decidía quién era inocente y quién era culpable, a los operadores de justicia no les quedaba más que obedecer porque a sus espaldas tenían a Gustavo Jalkh y su Consejo Nacional de la Judicatura.

Con el desmantelamiento de titulares de esa institución, nombrados por un Consejo de Participación Ciudadana que sirvió como una especie de alfombra del expresidente Correa, en la época de Julio César Trujillo, se pensó que se respiraba cierta independencia para que jueces y fiscales actúen conforme al derecho.

Sus razones tendrá el juez Ronald Guerrero para dictar sobreseimiento a los principales acusados de un caso que indignó a la sociedad, no solo porque se jugó con la vida de la gente, sino porque ocurrió en plena pandemia, cuando se esperaba algo más de responsabilidad de políticos que andaban cantando epitalamios sobre la lucha contra la corrupción.