La Ley de violencia digital afecta la lucha contra el crimen organizado, según la Fiscalía

sábado, mayo 8, 2021

La eliminación de la excepcionalidad tendría graves consecuencias en la lucha contra la corrupción y elevaría los índices de impunidad, según la Fiscalía. Sus observaciones será enviadas a la Presidencia...

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La noche del jueves, con 107 votos a favor y apenas cuatro en contra, los legisladores dieron luz verde a la Ley de Violencia Digital. Entre las que se opusieron estuvo la propia proponente, Mae Montaño, quien alertó que “la ley que estaba proyectaba para prevenir la violencia sexual digital, por el oportunismo politiquero se ha convertido en una ley no para proteger a las mujeres, sino a los políticos autoritarios y corruptos”.

El documento, que se procesó en la Comisión de Justicia, es el resultado de la unificación de dos iniciativas: Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, para Tipificar los delitos de Sexting y Hostigamiento; y el Proyecto de Ley Orgánica para Prevenir la Violencia, el Acoso Digital y la Violación a la Intimidad, presentados por los legisladores Franklin Samaniego y Mae Montaño, respectivamente. Montaño cuestionó los cambios en el proyecto original.

El proyecto responde a las demandas sociales y acata recomendaciones internacionales. Busca actualizar la normativa penal, con el fin de reconocer y sancionar nuevos tipos de violencia que surgen en el entorno digital, que permita combatir la ciberdelincuencia de manera efectiva y oportuna, acabando con la impunidad de los ciberagresores que se protegen en la clandestinidad, dice el comunicado de la Asamblea.

Según la Fiscalía, sin embargo, el proyecto mezcla todo en una normativa para introducir reformas al Código Integral que mermarían la lucha contra el crimen organizado. La Fiscalía apuntó en un comunicado que la nueva Ley elimina la excepción, que consta en el segundo inciso de la redacción actual del Código Integral Penal, sobre la comisión del delito y la violación de la intimidad cuando una persona divulga grabaciones de audio y video en las que interviene personalmente, y cuando se trata de información pública.