En tiempos de elecciones muchos movimientos se forman de la noche a la mañana para tener un nombre en la papeleta o acceder a un fondo electoral estatal. Así que poca fue la sorpresa cuando se anunciaron dieciocho candidaturas a la presidencia y vicepresidencia del Ecuador, el país más pequeño de la región andina. Mucha gente desconocida con otros viejos políticos como los expresidentes Rafael Correa o Lucio Gutiérrez.
Otras figuras muy conocidas, que suenan en casi todas las elecciones, como Jaime Nebot o Álvaro Noboa, decidieron dar un paso al costado en busca de una tendencia que no disperse el voto como ocurrió en las últimas elecciones seccionales, una dispersión clave para que Jorge Yunda o Paola Pabón llegaran a la Alcaldía de Quito y la Prefectura de Pichincha Esa era la gran apuesta del correísmo, que hasta ahora solo logra sellar alianzas con movimientos creados entre ellos.
La falta de aliados le está pasando factura luego de que el Consejo Nacional Electoral hiciera lo anunciado, descalificar a cuatro movimientos políticos entre los que está Fuerza Compromiso Social, creado por Iván Espinel, detenido por casos de corrupción, y cedido al correísmo como si fuera un balón de fútbol, por no haber cumplido con el número de firmas exigidas para su inscripción. Ya había una resolución en ese sentido.
La ausencia de partidos políticos fuertes ha permeado el surgimiento de movimientos llamados de izquierda -que en el poder compran aviones usados como privados para no ir en vuelos comerciales, porque qué vergüenza para la majestad del poder-, solo porque repiten hasta la victoria siempre o entonan canciones del Che Guevara con voces guturales, como si estuvieran alabando al líder de una secta.
Al país le falta mucho por desmontar lo que el correísmo armó en diez años con todos los poderes del Estado a su servicio, con políticas creadas para satisfacer sus intereses personales y de su círculo íntimo. La mayor oferta de campaña que ha hecho hasta ahora ha sido ofrecer la libertad de Jorge Glas, involucrado en el mayor caso de corrupción que ha presenciado América Latina en los últimos años. Y para eso ha ofrecido cambiar jueces, fiscales, autoridades de control; volver a imponer la ley mordaza; perseguir a las universidades; traer de vuelta a la Supercom; usar el dinero del IESS y del encaje bancario, los depósitos de los ecuatorianos, como caja chica; volver a controlar todos los poderes del Estado (…), un guión lamentablemente ya conocido de sobra.
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