Impuesto anticipado: ‘El Gobierno busca apagar incendios, no reactivar la economía’

lunes, septiembre 7, 2020

Lo que está fallando en todas las estrategias es que el Gobierno está tomando medidas sin consultar a los actores. Si los grupos económicos son empresas que pueden tener recursos, lo mejor sería hablar con ellos y lograr acuerdos que les permita, en un determinado tiempo tener recaudación tributaria para aportar y luego devengar los pagos de impuestos, no sacarle sangre a sanos, a anémicos y a la gente que está todavía en terapia intensiva

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El miércoles 2 de septiembre el presidente Lenin Moreno firmó el decreto 1137 para recaudar de manera anticipada el Impuesto a la Renta de 2020 a grandes contribuyentes y suplir en algo el déficit fiscal.

Sin duda, la necesidad de liquidez que tiene el país es cada día más apremiante, las previsiones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del Banco Central del Ecuador proyectan un decrecimiento económico en 2020, de por lo menos un 10%. El Gobierno requiere entre $12 000 millones y $14 000 millones para cumplir con la obligaciones internas de la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus, producto de la recesión, de la falta de producción y de recaudación de impuestos.

Esto ha obligado al Gobierno a buscar fuentes de liquidez y financiamiento. Entre otras cosas se proponía generar ingresos para el arca fiscal de los ciudadanos que ganaban entre $1 000 y $5 000 al mes, pero fue derogado dejando sin fondos y recursos al Ejecutivo. Para cubrir aceleradamente esta falta de liquidez se propuso un impuesto anticipado que toma como base el año 2019 y a aquellas empresas que vendieron más de $5 millones, que facturan $500 mil o $400 mil mensuales y pertenecen a los grupos económicos más fuertes del país. Es decir se aplicaría a 1068 contribuyentes de un universo de 5,5 millones, que corresponde al 0,02%. La medida no es un nuevo impuesto, sino un pago anticipado del valor que estos contribuyentes debían cancelar en 2021.

Esto demuestra que el Estado necesita liquidez, se firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el cual establece un acceso excepcional de $6 500 millones en 27 meses (dos años y tres meses), pero ese dinero no es suficiente. Con el impuesto anticipado se espera recaudar cerca de alrededor $300 millones, que permitirán saldar las obligaciones pendientes con la Junta de Beneficencia, Solca, Cruz Roja, entre otros prestadores; la adquisición de medicamentos, dispositivos e insumos médicos; el mantenimiento preventivo de la maquinaria sanitaria de los establecimientos del Ministerio de Salud Pública (MSP); la adquisición de sangre, hemo-componentes y derivados; la contratación de mantenimiento preventivo, gastos relacionados con ambulancias del MSP; entre otros rubros en salud.

De acuerdo con el Ejecutivo este nuevo Decreto recoge todas las observaciones hechas por la Corte Constitucional, que dejó sin efecto el mes pasado uno que buscaba una medida tributaria similar.

Si bien esta pandemia afectó al 95% de las empresas, hay un porcentaje que continuaron con su venta normal como lo son las cadenas de supermercados, de farmacias, de alimentos y otras que no pararon, porque las grandes industrias y los comercios no vendieron en tres o cuatro meses. Sin embargo, tampoco significa que las otras empresas estén bien, porque estamos en una pandemia y esas empresas lo que hicieron es flotar y aliviarse, pero no todas, por ello, las críticas de los sectores productivos; porque debido a la recesión y desaceleración económica lo que hay es desempleo. La producción se paró, hubo despidos y ahora les están adelantando el pago anticipado del impuesto.

Otro sector que va a reclamar es el de las gasolineras, si bien registraron ventas, no fueron al mismo nivel, que en meses anteriores a la pandemia, porque las ventas cayeron a la mitad. Aquí debería analizarse si es correcto o si se midió bien a las empresas, a las cuales se les está solicitando ese anticipo. Es decir de lo vendieron en el 2019 y debían pagar en 2021. Por ese lado se pueden generar discrepancias en la Corte Constitucional y por las críticas desde el sector productivo.

Quienes están exentos de la medida son los sujetos pasivos que sean micro, pequeñas o medianas empresas; o cuya totalidad de ingresos respecto al ejercicio fiscal 2020 esté exenta de pago de impuesto a la renta de conformidad con la ley; o aquellos contribuyentes que tengan su domicilio tributario principal en Galápagos; o su actividad económica corresponde a la operación de líneas aéreas, a las actividades turísticas de alojamiento y/o comidas; al sector agrícola; a exportadores habituales de bienes, y a las actividades relacionadas con el sector acuícola.

Es preocupante que por más que el Gobierno busque financiamiento con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales le siguen faltando recursos. Es más, las recaudaciones tributarias IVA, ICE, el IR y otros están cayendo a la mitad, justamente porque las empresas no están facturando en un tiempo determinado.

Si la Corte Constitucional no da paso a esta medida, el problema que se le viene al Estado y con él, al ciudadano común, será la falta de liquidez, porque necesita fondos para pagar los sueldos de todo el sector público, de salud, de equipamiento y medicamentos. Lo que alivió un poco esta situación es la reducción de la velocidad en cuanto al tema de contagios de Covid-19, en cierta forma pasamos los momentos más duros pero si hay un nuevo rebrote, estaremos como al inicio por la falta de liquidez. Los recursos para el Estado son imprescindibles, más aún cuando la economía está decaída, entre junio del año pasado y junio de este año pasamos de una tasa de desempleo de 311 mil a 1 millón de desempleados, es decir en seis meses se perdieron más de 700 mil puestos de trabajo. Esas personas no tienen qué comer, no tienen cómo sobrevivir, por todo lado hay una falta de liquidez y por ello, se va a seguir buscando medidas, que cubran ese hueco o esos gastos que se le acumulan cada mes en el sector público. Dentro del presupuesto inicial se estima el pago de $10 mil millones solamente en sueldos, lo que significa unos $800 millones mensuales para salarios.

Sin descuidar lo que se gasta en salud por el tema de la pandemia y lo que implica tratar a una persona con Covid-19 en el sector público, son demasiados recursos con los que el Estado no cuenta. Por más reducción de personal y de presupuestos en los ministerios, el Estado sigue teniendo falta de liquidez.

A ello se suma, que las políticas de reactivación de ayuda a las empresas que todavía sobreviven no se ve, el Gobierno solo se está preocupando de apagar incendios pero no por salvar, recuperar y reactivar la economía. En ese aspecto estamos muy atrasados, el Ecuador es el único que toma medidas tibias para la post pandemia, los otros países de la región están trabajando en darle el salvavidas, la opción y la liquidez. Aquí se imponen pagos anticipados a un sector productivo anémico, quieren sacarle sangre cuando ya no la tiene.

La falta de liquidez es evidente, pero las medidas están muy mal direccionados, hay que buscar medidas adecuadas que permitan de cierta manera, ser eficientes y no afecten a un sector que se está levantando de a poco.

Lo que está fallando en todas las estrategias es que el Gobierno está tomando medidas sin consultar a los actores. Si los grupos económicos son empresas que pueden tener recursos, lo mejor sería hablar con ellos y lograr acuerdos que les permita, en un determinado tiempo tener recaudación tributaria para aportar y luego devengar los pagos de impuestos, no sacarle sangre a sanos, a anémicos y a la gente que está todavía en terapia intensiva. Se nota una descoordinación entre el sector público, el sector privado y la comunidad para salir de este problema, que lo sabemos, lo sentimos y lo vivimos, pero no es la manera correcta cómo se están ejecutando las acciones.