Primero fue en Bogotá, las manifestaciones se extendieron como pólvora luego de que un video divulgado en redes sociales registrara la muerte de Javier Ordoñez, un abogado de 43 años, a cargo de dos uniformados. Los policías hicieron caso omiso a la advertencia de los ciudadanos que presenciaron el hecho de que estaban grabando la agresión o el abuso de poder de los uniformados.
La irá se regó por todos los barrios, desde Usaquén hasta Ciudad Bolívar. Fue una protesta contra los Comandos de Acción Inmediata (CAI) de la Policía. Una protesta simbólica contra las estaciones convertidas en el epicentro de denuncias por abusos, maltratos, golpizas y hasta violaciones a mujeres. Los CAI incendiados están relacionados con alguna denuncia de abuso no atendida por las autoridades.
El jueves en la noche y el viernes en la madrugada los protestas se extendieron ya no solo en Bogotá, sino en varias ciudades de Colombia. Calí fue uno de los epicentros más violentos de la última jornada. Los medios colombianos comenzaron a hacer un recuento de todos los abusos denunciados en los CAI. Denuncias caídas en saco roto y hechos marcados por la impunidad.
Los uniformados colombianos creyeron tener carta blanca para los abusos de poder en un país marcado por decenas de años de una guerra interna sangrienta contra carteles de la droga y grupos armados irregulares disputando el poder a la institucionalidad del Estado.
El manejo de la crisis no ha sido de las mejores por parte del gobierno de Iván Duque, sobre todo con la intermediación de actores políticos como Gustavo Petro dedicado a magnificar las protestas violentas.
Colombia vive un momento crítico sobre todo por el rearmamiento de grupos armados irregulares como el de las FARC. Y es un problema que tarde o temprano contagiará a Ecuador. La situación en la frontera norte, sobre todo en la zona de Sucumbíos y Putumayo ya es complicada, con denuncias de reclutamiento forzado.
Las fronteras de los países de la región están cerradas para las personas de a pie, por la pandemia del coronavirus, pero al parecer ha sido la oportunidad perfecta para que los grupos irregulares vuelvan a operar corredores que se creían ya cerrados. El gobierno colombiano ya baraja la propuesta deportar a extranjeros, sobre todo de Venezuela. La migración puede ser una de las primeras víctimas de esta ola de violencia.
Sin duda la violencia desatada en Bogotá tendrá serias secuelas, porque ha sido puesto en entredicho la autoridad de la Policía. No basta entonces con separar a dos uniformados autores de un acto execrable, sino poner atención a las denuncias de excesos que existen sobre los CAI.
Y Ecuador no puede descuidar los acontecimientos violentos en Colombia, porque su frontera es muy larga. ¿Hay financistas detrás de esas protestas, más allá de la indignación por la violencia policial? Si los hay sus autores intelectuales de seguro pronto deberán buscar refugio en otro país.
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