‘Querían las cabezas, ahí están las cabezas’

viernes, junio 5, 2020

Hay una especie indignación general porque los hechos de corrupción en los que estarían involucradas varias autoridades públicas locales se cometieron mientras el país estaba en aislamiento; mientras la gente no tenía ni siquiera para comer por su obligación de quedarse en casa...

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La Fiscal general, Diana Salazar, cuestionó las medidas sustitutivas en favor de la mayoría de los 17 detenidos en los 37 allanamientos efectuados el miércoles en Quito y Guayaquil, en las investigaciones sobre hechos de corrupción en hospitales y gobiernos locales relacionados con las compras con presuntos sobreprecios de insumos médicos durante la emergencia sanitaria decretada para mitigar la propagación del Covid-19.

La Fiscal Diana Salazar expresó su molestia luego de conocer sobre la liberación, con medidas sustitutivas, del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, acusado de peculado y asociación ilícita, y la no implicación del expresidente Abdalá Bucaram en el caso de peculado y delincuencia organizada en los contratos del hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil.

“Debemos tener conciencia de que el sistema de justicia es un engranaje en el cual la Fiscalía dirige la investigación, la Policía ejecuta las órdenes y las direcciones que dan las fiscalías. Pero son los jueces quienes deciden, en este caso tenemos un mensaje clarísimo: la lucha contra la corrupción no está siendo firme por todo ese engranaje -dijo en una entrevista con la cadena Ecuavisa-; la Fiscalía cumplió, la Policía también, y el sistema de justicia representado por los jueces está dando un mensaje a la ciudadanía, que aquellos casos de corrupción, no importa cuánto sea el perjuicio, tiene la posibilidad de que se siga realizando”.

“Ya vendrán los juristas a decir que la prisión preventiva es excepcional, y por supuesto que es excepcional, y debe ser excepcional y aplicada precisamente a estos casos de corrupción, donde se están robando el dinero del pueblo -dijo la Fiscal en la entrevista con Ecuavisa-. Querían las cabezas, ahí están las cabezas, pero no para que estén menos de 24 horas privados de la libertad sino para que respondan delante de la justicia”.

El prefecto Carlos Luis Morales no solo volvió a sus oficinas después de su detención en medio de una especie de mitin político, sino que anunció la contratación de más obras.

¿Qué confianza puede generar en esos procesos una persona con medidas cautelares por las investigaciones sobre actos de corrupción en la emergencia sanitaria? ¿Qué confianza puede dar una autoridad pública que durante la época de mayor calamidad en Guayaquil solo pidió encomendarse a Dios para evitar la tragedia del coronovirus?

La madrugada de este viernes 5 de junio fue detenido el asambleísta de AP, Daniel Mendoza, y el director del Servicio de Contratación de Obras. Edmundo Tamayo Silva, como parte de las investigaciones sobre actos de corrupción relacionados con la adjudicación de contratos de obra pública. ¿Cómo actuará la justicia ante esas detenciones?

Hay una especie indignación general porque los hechos de corrupción en los que estarían involucradas varias autoridades públicas locales se cometieron mientras el país estaba en aislamiento; mientras la gente no tenía ni siquiera para comer por su obligación de quedarse en casa; mientras ponía banderas rojas afuera de sus casas para advertir que tenían hambre. Un SOS doloroso.

Y ahora resulta que todos son inocentes; que las pruebas visibles halladas no existen; que todas son unas confabulaciones; que todos son unos Jorge Glas perseguidos por culpa de sus tíos, amigos, sobrinos, familiares y demás, de los que no tenían ni idea lo que hacían pese a formar parte de su círculo íntimo. Y luego jurarán que volverán, como la rosa cortada que no detendrá la primavera y otras cursilerías de ese tipo a las que nos acostumbró diez años de oprobio y mentiras. Diez años en los que se institucionalizó la impunidad como arma política.

¿La justicia está cumpliendo su papel en esta crisis?