Las empresas públicas: El ferrocarril, limitantes y perspectivas

sábado, mayo 30, 2020

El Estado está obligado a mantener los bienes y recuperar la inversión social y las actividades productivas asociadas al funcionamiento seguro y oportuno del ferrocarril. No es necesaria la empresa pública que por deficiencias de los gestores no logró mantener la misma funcionando eficientemente

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En estos días de renacimiento o reconstrucción es imperativo reflexionar profundamente sobre lo actuado y lo que se debería hacer en proyección al futuro de la tierra, de las regiones, de las comunidades, de las ciudades, de las personas. Por tanto, ejecutar el rol correspondiente de la mejor manera posible es lo que nos permitirá ser más humanos y construir un mundo más habitable.

Empecemos con el rol del Estado. Este nuevo rol exige responsabilidades tales como: i) Contar con una base institucional fuerte y técnica reguladora y normativa; ii) General gobernabilidad y legitimidad; iii) Crear nuevas estructuras organizacionales eficientes y efectivas; iv) Propiciar una cultura cívica nueva de conservación; v) Construir capital social e institucional para mantener la perspectiva de largo plazo; vi) Reducir la corrupción al mínimo, permitiendo la participación de los ciudadanos en su seguimiento y control.

La regulación como un componente institucional y técnico del Estado fomenta la competencia leal, considerada como la mejor y más eficiente forma de conducir la acción de los agentes privados hacia objetivos sociales establecidos. De esta manera, la competencia pasa a ejercer el rol de regulación social y el estado a proteger y fomentar dicha competencia. Por lo tanto, el propósito debería ser: Orientar el comportamiento de los actores con responsabilidad sectorial hacia el logro de mayor eficiencia económica y objetivos de las políticas públicas. En sectores con alta inherencia política sirve para limitar las actuaciones de los grupos de interés y de actores políticos con interés privado. Al mismo tiempo, debe proteger a los usuarios de abusos por parte de prestadores monopólicos y de acciones arbitrarias de la administración pública y por lo tanto poder atraer inversiones.

Con base en este esquema, los objetivos son: 1) Garantizar al usuario buen servicio a costos eficientes; 2) Garantizar al inversionista una retribución adecuada a sus inversiones y know how; 3) Asegurar objetivos colectivos de las políticas públicas; y, 4) Garantizar igualdad de condiciones a los prestadores públicos y privados.

En mercados imperfectos el Estado debe tratar de corregir las fallas y conforme va madurando y la competencia leal se consolida, la regulación debe entrar en un proceso de revisión y transformación (Desregulación), hasta reducir y focalizar su acción en áreas donde existan mercados que por la naturaleza del sector, actividad o entorno, sean monopolios o mercados imperfectos (Re regulación). Se debe desregular, permitiendo la entrada de nuevos oferentes de bienes o servicios (es el caso de los servicios públicos) y haciendo que a través de la competencia leal, se mejore la eficiencia y se reduzcan los precios y tarifas, dejándose una mínima regulación que podría referirse al cumplimiento de ciertos estándares de calidad, normas ambientales (re regulación).

Funciona en tanto en cuanto el Estado no fije precios ficticios. Se trata de proteger a los usuarios de abusos por parte de prestadores monopólicos y de acciones arbitrarias de la administración pública, asegurar el acceso a los servicios con costos eficientes y la oferta suficiente en calidad y cantidad de un determinado bien o servicio, que generalmente es un servicio básico que permite mantener el bienestar de la población y, por otro formular y aplicar una regulación que permita atraer la inversión y know how, mediante la garantía al inversionista de una retribución adecuada. Igualmente esta regulación se oriente a garantizar igualdad de condiciones a los prestadores públicos y privados.

¿Por qué se crean las Empresas Públicas – Eps?

La razón fundamental es una falla de mercado o presencia de externalidades. No hay una justificación específica sino un conjunto de alegatos que dependiendo de la Administración de gobierno se aplica unas o todas:

• Justificación Técnica: existe una falla de mercado requiere intervención. i-e- Allegro – CNT, TAME, Crear
• Justificación Económica: El Estado no puede por norma producir, o no cuenta con los recursos financieros, técnicos y de gestión. i.e: Fabrec, EPCE, Siembra
• Justificación Político/Social: El Estado decide que es socialmente prioritaria su intervención aunque no existan fallas de mercado. i.e: Enfarma, Unidad Nacional de Almacenamiento UNA, Ecuador Estratégico, Correos del Ecuador, Medios públicos,
• Justificación de Mercado. La iniciativa privada no es interesada en esa actividad. Ferrocarril,
• Caso Guayaquil, Corporaciones para prestar servicios delegados por la municipalidad
• Otros Municipios han creado EPS que operan directamente. Los modelos de gestión son muy diferentes. Etapa, Emilgirs, Interagua.

Si seguimos el esquema conceptual presentado, posiblemente las EPs que se justifican son: Allegro, Celec, Cnel, PetroProducción y Enami. Sin embargo existen otras como Correos, Tame y Ferrocarriles que tienen un componente social a evaluar más a fondo. Allegro se transformó en CNT y ahora compite con grandes empresas sin resultados similares, Petroproducción fue absorbida por PetroEcuador y Tame no tiene un norte definido.

Antecedentes.-

En los años 90 mediados, como Coordinador General del Programa Sectorial de Transportes a cargo de la Modernización del sector, estuve directamente involucrado en la propuesta de cierre definitivo de la empresa de Ferrocarriles del Estado como uno de los condicionantes del préstamo del BID a Ecuador. Antes de emitir los informes pertinentes con un grupo técnico viajamos desde Quito a Durán, en auto, recorriendo cada estación de la línea férrea. Pasamos peripecias para hacerlo pero fue claro el resultado. Independientemente del costo de rehabilitar la línea férrea, las locomotoras, los carros y estaciones, se debía invertir en comunicaciones y mejoras en seguridad. El valor de la inversión fue alto pero el concepto o el fundamento para mantener la empresa fue preciso.

Las ciudades y poblados en la línea férrea eran dependientes directos de la existencia del ferrocarril, caso contrario los ciudadanos y todas las actividades económicas asociadas a él, se perderían de forma definitiva y causaría extrema pobreza a sus habitantes en forma directa y a los relacionados de forma indirecta. A saber turismo, hostelería, producción agrícola, ganadera y pecuaria, procesamiento de alimentos, artesanías, servicios de encomiendas y carga pequeña.

Desde sus inicios, un ferrocarril de trocha delgada, presentaba limitaciones de velocidad para el transporte de carga dado lo agreste de la geografía interandina y la imposibilidad cierta de diseñar, construir y administrar una línea de ferrocarril de carga diferente. Se contrató a dos expertos mundiales. El primero, un Gerente de Ferrocarril de India quien compartió los elementos importantes de la gestión técnica de un ferrocarril de estas características y el segundo, un experto norteamericano con experiencia mundial en Turismo en Ferrocarril. De forma coherente se armó la defensa de la empresa y la dotación de los recursos para invertir, de forma focalizada, en la rehabilitación de la línea férrea, las locomotoras, los carros de pasajeros, las estaciones, los equipos de mantenimiento y las comunicaciones. Los recursos tuvieron como fuente, lo que por ley les correspondía, el 50% de los valores de matriculación vehicular a nivel nacional. La empresa se reorganizó y se evitó su cierre (año 1995-6).

Posteriormente se propuso que para mejorar la rentabilidad y la inclusión de carga, se constituyeran consorcios públicos en diferentes tramos de la vía: 1) Ibarra – San Lorenzo, 2) Puembo – Ibarra, 3) Quito – Alausi, 4) Alausi – Durán. Los GADs y Gobiernos Provinciales serían los accionistas de cada consorcio pues al desaparecer la empresa se convertirían en los propietarios de las inversiones en inmuebles (estaciones, patios de mantenimiento, infraestructura y línea férrea). El propósito fundamental del consorcio era contratar los servicios de una empresa privada para que provea los servicios de transporte de turismo, carga y paquetería en toda la línea férrea existente.

La prospectiva utilizada permitía visionar un futuro rentable para la empresa en lugar de que la empresa pública prestara los servicios de transporte de turismo. Esta estrategia en manos de la empresa pública estaba limitada por disponibilidad de recursos financieros, técnicos de gestión y especialmente expertos en mercadeo de turismo, carga, y paquetería a nivel mundial. Al entregarlo como decía la propuesta a una empresa privada de turismo mundial, el futuro estaba ciertamente más asegurado y el Estado podría distribuir de mejor manera esos recursos para otros fines. La empresa designada absorbería a los trabajadores.

Al final ahora ya sabemos el resultado la empresa pública de los ferrocarriles ha operado con déficit presupuestario y los servicios turísticos son limitados.

¿Qué hacer?

Los Ferrocarriles fueron considerados en su momento como una inversión social por sus implicancias directas, hoy su escaso desarrollo comercial (por las limitaciones antes señaladas) arrojan resultados negativos para el Estado. Sin embargo el impacto social del cierre definitivo de la empresa no está en línea con la inversión social. El inventario de los bienes inmuebles, muebles y equipos de transporte (locomotoras, carros de pasajeros y carga y equipos de mantenimiento) no puede desaparecer ni venderse al mejor postor. El Estado está obligado a mantener los bienes y recuperar la inversión social y las actividades productivas asociadas al funcionamiento seguro y oportuno del ferrocarril. No es necesaria la empresa pública que por deficiencias de los gestores no logró mantener la misma funcionando eficientemente.

La mejor estrategia es no cerrar el servicio, cerrar y liquidar la empresa, y mediante el mecanismo de delegación, entregar a un operador privado por algunos años, tipo concesión de obra y servicio, la inversión en mejoras del servicio de transporte turístico en ferrocarril, la ampliación de los servicios a más localidades donde existe la línea férrea, la inclusión de otros servicios como carga ligera y paquetería.

Los trabajadores podrán ser liquidados, pero se los ayudaría a constituir empresas prestadoras de servicios de mantenimiento del ferrocarril para que sean contratadas por la empresa concesionaria o delegada de la operación. Estas empresas privadas podrían adquirir a precios razonables el equipamiento de mantenimiento necesario. Las nuevas prestadoras de servicios podrían ser asignadas a zonas específicas para que sus costos operativos sean menores. La empresa pública desaparece, pero el servicios del ferrocarril no y los trabajadores tienen actividades productivas.

1. Astinave, soluciones para potenciar el sector marítimo industrial, la defensa y la seguridad;
2. Tame, Transporte aéreo seguro de pasajeros y carga, con itinerarios y horarios establecidos;
3. Ferrocarriles, productos turísticos ferroviarios innovadores de calidad;
4. Fabrec, confección textil y calzado;
5. EPCE, comercializar materia prima y productos terminados de la cadena de valor del cemento;
6. UNA, almacenamiento, administración, comercialización y distribución, así́ como, la provisión de alimentos;
7. CNT, soluciones y servicios de telecomunicaciones en todo el territorio ecuatoriano (antes Allegro);
8. Ecuador Estratégico, infraestructura pública y vivienda y productiva y empleo en las zonas priorizadas;
9. EP de Agua, construcción, mantenimiento y asesoría técnica en infraestructura hídrica;
10. Enami, gestión de los recursos naturales no renovables en la actividad minera;
11. Flopec, transporte marítimo de hidrocarburos;
12. PetroEcuador-holding; exploración, producción y comercialización de hidrocarburos y derivados;
13. PetroAmazonas; PetroComercial; PetroProducción, PetroIndustrial,
14. Refinería del Pacífico, refinería de petróleo y derivados;
15. Celec, provisión de energía eléctrica a todo el país;
16. Cnel, distribución y comercialización de energía eléctrica;
17. EPNacional de Habitat y Vivienda, proyectos de vivienda de interés social y prioritario;
18. CEAR, servicio integral deportivo de altos estándares de calidad;
19. RTVEcuador, contenidos televisivos y radiofónicos, absorbió a El Telegrado;
20. Correos del Ecuador, correspondencia y paquetería, y transporte de documentos;
21. Medios Públicos, contenidos y comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa;
22. Enfarma, producción y comercialización de medicamentos de uso y consumo humano;
23. Siembra, conceptualización y desarrollo de ecosistemas de conocimiento e innovación;
24. Las EPs de las fuerzas armadas, Dine, Santa Bárbara, y otras.