La investigación sobre las denuncias de contratos firmados para adquisiciones, con posibles sobreprecios, de insumos médicos en hospitales del IESS y gobiernos locales, las últimas en el Municipio de Quito y la Prefectura del Guayas, ha motivado una serie de ataques contra la Fiscal General del Estado, Diana Salazar.
Son ataques a los que se ha sumado el Consejo de Participación Ciudadana, cuyos miembros parecen descontentos con la nubosidad de sus cargos y la intrascendencia de la misma institución creada por el correísmo para acaparar todo el poder del Estado, donde los titulares de los organismos de control eran seleccionados con 100 puntos sobre 100 puntos, todos funcionarios de lujo según decía en su momento el expresidente Rafael Correa, la mayoría hoy prófugos o vinculados a escándalos de corrupción.
El Consejo de Participación ya debería haber desaparecido si la Asamblea, preocupada hoy por la Ley del Palmicultor en lugar de la Ley de Extinción de Dominio, hubiese tramitado iniciativas tendientes a ese fin. Son ataques direccionados desde las redes sociales, desde un sector experto en la creación de fake news, en la manipulación de lo que circula en las redes sociales.
Jorge Wated, presidente del Directorio del Instituo Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), ha reconocido que se ha enviado a la Contraloría más de 614 denuncias sobre contratos con posibles irregularidades; y, a la Fiscalía otras diez. En la actualidad están intervenidos 14 hospitales. Y las denuncias seguirán porque es un problema detectado en todo el sistema de salud, aseguró.
El problema, según Wated, no solo ha sido en bolsas para embalar cadáveres, sino en mascarillas y visores. También existirían 18 pagos de contratos para la compra de insumos que nunca llegaron a los hospitales. Son casos investigados por la Fiscalía en Imbabura, Los Ríos, Guayas, El Oro… y se seguirán interviniendo otras dependencias a escala nacional porque la investigación no solo será en función del hospital que ha hecho la compra, sino en la cadena de las proveedoras del Estado.
Por la gravedad de las denuncias, la Fiscalía ha actuado con la celeridad que ameritaba con allanamientos en oficinas, dependencias públicas y empresas proveedoras del Estado, las beneficiarias de esos contratos. Pero ¿por qué el correísmo se siente tocado por las investigaciones sobre las denuncias de compras públicas con sobreprecios?
Porque es un problema estructural, que ha estado ahí durante diez años, perfeccionado en tantas emergencias que permitían la contratación discrecional, sin concursos ni licitaciones, en un aire de impunidad. En todo ese tiempo, el Consejo de Participación Ciudadana vivía en las nubes de la calificación de 100 sobre 100 a supuestos personajes honestos y de manos limpias.
Ese Consejo fue la fuerza de choque del correísmo para minar toda institucionalidad. Hasta que llegó la consulta popular y un Consejo a cargo de Julio César Trujillo desnudó la perversidad de esa institución mientras limpiaba los organismos de control. Luego de eso, sus funciones quedaron en entredicho, sus atribuciones debían volver a sus cauces originales. Pero se la dejó ahí como un fantasma que intenta revivir en tiempos de crisis, paro aportar en el caos, y ver el momento de lazarse sobre instituciones como la Fiscalía o la Contraloría o la Corte Constitucional, todas las que dejaron de responder a las órdenes emanadas desde Bélgica.
Las investigaciones de la Fiscalía tal vez están tocando los últimos resquicios de un poder absoluto que todo lo resolvía en interminables sabatinas. ¿En todas las denuncias sobre compras con sobreprecios hay algún funcionario que no haya estado vinculado a los diez años de dominio absoluto del correísmo, donde había un solo jefe de todas las instituciones del Estado?
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