La Fiscalía dice que el secretario Anticorrupción de la Presidencia pone en riesgo investigaciones sobre corrupción en hospitales públicos

jueves, mayo 7, 2020

Las investigaciones se han visto afectadas en varias ocasiones por la información o requerimientos que se efectúan desde la Secretaría Nacional Anticorrupción a los diferentes fiscales que se encuentran a cargo de las investigaciones, según el Ministerio Público

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La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, cuestionó el accionar de la Secretaría Anticorrupción en las investigaciones por los presuntos casos de corrupción en hospitales públicos. En un oficio dirigido al Presidente de la República, con fecha del 6 de mayo de 2020, Salazar rechazó lo que considera injerencias de esta entidad en el trabajo de la Fiscalía.

“Desde el 16 de marzo de 2020, fecha en la que usted acertadamente decretó el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, a nivel del sistema de salud pública y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se han suscitado una serie de actos de corrupción, entre otros, aquellos derivados de la contratación de insumos médicos o equipos de bioseguridad necesarios para equipar y suministrar a los establecimientos que prestan servicios públicos”, dice el oficio.

“Bajo estas dolorosas circunstancias que le ha tocado enfrentar al país, desde la Fiscalía General del Estado y dentro del marco de sus competencias, se ha habilitado todo el aparataje para que, a través de las diferentes Fiscalías Provinciales, se inicien de oficio todas las investigaciones relacionadas con actos de corrupción derivados de la contratación pública en estado de excepción, y en todos los casos que se generan de la corrupción de funcionarios públicos, mismos que se tramitan desde la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción a nivel nacional”, indica.

“Actividades investigativas se han visto afectadas en varias ocasiones por la información o requerimientos que se efectúan desde la Secretaría Nacional Anticorrupción a los diferentes fiscales que se encuentran a cargo de las investigaciones, así como también por la información que se publica diariamente en redes sociales, sin ser sujetos procesales”, dice Salazar.

Ese accionar, según Salazar, causa preocupación, por cuanto, lejos de coadyuvar con la investigación penal alerta a los sospechosos o investigados y eleva el riesgo de fuga con la evidente destrucción de evidencia.

“Es necesario revisar cuáles son las funciones y atribuciones que por mandato constitucional y legal le corresponde a la Fiscalía General del Estado, así como, determinar cuáles son las atribuciones de la Secretaría Nacional Anticorrupción”, dice y recuerda que “el marco constitucional y legal que rige la convivencia social en el Ecuador otorga, de forma extremadamente clara, las atribuciones de perseguir delitos mediante el ejercicio de la acción pública penal a la Fiscalía General del Estado, como organismo autónomo de la Función Judicial”.

“Recae en la Fiscalía General del Estado la total responsabilidad de articular su aparataje institucional con el fin de cumplir única y estrictamente su mandato constitucional, sin que medie injerencias de ningún otro ente público estatal”, señala el oficio de Salazar enviado al primer mandatario.

“Es decir, Señor Presidente, que las actuaciones gubernamentales deben permanecer al margen de las competencias que Fiscalía General del Estado posee constitucionalmente, por lo tanto, resulta preocupante las actuaciones que se han venido realizando por parte de la Secretaría Nacional Anticorrupción, a través de su titular, el señor José De La Gasca, al emitir pronunciamientos en redes sociales que puedan poner en riesgo los operativos que la titular de la acción penal se encuentre gestionando”, dice la Fiscal.

La Fiscalía formuló el miércoles 5 de mayo cargos en contra de cuatro ciudadanos por el presunto delito de peculado, que se habría cometido en la contratación de insumos médicos para el hospital de Los Ceibos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

El Juez de Garantías Penales del Guayas ordenó la prisión preventiva y les dictó prohibición de enajenar bienes y vehículos, y el bloqueo de sus cuentas bancarias.

La Fiscalía inició esta investigación con base en un parte policial que informaba sobre denuncias ciudadanas, relacionadas con la compra de fundas para cadáveres por parte de dicha casa de salud, a un costo de $148, cuando en el mercado su valor sería de $12, en medio de la emergencia sanitaria y dentro de una contratación por $872 mil.