En total, 66.400 personas han sido desvinculadas entre marzo, abril y lo que va de mayo, según las cifras que presentó el ministro de Trabajo, Luis Poveda, ante la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional. De esas, 38 mil serían por acuerdo entre las partes, 5.883 acogiéndose a un supuesto caso fortuito o fuerza mayor y 3.900 por despido intempestivo, entre otros argumentos legales.
“La ley establece que todas estas actas de finiquito pueden ser impugnadas ante un juez de trabajo, dentro de los 3 años de la terminación de la relación laboral”, dijo Poveda.
Las empresas han solicitado la suspensión temporal de las actividades laborales para 487 mil trabajadores, 400 mil personas se han acogido al Teletrabajo, la reducción de la jornada laboral por seis meses están registrados 174 mil trabajadores y en la modificación de la jornada laboral 25 mil.
“Ellos están dispuestos, una vez que se reactiven las actividades normales, a restituir a sus trabajadores”, afirmó el ministro quien reiteró que existen 6.854 denuncias a través de canales digitales de atención; en redes sociales, 660; es decir 7514 denuncias que están en conocimiento del Ministerio de Trabajo. De ellas, 2850 son de despidos intempestivos; no pago de liquidación 720; por terminación laboral, caso fortuito, fuerza mayor 3259; por acoso laboral 23; y no pago de jubilación 2.
Poveda Velasco también subrayó que el Covid 19 podría ser considerada una enfermedad profesional o un accidente de trabajo, siempre y cuando se pudiera establecer, de forma científica o con métodos adecuados, las condiciones y la práctica nacional, la relación causa-efecto entre la exposición del virus que causa la enfermedad con la actividad laboral que ejecute el trabajador, tal como lo señala la Organización Internacional del Trabajo.
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