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Rafael Correa fue sentenciado a ocho años de prisión en la investigación de la mayor trama de sobornos del siglo

martes, abril 7, 2020
Sobre la participación del exsecretario de la Presidencia Alexis Mera, el Tribunal señaló que fue determinante en la estructura de corrupción. Tuvo un amplio poder de decisión y fue beneficiario de al menos $365 mil, por servicios jurídicos verdes. El procesado cumplía una doble función en esta estructura (…) por lo que tiene la calidad de coautor directo
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El ex presidente Rafael Correa fue declarado culpable por el delito de cohecho y condenado ocho años de prisión y pérdida de derechos por 25 años, por Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por el Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez, en el marco de la investigación realizada por la trama de sobornos contra el expresidente y otros 20 procesados entre sus más cercanos colaboradores y empresarios. Y al resto de procesados a ocho años de prisión en primera instancia por el delito de cohecho agravado, a Pamela MartÍnez 38 meses de prisión. El comiso de bienes y reparación integral para todos.

El Tribunal declaró su competencia y la validez procesal, y señaló que, con base en un análisis doctrinario, en este caso sí existe la materialidad de la infracción como cohecho pasivo propio agravado, con la finalidad de cometer otros delitos.

León indicó que la víctima del delitos es el Estado y que el Tribunal consideró tras su análisis que la parte objetiva del delito está completa y probada, es decir que la Fiscalía demostró la existencia de una estructura de corrupción.

El Juez ponente del Tribunal del CNJ dijo que se ha comprobado que los pagos realizados a la estructura eran reportados a nivel jerárquico superior, es decir a Rafael Correa y Jorge Glas.  Tanto dinero no puede ocultarse fácilmente, mucho menos si era manejado por su asesora (Pamela M.), aseguró. El Tribunal consideró que, efectivamente, Rafael Correa, tenía conocimiento de los fondos indebidos para posicionar su movimiento político.

Sobre la participación del exsecretario de la Presidencia Alexis Mera, el Tribunal señaló que fue determinante en la estructura de corrupción. Tuvo un amplio poder de decisión y fue beneficiario de al menos $365 mil, por servicios jurídicos verdes. El procesado cumplía una doble función en esta estructura (…) por lo que tiene la calidad de coautor directo.

El Tribunal aseguró que María de los Ángeles Duarte es coautora del delito (cohecho) dentro de la referida estructura de corrupción, porque, cuando se desempeñaba como funcionaria pública (en dos ministerios distintos) recibió dineros ilícitos.

El Tribunal consideró que se ha comprobado que los pagos realizados a la estructura eran reportados al nivel jerárquico superior, es decir a Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glas.

Desde las 10:00, el juez León, presidente del Tribunal de Juicio del caso que analizó el delito de cohecho, dio inicio a la audiencia para conocer si aceptan o no la acusación en calidad de autor mediato contra Correa y de autores directos contra 19 procesados más, entre exfuncionarios públicos, una asambleísta y empresarios, que hizo la fiscal general Diana Salazar.

El 5 de marzo pasado, por dominio de organización, en su calidad de funcionario público por tener y haber ejercido el poder absoluto y dominio sobre la estructura criminal, así como por haber sido beneficiario directo de los sobornos, la fiscal general Diana Salazar solicitó al Tribunal de Juicio del caso Sobornos, que al expresidente Correa se le aplique la máxima pena aumentada en un tercio por la agravante de haber cometido el delito en pandilla.

Esa misma pena, pero en calidad de autores directos, se pidió para el exvicepresidente Jorge Glas; para el exsecretario jurídico, Alexis Mera; para los exministros María Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado; para las exasesoras Pamela Martínez y Laura Terán; para el exlegislador Christian Viteri; y la asambleísta Viviana Bonilla.

De ellos Salazar dijo que de forma directa e inmediata gestionaron la recepción de sobornos, facilitaron beneficios a los empresario a través del otorgamiento de contratos, convenios de pago y asesoramiento en esta estructura, recaudación, registro, así como también fueron beneficiarios de los sobornos.

De los once exfuncionarios públicos acusados, solo Yamil Massuh, exasesor de la ministra Duarte, no fue incluido en la acusación. Fiscalía definió que él solo cumplía órdenes de su superior para trasladar dinero, así como lo habría hecho Gustavo Bucaram con Bonilla, Pedro Espinosa con Mera o Christian Paredes con Terán.

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