Venezuela es una bomba de tiempo

Pese a que durante muchos años el gobierno venezolano se jactó de haber recuperado la petrolera estatal PDVSA para el pueblo, la emergencia energética declarada a mediados de febrero y el anuncio de la creación de una comisión especial, para reflotar la compañía nacional de petróleos, acentúa la sospecha de un plan del presidente Nicolás Maduro, para su privatización.

Entre los potenciales compradores se señala a la petrolera estatal rusa, Rosneft. Sin embargo, un informe reciente de la consultora Torino Economics señala que “ampliar la participación de empresas extranjeras en el negocio petrolero luce inevitable en Venezuela”.

La compañía necesitaría de una gran inversión y un plan de viabilidad. PDVSA fue durante años el buque insignia de la “Revolución Bolivariana” fundada por Hugo Chávez, utilizada además, para financiar generosos programas asistenciales que favorecieron su popularidad.

Sin embargo, en los últimos años cayó en una profunda crisis debido al declive económico, las sanciones y, según numerosas denuncias, la falta de inversiones y la corrupción.

PDVSA llegó a producir a finales de la década de 1990 cerca de 3,5 millones de barriles de crudo, pero según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), su producción ha caído hasta los 733 mil. El desplome del precio del petróleo originado por el impacto económico del nuevo coronavirus y la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita, pone sobre el tapete el destino de la petrolera venezolana, que intenta dar patadas de ahogado.

A ello se suma que las sanciones de Estados Unidos prohíben los negocios con entidades gubernamentales venezolanas, por lo que sin la aprobación del Departamento del Tesoro será difícil que el gobierno pueda cerrar acuerdos con petroleras importantes. Esto, pese a que Rusia siempre ha hecho y dicho lo contrario de lo dispuesto por los Estados Unidos, en especial con respecto al tema venezolano.

Sin embargo, el sector petrolero exige grandes cantidades de inversión y ni Rosneft ni otras empresas querrán hacer inversiones de envergadura por la incertidumbre global y en especial por la situación política de Venezuela.

Venezuela es una bomba de tiempo que en cualquier momento va a estallar. La crisis en ese país ha trascendido las fronteras y otros países de la región han heredado ese problema. Según la Plataforma Regional de Naciones Unidas, 4,9 millones de personas han abandonado la nación.

Para renovar la presión contra Maduro, la oposición liderada por Juan Guaidó llamó a una movilización el 10 de marzo pasado, que aspiraba llegar a la sede del legislativo que desde inicios de este año está tomada por las fuerzas de seguridad, que impidieron el paso de los manifestantes.

A esta última marcha se la puede considerar un éxito, porque los ciudadanos volvieron a salir a las calles, pese a tener un gobierno que mata o desaparece a quienes salen a marchar. La oposición había abandonado desde hace varios meses las protestas ante el desánimo y el temor de la población.

Durante 2019 Guaidó encabezó multitudinarias movilizaciones y un fallido alzamiento militar contra Maduro, quien logró superar la crisis gracias, en parte, al respaldo del alto mando militar y el apoyo de países como Rusia, China, Turquía y Cuba.

La tensión política y los ataques contra opositores fueron mencionados por la Alta Comisionada Michelle Bachelet, en la actualización oral de su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. En este se enfatizó que “los actos de violencia de fuerzas de seguridad y simpatizantes del gobierno contra parlamentarios de la oposición” y que las agresiones “suelen estar acompañadas por una retórica que estigmatiza, expone y desacredita a las víctimas y justifica la violencia”.

Sin embargo, la única manera de palear la crisis es seguir marchando y saliendo a las calles. La intervención de la comunidad internacional también es urgente y necesaria en un país en donde los derechos humanos no existen.