Un alivio financiero es vital en la crisis actual

sábado, marzo 21, 2020

Para afrontar emergencias como la actual, la banca ecuatoriana sí está en capacidad de reestructurar o diferir el pago de las obligaciones financieras que sus clientes tengan, dado que, como sostiene el Presidente de la Asobanca, es un sector sólido que cerró el año 2019 con cifras récord de capitalización ($5000 millones), además de altos niveles de provisiones (226%) y liquidez (26%)

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Tratando de alivianar la situación y los efectos ocasionados por la pandemia del nuevo coronavirus, el lunes 16 de marzo la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) decidió aplazar el cobro de cuotas, hasta por 60 días correspondientes a microcréditos, así como a los créditos de consumo y productivos otorgados a pequeñas empresas, pudiendo diferir el pago de éstas sin intereses por mora y sin recargo al final del período originalmente acordado. Es importante indicar que esta medida NO contempla las deudas adquiridas con tarjetas de crédito. Sin embargo, la banca sí contempla la posibilidad de reestructurar los demás tipos de deudas (incluidas las deudas con tarjeta de crédito). Por lo tanto, la banca ha tomado ya la decisión de “congelar” hasta por 60 días el pago de las obligaciones descritas para los deudores que lo soliciten.

Con respecto a los tarjetahabientes, se espera que la banca privada brinde alternativas específicas que permitan un refinanciamiento oportuno a quienes lo requieran. Tomando en cuenta que el número de tarjetas circulantes en Ecuador ha crecido exponencialmente en los últimos años hasta superar las 3,12 millones y que cerca de 400 mil personas poseen hasta tres tarjetas de crédito. Es importante recordar que habrán casos en los cuales algunos tarjetahabientes no podrán cancelar ni el monto “mínimo” que los bancos emisores establecen.

Frente a ello, la banca podría dar la alternativa de diferir el total de la deuda, en lo que a crédito corriente se refiere y así dicho cliente pueda pagar en “cuotas” que sean menores al “monto mínimo” actual, esto les generaría un “alivio financiero”. Por ejemplo, si una persona/tarjetahabiente tiene una deuda de $5000 (crédito corriente) y no puede pagar el mínimo establecido (supongamos $400), el banco emisor puede diferir en cuotas mensuales el monto total de la deuda a una determinada cantidad de meses con los respectivos intereses.

Por último, si bien la economía ecuatoriana aún no se recupera de las pérdidas derivadas de las movilizaciones de octubre del 2019, que afectan la cadena de pagos en el país, merece especial atención indicar que para afrontar emergencias como la actual, la banca ecuatoriana sí está en capacidad de reestructurar o diferir el pago de las obligaciones financieras que sus clientes tengan, dado que, como sostiene el Presidente de la Asobanca, es un sector sólido que cerró el año 2019 con cifras récord de capitalización ($5000 millones), además de altos niveles de provisiones (226%) y liquidez (26%). Por supuesto, merece comentar que estas posibles acciones de alivio financiero para los tarjetahabientes y demás deudores de la banca deben diseñarse e implementarse en el contexto de un manejo prudente de los depósitos, que los ecuatorianos tienen en estas instituciones, las cuales al final del día son “intermediarios financieros” (captan dinero de los depositantes y canalizan dichos recursos mediante acciones como la colación de préstamos).

Para establecer un mecanismo de reprogramación de deudas habría que analizar la situación de cada uno de los deudores tomando en cuenta criterios como por ejemplo el monto de la deuda, el historial crediticio de ese deudor, qué tan serio ha sido en sus pagos y qué tan sensible ha sido el sector al cual pertenece ese deudor, ya sea persona natural o jurídica, con respecto a la actual crisis económica derivada de la epidemia del COVID-19. Es importante diferenciar y analizar cada uno de los casos, para que en función de ello la banca tome las acciones pertinentes.

Sin embargo, el Gobierno Nacional también ha planteado reducir el salario a los empleados públicos que ganen más de $1500, en un 8% y a los servidores públicos que ganen desde $801 hasta $1500, el 5%.

Más allá del tema del legal, desde el punto de vista económico hay que ser muy cauto, si a los trabajadores del sector público se les reduce su sueldo, tendrán un ingreso menor disponible y quienes tenían deudas o ya contaban con un presupuesto ajustado, enfrentarán serios problemas de liquidez en sus finanzas personales.

Ese tipo de medidas van a contraer más la economía, si bien es cierto el Gobierno puede ganar un poco de liquidez en lo que a caja fiscal se refiere, el efecto negativo de este tipo de acciones motivan una mayor contracción de la economía. En estos momentos, lo que menos se necesitan son ese tipo de medidas de ajuste fiscal, al contrario se requiere más bien una política fiscal expansiva. En este sentido lo que se debería tomar en cuenta, es el planteamiento que se ha realizado, sugiriendo la posibilidad de posponer el pago de la deuda externa en lo que al corto plazo se refiere. El dinero que no se destine a este pago inyectaría liquidez al Gobierno Central, quien podrá aumentar el gasto público para así contribuir a dinamizar la ya “contraída” economía ecuatoriana, para tratar de mitigar en lo posible, los efectos económicos derivados de la actual epidemia.

Asimismo, el Gobierno debe poner especial énfasis a la microempresa considerando que dentro del sector empresarial ecuatoriano más del 90% de las empresas legalmente constituidas son pequeñas. Donde varias de dichas empresas usualmente tienen un capital de trabajo limitado, para amortiguar disminuciones importantes de ingresos, que se podrían derivar de situaciones como las que estamos viviendo. Algunas empresas soportarían solo un mes por ejemplo.

Si una empresa pequeña se queda sin liquidez para pagar la nómina, se contribuye a una ruptura en la cadena de pagos en la economía. La empresa no le paga a los trabajadores, ellos no pueden pagar sus deudas o cubrir otros gastos de educación, alimentación, salud… y eso provoca un efecto dominó en la economía. Mientras otros Gobiernos han anunciado incentivos puntuales para tratar de sostener al sector empresarial, nuestro Gobierno no lo ha hecho con la suficiente claridad del caso. Si bien se ha hablado de reestructurar deudas a las empresas que tengan obligaciones con la Corporación Financiera Nacional (CFN), BanEcuador y otras instituciones de la banca pública, así como ofertar créditos a las empresas pequeñas, no se dice cuánto es el monto que se pretende destinar para ello. Cuando un Gobierno hace anuncios se espera que sea lo más concreto en este tipo de anuncios, para que los actores de la economía tengan un poco más de tranquilidad.

Asimismo, Gobiernos como el de Brasil y Bolivia han destinado importantes sumas de dinero para la creación de bonos para las personas de escasos recursos económicos, con el fin de que los sectores más vulnerables de la economía puedan realizar compras básicas. El Gobierno Nacional podría replicar ese tipo de acciones como crear un bono redimible, para que las personas en situación de vulnerabilidad tengan acceso a la compra de alimentos básicos. De acuerdo a las estadísticas oficiales, sólo tres de cada 10 ecuatorianos tienen empleo formal, mientras que varios de los otros siete restantes viven del día a día. A ellos se podría destinar este tipo de incentivos porque son un sector muy vulnerable de la sociedad.