El informe “Índice de la percepción de Corrupción 2019” de Transparencia internacional, ubica al Ecuador en el puesto 93 a nivel mundial, por encima de países como Colombia (96), Panamá (101) o Brasil y Perú (106). En el mismo estudio aparecen Argentina (66), Chile (21) o la sorprendente Uruguay (21) como los Estados con los índices de percepción de la corrupción más bajos de Latinoamérica. Aunque existe una mejoría en cuanto a la ubicación de Ecuador en relación con otros países de la región con un avance de 6 puestos en el ranking entre 2015 y 2019, se sigue percibiendo desconfianza de la población en las instituciones, la democracia y la justicia, un fenómeno que también se percibe en la región. Según el informe “Corrupción y Derechos Humanos” de la CIDH, la corrupción genera en las sociedades latinoamericanas un doble impacto tanto en lo económico como en la confianza de las personas, socavando la legitimidad de las instituciones democráticas, amenazando la paz y el desarrollo integral de los pueblos. A decir de la Comisión, se proyecta un mensaje equivocado a las sociedades mostrando cómo las autoridades utilizan al Estado para beneficios personales y cómo la corrupción limita al Estado para dar cumplimento a las obligaciones con los derechos humanos. La insatisfacción con la democracia y la percepción de una corrupción latente, han desvirtuado el capital social de la ciudadanía y reducido la participación de ésta.
El debilitamiento de la democracia impacta no solamente en el crecimiento económico, sino también en el deterioro de los derechos humanos, las desigualdades sociales, el incremento de la violencia y la gobernabilidad, no únicamente en Ecuador sino diseminándose como una epidemia a nivel regional. Los graves escándalos de corrupción que hemos vivido en los últimos años y la impunidad han debilitado la aceptación y la credibilidad de los políticos en general, demostrándonos que la corrupción está directamente relacionada con la calidad de las democracias.
El respeto a los principios democráticos es fundamental para el logro de sociedades pacíficas e inclusivas, con salud, bienestar y justicia social, basadas también en el reconocimiento, respeto y pleno ejercicio de los derechos humanos, equidad, diversidad, convivencia armónica y los principios de cohesión, justicia, libertad y solidaridad.
Una encuesta de CEDATOS (estudios de opinión) sobre el escenario hacia las elecciones del 2021 tiene información actualizada que data del 19 y 20 de febrero de 2020. Las preguntas realizadas a los encuestados tienen que ver con la percepción de la ciudadanía sobre la democracia como una perspectiva frente a las elecciones del 2021. El 67,2 % del total de los encuestados considera a la democracia como la mejor forma de gobierno y rechaza las dictaduras ya sean civiles o militares, siendo tres cuartas partes de los encuestados menores de 25 años. El 27% está satisfecho con la forma en cómo funciona la democracia en el país, el 73% no lo está. Se aprecia claramente que los ecuatorianos encuestados en este estudio coinciden en que la democracia es una forma adecuada de gobierno y ven con mucha preocupación el manejo del sistema democrático en nuestro país.
Actualmente internet y en especial las redes sociales se han convertido en un canal directo de comunicación entre los candidatos y los votantes, en especial con los más jóvenes. En Ecuador, en un año preelectoral hemos visto durante algunos meses una serie de mensajes, encuentros con ciudadanos, propuestas o declaraciones de reconocidos personajes de la política nacional utilizando como estrategia el uso de las redes sociales, lo cual podría considerarse como propaganda electoral anticipada, entendida como la intención encubierta de pedir el voto en un tiempo vetado por la ley, antes de la inscripción de una candidatura. Este acto, busca la construcción aventajada de la imagen de una persona o un plan de gobierno que llegaría a ejecutar si resultara electo, un instrumento de persuasión que tiene como intención convencer al votante de optar por una determinada alternativa que se le ofrece, influyendo aventajadamente en la preferencia del elector como resultado de la constante difusión mediática.
Las últimas reformas que se realizaron a la Ley Orgánica Electoral del Código de Democracia en su artículo 278, sobre infracciones electorales graves y los casos en los que aplica una sanción, en su numeral 7 menciona superficialmente a la campaña anticipada. Ecuador, no cuenta con una normativa clara que permita a los políticos u organizaciones, la utilización de las redes sociales con fines proselitistas. Esta es una de las falencias de la reforma que salió a relucir hace poco tiempo, ya que, al no contar con un órgano regulador, tipificación o reglamentación básica que permita normar la campaña anticipada y el uso de las redes sociales de los notorios precandidatos, no hay forma jurídica de sancionar o regular a las organizaciones políticas o personajes de la política nacional. En cuanto a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), se ha podido evidenciar una pugna institucional interna con diferentes criterios sobre las definiciones y la reglamentación que deberían tener las redes sociales sin un pronunciamiento oficial.
Ecuador tiene un gran número de ciudadanos usuarios de redes sociales. Más de 12 millones son parte de éstas según el portal web PRIMICIAS en 2019. Facebook se considera como la red social más popular en la que el 70% de sus usuarios tienen entre 18 y 44 años, demostrando que la mayor cantidad de suscriptores a esta red se puede considerar población joven. Según expertos, los espacios virtuales son el lugar idóneo para que se produzca el debate político. Hoy las redes sociales se constituyen como una estrategia con la que políticos buscan posicionarse y ganar adeptos en tiempos donde su credibilidad y la confianza de la población se encuentran por los suelos.
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