La balada del lawfare

martes, febrero 11, 2020

Tal vez el expresidente tenga razón en algo, dijo que su caso es muy parecido al de su amigo Glas, al que acusó su otro amigo y exasesor leal, Carlos Baca Mancheno. Por ahí comenzó a revelarse la magnitud de lo ocurrido durante una década con los dineros del Estado

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La Corte Nacional de Justicia instaló la audiencia contra el exmandatario Rafael Correa, acusado de un presunto delito de fraude financiero durante su campaña y de aceptar millones de dólares en sobornos para sus campañas de grandes empresas, entre ellas Odebrecht, a cambio de contratos de obra pública. Grandes obras mal diseñadas, con fallas en la infraestructura por las que ahora compañías como Odebrecht pretenden cobrar el vuelto, tal como ocurrió u ocurre con los responsables de la crisis financiera de 1999.

Su argumento es que hay desesperación por evitar que sea candidato en febrero de 2021. La desesperación que ve en el supuesto complot para evitar que sea candidato es proporcional a su ambición por volver al poder y liberar a sus amigos como Jorge Glas o Alexis Mera de la cárcel y dar amnistías a los hermanos Alvarado. ¿Y luego volver a Bélgica donde tiene guardia de seguridad con su sueldo de expresidente?

La Fiscalía argumenta que los sobornos realizados durante el período que abarca la causa, de 2012 a 2016, superan los $7,5 millones. Mientras el expresidente alega que  no existe Justicia en Ecuador porque se ha convertido en un instrumento de persecución. En retrospectiva puede ser él mirándose al espejo, a los de Saraguro, a los de Luluncoto, a Edison Cocíos, a la Fundación Pachamama, a la UNE, a la Conaie…

Las preguntas de fondo son ¿por qué hay tanta obra pública inconclusa y con fallas?, ¿por qué grandes proyectos que costaron miles de millones no pueden estar 100 por ciento operativos?, ¿por qué se produjo un desvío en la cascada San Rafael?, ¿hubo un estudio sobre el impacto por construir tan cerca la represa Coca Codo Sinclair?, ¿por qué volvió Odebrecht luego del circo montado con su expulsión?

Esas preguntas parecen importar poco a los acusados de entregar contratos de obra pública a cambio de aportes.

“Un gobierno corrupto desprestigia la administración pública y traiciona la confianza del pueblo”, dijo la Fiscal Diana Salazar. Al expresidente lo que le importa es que si la sentencia saliera en noviembre todavía podría inscribirse como candidato porque como sería sentencia de primera instancia podría apelar. Lo dijo en una entrevista con Rusia Today, su canal favorito.

Ningún argumento en torno a los sobreprecios. Nada sobre las maletas de dinero que recibía el tío del exvicepresidente en la suite de un hotel cinco estrellas en Quito. Nada sobre las obras inconclusas. Nada sobre los favores recibidos de grandes contratistas del Estado por su movimiento político. Si él fuera presidente y otro estuviera en su lugar ya habría salido en sabatinas, cadenas y demás a decir que nadie puede jugar con nuestra justicia. Pero como está en el banquillo de los acusados, lawfare, su verdugo imaginario.

Tal vez el expresidente tenga razón en algo, dijo que su caso es muy parecido al de su amigo Glas, al que acusó su otro amigo y exasesor leal, Carlos Baca Mancheno. Por ahí comenzó a revelarse la magnitud de lo ocurrido durante una década con los dineros del Estado.