Que la justicia no olvide a Juliana Campoverde

sábado, diciembre 21, 2019

Ecuador ha vivido un fenómeno particular: una vez superados los regímenes dictatoriales, el problema de la desaparición persiste. ¿Cuáles son las cifras de desparecidos?, ¿Qué se ha hecho al respecto? El 17 de julio de 2019, Gabriela Flores, de la Universidad San Francisco de Quito, analizó el caso de Juliana Campoverde, desaparecida desde julio de 2012.

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La audiencia preparatoria de juicio en contra de Jonathan C., implicado en la muerte de la desaparecida Juliana Campoverde, se reinstalará el próximo 2 de mayo en el Complejo Judicial Norte.

En este caso, la investigación previa se abrió el 7 de julio de 2012, día en que esta joven ecuatoriana desapareció; sin embargo, se mantuvo en fase pre procesal hasta el 3 septiembre de 2018.  Desde esa fecha, el caso fue judicializado, es decir, se formularon cargos en contra del sospechoso y se abrió tanto la fase de instrucción fiscal como el proceso penal oficialmente. Es importante recalcar que, en el periodo comprendido entre 2012 y 2018, el caso pasó por manos de doce fiscales distintos quienes obstaculizaron la investigación; fue finalmente la fiscal Mayra Soria -actual autoridad a cargo del caso- quien permitió que la investigación avanzara y se dictaran medidas en contra del sospechoso.

El expediente de este proceso consta de 130 cuerpos y el delito que se investiga es el de secuestro extorsivo con resultado de muerte, pues hay indicios suficientes que apuntan al cometimiento de dicha infracción. Incluso el procesado, ahora detenido, se sometió en el 2018 a un proceso de cooperación eficaz, a través del cual reveló a la Fiscalía que Juliana había muerto a manos suyas y que, con el fin de deshacerse de la evidencia, había lanzado su cuerpo en la quebrada de la zona de Bellavista, en Quito. Sin embargo, en términos prácticos, Juliana Campoverde sigue desaparecida hasta el día de hoy, pues nunca fue posible dar con sus restos, a pesar de los esfuerzos de la Policía.

La desaparición de personas no es una problemática social nueva; ha venido golpeando al Ecuador desde la década de los 80. No obstante, durante las primeras décadas, tenía una caracterización particular: se trataba de desapariciones forzadas, es decir, delitos perpetrados por agentes estatales. En ese sentido, el Informe de la Comisión de la Verdad estableció que ocurrieron al menos 17 casos de desapariciones forzadas durante su periodo de estudio, comprendido entre 1984 y 2007. Esa era la única forma de desaparición de personas que conocía el país: aquella que se daba en  el contexto de un gobierno autoritario, que utilizaba la fuerza pública para afectar a ciudadanos que se oponían a su régimen. Chile, Argentina y Perú fueron también testigos de estas violaciones  a los derechos humanos, durante sus épocas de dictadura respectivamente.

Pero Ecuador ha vivido un fenómeno particular: una vez superados los regímenes dictatoriales, el problema de la desaparición ha continuado. Según cifras oficiales de Fiscalía, anualmente se presentan diez mil denuncias de desaparición y, en los últimos años, existen alrededor de mil quinientos casos de personas desaparecidas que no han podido ser resueltas por los entes competentes[1]. Algunos de estos sucesos podrán involucrar a agentes estatales, pero la gran mayoría se refiere a crímenes cometidos entre particulares, en los que el Estado no ha tenido participación, pero frente a los cuales ha develado una inacción generalizada.

Aunque, en términos penales, esa inacción no convierte al Estado ecuatoriano en cómplice, sí es posible sostener que la falta de políticas de prevención así como la investigación deficiente, se configuran como violaciones a los derechos humanos y, por tanto, pueden acarrear responsabilidades internacionales para el Estado Ecuatoriano.

Incluso, en el mes de septiembre del año pasado, se llevó a cabo una audiencia temática –un mecanismo de acción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- relativa al tema específico de las personas desaparecidas en el Ecuador. Esta audiencia fue solicitada por organizaciones de la sociedad civil, quienes denunciaron las falencias del accionar estatal y requirieron respuestas de los representantes del Estado Ecuatoriano. Los comisionados de la CIDH ante quienes se sustanció esta audiencia, recalcaron lo alarmante que resulta la alta incidencia de esta problemática en un país que ya no se encuentra envuelto en regímenes de dictadura, e instó al Ecuador a implementar las medidas necesarias para prevenir y combatir esta realidad social.

La desaparición es, probablemente, el crimen más perverso. Tras la persona desaparecida está una familia que espera ansiosa la verdad  y la sanción a los culpables, si procede. El caso de Juliana no es la excepción. Su madre -Elizabeth-, su padre –Absalón-, su hermano -Rony- así como toda su familia y quienes la conocieron, esperan que se haga justicia y que los responsables sean sancionados. Este jueves, la Jueza de Garantías Penales a cargo tiene en sus manos la oportunidad de dictar auto de llamamiento a juicio y permitir que la justicia llegue en este caso, aunque sea tarde.

Esperamos que así sea.

[1] Las  cifras  llevadas por Fiscalía no nos permiten llegar a posibles conclusiones, pues no existe un registro estadístico responsable. Por ejemplo, las estadísticas de Fiscalía  apenas datan del año 2013 en adelante –dejando en impunidad y olvido los caso ocurridos con anterioridad.

Después de 7 años de espera, llegó la justicia para #JulianaCampoverde. El pastor Jonathan Carrillo es condenado a 25 años de privación de la libertad por el delito de secuestro extorsivo y se ordena una indemnización de $100.000 para la familia. #HoyVaPorTiJuly

— Gabriela Flores (@gaby_flores13) 17 de julio de 2019