Bachelet llamó a que las manifestaciones sean pacíficas, tras crudo informe sobre el paro de octubre

viernes, noviembre 29, 2019

Según las cifras suministradas por entidades de la sociedad civil, hubo más de 100 agresiones a periodistas, realizadas tanto por las fuerzas de seguridad como por los manifestantes

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Los disturbios registrados entre el 3 y el 13 de octubre pasado en Ecuador tuvieron un alto costo humano, según la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien instó a todos los actores a que dialoguen para prevenir nuevos conflictos.

“Las personas deberían poder expresar sus quejas sin temor a ser lesionadas o detenidas. Al mismo tiempo, es importante que los manifestantes no recurran a la violencia”, dijo, según un comunicado de su oficina.

La funcionaria pidió investigaciones independientes, imparciales y transparentes sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos y abusos en Ecuador y el saqueo y la destrucción de propiedades públicas y privadas, entre otras, perpetrados durante las protestas.

Por invitación del Gobierno ecuatoriano, la Oficina de la Alta Comisionada envió una misión que permaneció en Ecuador del 21 de octubre al 8 de noviembre, para recopilar información de primera mano e identificar posibles abusos y vulneraciones de derechos humanos ocurridos en el contexto de las protestas.

La misión se entrevistó, entre otros, con funcionarios del gobierno y con representantes de la sociedad civil, grupos indígenas, periodistas, sindicalistas, trabajadores del sector sanitario y empresarios. En total, la misión realizó 373 entrevistas, de las que 83 fueron con víctimas individuales. El equipo estuvo además en tres centros de detención y realizó visitas sobre el terreno Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y Guayas.

Durante los 11 días de disturbios sociales, según el informe de esa misión, al menos nueve personas murieron y 1.507 resultaron heridas, entre las que figuraban 435 miembros de las fuerzas de seguridad. El número de detenidos ascendió a 1.382. Hay denuncias de que muchas fueron detenidas arbitrariamente, se indica en el comunicado.

El equipo recibió informes procedentes de víctimas y testigos que indican que la actividad represiva de los agentes del orden no se ajustó a las normas y a los criterios internacionales, entre otros aspectos por el empleo innecesario y desproporcionado de la fuerza. Los agentes del orden incluyeron a la Policía y a los militares, estos últimos desplegados tras la declaración del estado de excepción.

Las víctimas y testigos denunciaron el uso reiterado por parte de las fuerzas de seguridad de gases lacrimógenos y perdigones disparados a corta distancia contra los manifestantes. “El uso de gases lacrimógenos y perdigones causaron cientos de heridos y posiblemente algunas de las muertes”, se destaca en el informe.

Bachelet reconoció que la Fiscalía y la Policía han iniciado 17 y 31 investigaciones respectivamente, pero también hace hincapié en la “importancia de que se indaguen las circunstancias que rodearon a todas las muertes y los casos de heridos graves”. También recalca la necesidad de que se revisen los protocolos internos relativos al uso de la fuerza y que las autoridades se aseguren de que dichos procedimientos se ajustan a las normas y los criterios internacionales.

En el informe también se destaca que algunos manifestantes también recurrieron a la violencia y varios individuos sin identificar han sido acusados de incitar a la violencia y de ejercerla. Durante la jornada se dieron disturbios, bloqueos de carreteras, saqueos, ataques contra docenas de ambulancias, incendios intencionales, destrucción de propiedades públicas y privadas, cortes del suministro de agua, y daños a instalaciones de producción de petróleo.

Según datos gubernamentales obtenidos por la Oficina de la Alta Comisionada, más de 400 agentes de la policía y militares fueron retenidos contra su voluntad, y en varios casos fueron sometidos a vejaciones y malos tratos.

Según las cifras suministradas por entidades de la sociedad civil, hubo más de 100 agresiones a periodistas, realizadas tanto por las fuerzas de seguridad como por los manifestantes.

La señal de algunos medios de comunicación fue cortada, especialmente en El Arbolito, en Quito, el 10 de octubre, y una de sus sedes fue allanada por la policía, lo que apunta a un esfuerzo deliberado de restringir su capacidad de transmitir y recibir información, que es un elemento fundamental del derecho a la libertad de expresión y opinión. Grupos violentos incendiaron parte del edificio de Teleamazonas y atacaron con violencia el diario El Comercio.