Diana Salazar

lunes, abril 1, 2019

Nadie pide venganzas, solo justicia. Y Diana Salazar está llamada a ser una pieza clave en el proceso de reinstitucionalización del país tras diez años de tener un presidente que se creía presidente de todas las funciones del Estado, que creía tener la última palabra en todo

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Diana Salazar era, sin duda, el mejor prospecto para ocupar el despacho de la Fiscalía General del Estado, una institución que en los últimos diez años fue tomada por el correísmo para perseguir a sus opositores políticos gracias a un Consejo de Participación Ciudadana puesto a su servicio por la Constitución de Montecristi.

Gracias al control de la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura, dirigidas por Galo Chiriboga y Gustavo Jalkh, los dos cercanos colaboradores del expresidente Correa, la justicia fue manejada al antojo del correísmo. Temas como el comecheques, la narcovalija, los créditos a Duzac, el mismo caso Cofiec fueron enredándose hasta quedar en nada. Muertes extrañas como el caso Gabela trataron de ser archivadas como delitos comunes.

Pero no solo fue una década de ocultamiento, también lo fue ensañamiento y persecución, sobre todo tras la sublevación policial del 30 de septiembre. Decenas de personas fueron perseguidas por un aparto de justicia al servicio del correísmo, de un presidente que ya estaba de retirada, pero gracias a ese guión pudo recuperar el protagonismo político mermado.

Diana Salazar Méndez, de 38 años de edad, tiene ahora el reto histórico de devolverle credibilidad a esa institución tras ganar un reñido concurso en el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio en donde su candidatura solo fue impugnada por un correísta, cuya prueba era el recorte de una periódico sobre la desaparición de una cooperación internacional en el caso de los sobornos en la FIFA, caso por el que llevó al banquillo al entonces todavía poderoso presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga.

Salazar también formó parte de la investigación sobre la trama de sobornos montada en Ecuador por la constructora brasileña Odebrecht, con la que fue sentado en el banquillo de los acusados y condenado el ahora exvicepresidente de la República, Jorge Glas.