La llegada de la banca internacional a Ecuador es cuestión de tiempo

Antes que nada, es necesario reconocer que la economía y la política están ligadas, por ende, todas las decisiones técnicas-económicas guardan siempre un componente político al ser implementadas en la sociedad.
Las decisiones económicas, analizadas en el aula, son muy diferentes a aquellas que se aplican en la sociedad. Una medida económica antes de ser implementadas debería pasar por la revisión, el análisis y la aceptación de los diferentes actores. Solo así podrá ser considerada una decisión económica y políticamente viable.

Decisiones análogas a la revisión de las tasas de interés para el cobro de las tarjetas de crédito fueron implementadas en regímenes anteriores, pero la comunidad no las ha conocido. Por eso, en aquellas ocasiones no existió oposición ninguna sino que más más bien fueron implementadas de manera diáfana.

En décadas anteriores, cuando el país respondía a modelos económicos de corte neoliberal, fue bastante común ver cómo la banca implementaba medidas aceptadas por los organismos de control sin estar, al menos, legitimadas por los usuarios de la banca; luego, cuando el gobierno pasó a manos del correísmo, las decisiones en el ámbito financiero, muchas veces ni siquiera respondían a un análisis técnico de la Junta Bancaria, sino más bien eran dispuestas por su máxima autoridad y otra veces respondían incluso a intereses del mismo presidente de la República.

En esos años, el jefe de Estado tomaba decisiones económicas y financieras y las presentaba como medidas que limitaban el lucro de las grandes empresas, en las cuales estaban incluidas las grandes entidades financieras. Las comunicaba al país en las “sabatinas” y de esta manera las legitimaba, haciendo uso de su gran popularidad.
Con el nuevo gobierno, en donde las decisiones ya son socializadas y comunicadas oportunamente a la ciudadanía, hay un regreso al debate, necesario para sacar adelante las decisiones financieras.

En resumen, hemos tenido un vaivén de medidas financieras, con épocas en las cuales la banca tenía grandes privilegio; otros momentos en los que tenía menos privilegios y el gobierno tomaba decisiones, hasta cierto punto verticales, y momentos en los cuales las decisiones financieras intentan adoptarse, al menos de manera informada, con la participación de los diferentes actores del sistema financiero.

El punto medio entre la verticalidad de las decisiones financieras y los grandes privilegios de la banca debería ser siempre aquel donde participen todos los actores involucrados.

Todo pasa por reconocer que la banca es un sector que aporta a la economía con la movilidad de capitales, generación de puestos de trabajo, pero sobre todo en la generación de confianza en el flujo de dinero, pilar fundamental para el intercambio de bienes y servicios.

Para facilitar que los recursos lleguen desde los hogares hasta las empresas se necesita dinero; para que los recursos se transformen en bienes de producción tiene que que haber el dinero suficiente para generar el capital necesario; Más aun, para que los bienes terminados lleguen a los hogares el dinero funciona como medio de cambio. En conclusión, el dinero medido como oferta monetaria es la base del comercio, permite el intercambio y dinamiza el mercado.

A partir de este principio es importante reconocer que esta oferta monetaria la genera y la desarrolla (no la produce, ni la crea) el sistema financiero el cual cumple un papel fundamental en el flujo económico. Y con el sistema financiero nos referimos exclusivamente a la banca.

Para que la oferta monetaria, base del flujo económico pueda seguir creciendo, es importante que la banca tenga incentivos para operar. El Estado, por otro lado, está en la obligación de garantizar que la sociedad tenga las condiciones suficientes para trabajar, desarrollarse y aportar al desarrollo del país. La banca, como parte de la sociedad tiene que estar regulada, pero con un marco normativo que le otorgue suficiente libertad y seguridad para continuar expandiéndose.

Por supuesto que tiene que haber un equilibrio entre los intereses de la banca y el de los usuarios de la banca, pero es el mercado el que debe lograr ese equilibrio. A través de una tasa de interés de equilibrio, el mercado permite identificar la cantidad óptima de ahorros y la cantidad óptima de inversiones o préstamos.

Lo que el Estado debe hacer es ofrecer el marco regulatorio que permita a ambas partes trabajar en armonía, pero que sea conocido por todos. El gran malestar, por ejemplo, en el tema de los intereses en el pago de las tarjetas de crédito, fue la falta de información. La ciudadanía no tenía conocimiento del tema sino hasta un mes después de estar ya en vigencia y la medida pudo ser entendida como una interposición de la banca.

Una vez corregido ese error de comunicación, es necesario partir de cero y llegar a una negociación entre la banca, por intermedio de sus representantes, y la ciudadanía, por intermedio de sus organismos de vigilancia.

Ahora también es importante reconocer que el principal incentivo que puede tener la banca para desarrollarse, más allá de las tasas de interés, es la competencia justa, correcta y legal.

Lo que le corresponde al país ahora es abrirse a la banca internacional y a los capitales extranjeros para que puedan operar nuevas instituciones financieras; de esta manera la banca ecuatoriana tendrá un incentivo muy fuerte para buscar mecanismos que le permitan disminuir sus costos de transacción y operación lo que se traduciría en una disminución de la tasa de interés sin tener que necesariamente sacrificar sus rendimientos económicos.

Pero para que la banca internacional llegue al país, ésta debe tener la certeza de que gozará del legítimo derecho de propiedad, sobre todo ahora que el país ha entrado en una espiral de la lucha contra la corrupción y la recuperación de los dineros obtenidos ilícitamente. La banca internacional que aterrice en el país, en este contexto, puede sospechar que si comienza a operar en el Ecuador se la podría vincular con esos fondos ilícitos y así ver coartado su derecho a la propiedad.

Entonces, lo que el gobierno necesita es dejar claro cuál va a ser el alcance de esa lucha contra la corrupción en la ley que para el efecto impulsa. Y dar señales de que no habrá leyes o normativas adicionales. Esto, sobre todo, por los rumores que hay en torno a las nuevas leyes a expedirse para recuperar los fondos de la corrupción.

Lo cierto es que la llegada de la banca internacional al país es cuestión de tiempo. El gobierno, una vez que tenga listo el plan para combatir la corrupción y recuperar esos fondos obtenidos de manera ilícita, debe sellar en algún acuerdo de que ya no habrá más leyes o normativas en torno a ese tema.