La Fiscalía General del Estado (FGE) y el flamante Consejo de la Judicatura no están conformes con la resolución del Tribunal de Garantías Penales del Guayas que exculpó al exministro de Inclusión Económica y Social Iván Espinel del delito de peculado, relacionado con un supuesto perjuicio al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
La Fiscalía estudiará una apelación mientras la Judicatura ofrece una investigación a los actuación de los jueces Erwin Logroño, Smirnova Calderón y Dora Vargas.
El gobierno también se pronunció.María Paula Romo, ministra del Interior, calificó el hecho como indignante. “Este y otros casos que ofenden al país nos obligan a tener nuestros ojos puestos en la justicia. No es posible luchar contra la corrupción y el delito si fiscales y jueces no hacen su parte…”, tuiteó Romo el pasado viernes, una hora después de que los jueces fallaran a favor de Espinel y otros siete procesados.
César García, abogado de Espinel, señaló que como parte procesal la Fiscalía tiene derecho de apelar, pero aclaró que el Ministerio Público no probó que Espinel perjudicó al Estado. “Lo único que la Fiscalía aportó como prueba fue el indicio de responsabilidad penal de la Contraloría y el testimonios de los auditores…”.
Sin embargo, Espinel seguirá detenido. Hay otra causa en su contra por lavado de activos. García calificó de irresponsables las opiniones de funcionarios del CJ y del Gobierno “sin siquiera haber leído la carátula del expediente…”. Aseguró que los casos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito en contra de Espinel “tendrán que correr la misma suerte…”. (I)
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