El fenómeno de los diezmos hace tambalear a la vicepresidenta Alejandra Vicuña, aunque es bueno recalcar que los hechos sucedieron cuando se desempeñaba como asambleísta en el gobierno anterior.
Es, por supuesto, un tema que debe investigarse pero no podemos condenarla o absolverla hasta que la justicia no haya determinado las debidas responsabilidades, la mera denuncia no es suficiente. Mientras tanto, por el honor de la República, la vicepresidenta debe dar un paso al costado: no puede ser que la segunda magistratura esté ejercida por una persona que tiene una acusación de esa naturaleza por delante; si la investigación determina que es inocente, puede regresar.
Lo que no se puede tolerar son señales de inestabilidad, los rumores no nos hacen bien pero son una muestra de que no hay confianza en las instituciones porque seguimos siendo víctimas del desbarajuste que gobernó durante la década infame. Por lo mismo, esta situación anómala debe resolverse lo más pronto posible y el primer paso es que Vicuña presente su dimisión temporal, solicite licencia sin sueldo y permita avanzar el debido proceso.
El tema de los llamados diezmos no es nuevo y al parecer su práctica estaba generalizada a juzgar por las declaraciones que revelan que el propio expresidente de la República llevaba una estricta contabilidad de lo recaudado, no obstante, la cuota era para el legislador con mejor remuneración, lo que parece ha estado sucediendo es que los asambleístas sacaban a sus colaboradores parte de la cuota que ellos tenían que pagar.
En todo caso, para no caer en especulaciones en un terreno tan delicado, es deber de la Fiscalía proceder lo más pronto posible para establecer que los hechos y sus responsables. Yo no quiero contribuir al vodevil político pero es inevitable comentar el estado de descomposición al que se llegó y el proceso para salir del bache es monstruosamente lento: nos ahogamos en podredumbre.
También es lamentable la inacción de los partidos políticos salvo uno que recogió firmas para una interpelación posible, pero en otro momento la gente estaría en la calle exigiendo rápidamente definiciones. Lamentablemente con la crisis económica cada cual está preocupado por su bolsillo y el país importa poco.
Por supuesto, cabe exigir la celeridad en la administración de justicia. Al respecto, la Fiscalía ha procedido en consecuencia pero el primer paso debe venir de la propia vicepresidenta como una contribución a la República: licencia hasta que las cosas se esclarezcan.
El Ejecutivo tampoco puede cancelarla, finalmente hasta el momento es una denuncia: si cumpliríamos el mismo procedimiento por cada denuncia nos quedaríamos sin gobierno. Tienen que ser denuncias sustentadas en la acción de la justicia. Además, es correcta la actitud del Presidente de invocar a la independencia de funciones, él es el presidente del Estado pero no el jefe de todas las funciones como se ejercía en el gobierno anterior. En eso hemos logrado algún grado de reinstitucionalización para aproximarnos más a una real democracia, aunque nunca la hemos tenido.
Los partidos políticos deben ponerse serios en la Asamblea. El intríngulis que atravesamos es que para poder enjuiciar a la vicepresidenta se requiere el pronunciamiento de la Corte Constitucional, entidad con la que aún no contamos. El país muestra las huellas de la desinstitucionalización por todos lados pero no debemos aprovechar la situación para acelerar el caos sino para salir lo más pronto posible del mismo.
Finalmente, si el mandatario decidió que ella sea su vicepresidenta, parecería que tuvo razones para pensar que no tenía ataduras con el correísmo, sino estaríamos hablando de la sucesión de los mismos con otras actitudes, que es lo que mucha gente sospecha. Sin embargo, no quiero especular sobre especulaciones; eso alimenta la farándula pero no la política seria a la que todos aspiramos en el país donde un nuevo escándalo tapa al anterior y no se resuelve nada. Así tenemos un pésimo clima para dar confianza a los países que serían potenciales inversionistas en el Ecuador. Así le hacemos daño a la República y no al gobierno y no se trata de eso.
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