¿Cuál es la importancia de recordar el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos?
Hay mucho que celebrar, sin duda la Declaración Universal ha ayudado a que muchos Estados se limiten en el uso de facultades al momento de restringir los derechos y libertades de las personas; en ese sentido, ha jugado un papel preventivo que hay que valorar.
El 10 de diciembre de 1948 marcó un hito histórico: el lograr poner de acuerdo a todas las naciones que en ese momento integraban la ONU, sin importar su tendencia, si eran de izquierda o derecha, todos los países se pusieron de acuerdo en respetar los derechos consagrados en la Declaración a todas las personas sin importar su nacionalidad. Si bien los derechos humanos nos pertenecen a todos por el simple hecho de ser personas, sin necesidad de que se positivicen en una lista, ayuda o facilita mucho para su exigibilidad que estén plasmados en un documento que de alguna forma expresa los valores más básicos de la humanidad.
Ya en el plano local, ¿qué hay que relievar en la lucha por los derechos humanos y qué temas están pendientes en Ecuador?
Uno de los desafíos de la Declaración Universal de DDHH es que genera en los distintos movimientos esta expectativa de que los derechos deben estar escritos en algún documento para hacerlos valer. Entonces, lo que sucedió a nivel internacional a partir de la Declaración ha sido una proliferación de instrumentos internacionales de DDHH; primero, reconociendo los derechos de la Declaración Universal, pero después cada grupo -dependiendo de la vulnerabilidad específica- también ha buscado su tratado específico. Entonces, tenemos un tratado que protege a las víctimas de tortura, otro para las mujeres, uno para los que sufren discriminación racial… y no siempre la proliferación se ha traducido en mayor eficacia.
Y lo mismo empezó a suceder a nivel interno, a nivel constitucional: hay una explosión de derechos que están en la Constitución. Si recordamos lo que pasaba en Montecristi en 2008, cada grupo marchaba hacia allá buscando que sus vulnerabilidades específicas sean reconocidas en el texto y nos quedamos en una Carta Magna con un catálogo de derechos muy ampliado y, en ocasiones, esa proliferación genera que se debiliten los derechos.
A propósito del 70 aniversario de la Declaración Universal, debemos preguntarnos si no hubiera sido mejor quedarnos con los derechos básicos y hacerlos realmente exigibles en lugar de buscar que cada persona logre inscribir en una declaración o en una Constitución un derecho muy específico que luego no tiene cómo hacerlo valer. Tenemos una deuda gigante para lograr que los derechos que están reconocidos en el papel se conviertan en realidad.
Efectivamente, hay varios grupos vulnerables; mujeres, migrantes, Lgbti. ¿Se puede hablar de grupos más vulnerables que otros o entre los vulnerables se comparte el mismo criterio de una atención urgente pese a que sus prioridades son completamente distintas?
No cabe para nada empezar a jerarquizar las vulnerabilidades, ni los derechos. Todas las personas tenemos derecho a ser tratadas con igualdad ante la Ley y, más allá de eso, a vivir en igualdad, a no ser discriminadas. Ahora bien, si la ley trata como iguales a personas que están en situación de desventaja, eso puede producir mayor desigualdad. Por eso los tratados y constituciones reconocen que existen ciertas desigualdades que son estructurales y que merecen una atención específica por parte del Estado. El listado de grupos o categorías que requieren esa protección especial no puede ser un listado cerrado sino que es una lista que tiene que evolucionar y adecuarse a la realidad actual. Por ello cuando se revisan los documentos que se redactaron en 1948, o en los 60 o 70, no se va a encontrar temas como la orientación sexual o la identidad sexual o la expresión de género, sin embargo, hoy en día los organismos a cargo de interpretar estos instrumentos sí han reconocido que en esta lista tienen que incluirse estas categorías en reconocimiento a esta desigualdad estructural que afecta de manera particular a las personas.
Nuestra Constitución, por ejemplo, tiende a extender demasiado esas categorías incluyendo en el texto a muchos grupos que tienen derechos como los pacientes de enfermedades catastróficas, o personas con VIH, por citar dos ejemplos, pero debemos tener cuidado con seguir incrementando cada vez más la lista, pues mientras siga creciendo en lugar de que estas categorías prohibidas de discriminación tengan una protección reforzada, podría llegar un momento en el que de alguna forma todas estas categorías sospechosas o prohibidas se devalúan; la proliferación de grupos vulnerables podría generar una sensación de que cada uno de ellos es menos importante. Hay que saber cuándo reconocer nuevas vulnerabilidades, cuándo reconocer nuevos derechos pero también hay que considerar volver a los valores básicos que están justamente plasmados en la Declaración Universal, y reforzarlos.
Mucha gente cuando lee la Declaración Universal a veces se frustra porque el texto parece un ideal difícil de cumplir. Ahora bien, hay que reconocer que estos documentos son aspiracionales – lo que no significa que sean imposibles de cumplir- y ello implica que los Estados deben adoptar medidas para cumplir esa aspiración y llevarnos cada vez más cerca de ese ideal. El hecho de que se adopte una Declaración Universal o una nueva Constitución reconociendo nuevos derechos no significa que ese texto ya sea una realidad, significa que el Estado está obligado a adoptar medidas para hacer efectivos esos derechos.
Y más allá del Estado, estas grandes declaraciones, estas grandes luchas que generan cambios estructurales, donde los DDHH realmente importan y donde hacen sentido es en nuestras pequeñas comunidades: en nuestras casas, nuestras familias, nuestro trabajo. Es ahí donde realmente podemos hacer la diferencia. Tal vez alguno de nosotros quisiera redactar un nuevo tratado internacional, una nueva declaración, ir a Cortes Internacionales… La verdad es que los cambios estructurales no se dan desde arriba, se dan desde abajo y los tenemos que construir nosotros. Para ello no necesitamos una nueva declaración, solo alzar la voz frente a la violencia, la injusticia, la discriminación, a las restricciones ilegítimas de nuestras libertades, y estar siempre defendiendo esas luchas, esas conquistas que son también los derechos humanos y hay que defenderlos todos los días. Si perdemos esto de vista no va a servir de nada que hace 70 años se hay adoptado esta declaración.
Una obligación individual es reconocer el derecho del otro, del que es diferente. Sin embargo, tenemos serios conflictos porque no alcanzamos a ver el derecho del otro. ¿Por qué siendo seres humanos, sabiéndonos vulnerables como cualquier otro, no alcanzamos a tener esa empatía?
Hay una falta de comprensión sobre lo que significan los derechos humanos, de hecho hay estereotipos respecto de los defensores de derechos humanos. Nos hace falta comprender el concepto y recordar que los llamados a respetar y defender los derechos humanos somos todos. En Ecuador hay un grupo con una influencia muy fuerte que son libertarios y básicamente quisieran que el Estado no exista o tenga un rol mínimo. Cada vez que se dice: “el Estado está obligado a garantizar salud, educación,…” alzan la voz porque quieren sacar al Estado de cualquier ecuación. Es evidente la falta de comprensión sobre el rol del Estado respecto de los derechos porque, obviamente, si dejamos todo en manos privadas, sería muy difícil eliminar desigualdades estructurales. Por ejemplo, si el Estado podría ofrecer educación pública de calidad, sí sería capaz de cambiar una desigualdad estructural que la empresa privada no lo va a hacer en la medida en que a las universidades privadas sólo podrán seguir accediendo los más privilegiados.
Al mismo tiempo, las empresas son actores importantísimos para defender los derechos humanos: por ejemplo, no contratando niños, defendiendo la legislación laboral que ampara a las mujeres embarazadas, dando prioridad a madres solteras en materia de contratación, siendo respetuosas del medio ambiente, entre otras prácticas, a través de las cuales pueden hacer enormes diferencias en materia de derechos. Así también, los medios de comunicación, los periodistas también son actores importantísimos en materia de derechos humanos al momento de visibilizar, documentar, denunciar, violaciones a los derechos humanos y juegan un rol respecto a la difusión de estereotipos de mujeres, de adultos mayores, afrodescendientes…
En fin, somos todas las personas las que podemos hacer la diferencia, no solo hablando puertas afuera, sino incluso dentro de nuestros propios hogares o comunidades, poniendo un alto cada vez que escuchamos o somos testigos de un acto discriminatorio, violento restrictivo de las libertades. Solo así, los derechos serán una realidad y no solo meras aspiraciones.
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