Mediante un comunicado de la Secretaría Nacional de Comunicación -Secom- emitido la noche de este viernes 16 de noviembre, donde se menciona que “el articulado afecta de forma directa garantías como el debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho a la defensa, al mismo tiempo causa dilaciones injustificadas y ambiguas”.
El boletín detalló que también se incumple formalidades para su aprobación, como la modificación de textos con posterioridad al segundo debate mediante resoluciones.
El Ejecutivo consideró que este proyecto implica “retroceder en la garantía de derechos de grupos de atención prioritaria”.
A su vez, contiene ampliación innecesaria de plazos en los juicios, y afecta la simplificación y celeridad en los trámites.
El cuerpo legal reduce las garantías para la aplicación del despido ineficaz de mujeres embarazadas y dirigentes sindicales, respecto a los plazos para su resolución, vulnera el derecho a la propiedad, transformando a la hipoteca en un título de ejecución; establece posibilidad de reactivar juicios declarados en abandono –generando inseguridad jurídica-; afecta el interés superior de niños, niñas y adolescentes al permitir el divorcio cuando no se haya resuelto la situación de estos.
La Presidencia de la República del Ecuador consideró estos y otros aspectos para vetar el proyecto y remitirlo a la Asamblea Nacional conforme lo dispone la ley, confiando en que se reactive el debate y se apruebe un cuerpo legal acorde al marco constitucional, concluyó el texto
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