Posorja deja en evidencia la falta de confianza de los ecuatorianos hacia la institucionalidad del país

Dolor. Lo sucedido en la parroquia rural de Posorja, desde una perspectiva humana, es triste. El fallecimiento de una persona es un hecho lamentable, más cuando se trata de una muerte violenta. La muerte de tres personas por golpes con palos, piedras, y fuego es atroz.

Es doloroso como sociedad porque demuestra que en Ecuador no se requiere de mucho para que retornemos a niveles primitivos de venganza pública, al punto de tomar la justicia por manos propias sin medir consecuencias. Este 16 de octubre, ciudadanos salieron a las calles con tanto frenesí que ni siquiera se tomaron el tiempo de verificar la información en base a la cual decidían acabar con la vida de otros seres humanos.

Y no solo son culpables de esta irresponsabilidad y accionar injustificable aquellos que intervinieron directamente en los hechos, también los son, al menos moralmente, todos los que a través de un “me gusta”, “compartir” o comentarios, promovieron, apoyaron, y encendieron los ánimos que terminaron en la desgracia. A través de redes sociales la gente justificó los hechos sin saber en realidad lo que estaba ocurriendo. Espero que todos los que de alguna manera (física o digital) contribuyeron a la matanza del día martes sientan el peso de la responsabilidad de sus actos.

Esto provoca una necesaria reflexión alrededor de la postura que como individuos tenemos a propósito de la inmediatez de las redes sociales: vivimos bajo la amenaza de las noticias falsas que se comparten muchas veces por entrar en una especie de ola publicitaria que induce a las personas a compartir noticias que no han sido verificadas. Hoy palpamos el nivel de afectación que puede llegar a tener esa mala costumbre. Y por lo tanto debemos cuestionarnos: ¿Vale la pena ser cómplice de actos como los ocurridos en Posorja por unos cuantos “me gusta” o seguidores nuevos?

También es muy triste porque ha quedado en evidencia, de forma intensa, la falta de confianza de los ecuatorianos hacia la institucionalidad del país y la aplicación de las normas de convivencia. En un Estado de Derecho, el debido proceso, las leyes, y su aplicación por parte del sistema de justicia deben ser respetados aún ante el crimen más execrable.

Ecuador mantiene vigente el Código Orgánico Integral Penal (COIP), mismo que castiga aquellos actos que la sociedad ha decidido determinar como antijurídicos y que debe ser aplicado por un juez siguiendo un debido proceso. El no hacerlo trae como resultado abusos, sea por parte del Estado, o como en el caso en cuestión, por parte de una turba enardecida. El que sintamos frustración o desconfianza hacia ciertas instituciones no puede ser justificación para romper principios generales y básicos del Derecho, que son también la base de una convivencia humana civilizada.

Como sociedad ampliada, la obligación es modular las reacciones y limitar la información no verificada. No compartir información sin verificar. Esto es de vital importancia pues ante el flujo excesivo de información, los ánimos pueden alcanzar niveles incontrolables. Y no solo pasa en nuestro país. Las hordas enardecidas que adquieren cierto nivel de furor normalmente provocan la activación de elementos básicos y nocivos del ser humano. Pudimos verlo hace poco en Charlotte, Carolina del Norte (EEUU) en las violentas protestas por la muerte de un hombre afroamericano a manos de la Policía. Sin saber lo había pasado con claridad, el rumor generado provocó que una ciudad entera entrara en caos, mismo que provocó desmanes públicos, incendios, heridos, y muertes.

Por otro lado, el Estado debe tomar lo sucedido como un llamado urgente a la acción. Las instituciones deben ser reforzadas, y su credibilidad recuperada. El Consejo de la Judicatura, las Cortes de todo nivel y la Policía Nacional deben demostrarle al país que sí son capaces de protegernos y hacer pagar a aquellos que rompen las reglas; que son dignas de nuestra confianza. Permitir que los ciudadanos comprendan con absoluta certeza que en el país en el que vivimos son las instituciones, y no ellos, los responsables de la administración de justicia. Las sociedades que han logrado eliminar, o al menos reducir a un mínimo hechos tan lamentables, son aquellas que cuentan con instituciones sólidas, que funcionan efectivamente para lo que fueron creadas.