La propuesta la hizo Julio César Trujilo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese fue el esperpento creado en Montecristi para institucionalizar la participación ciudadana, cuando en realidad lo único que hizo fue institucionalizar el control social.
Por medio de ese Consejo, el expresidente Rafael Correa logró cooptar todas las instituciones del Estado donde puso personas leales a su proyecto personal de eternizarse en el poder, desde el Fiscal General Galo Chiriboga hasta el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, pasando por el lujo de contralor que decía tener, Carlos Pólit.
Los llamados concursos de méritos al igual que las comisiones calificadoras fueron una simple ficción, un saludo a la bandera, porque de antemano se sabía quién era el elegido. El mismo expresidente Correa se encargaba de anunciarlo en sus sabatinas destacando los méritos de tal o cual candidato.
El Consejo de Participación fue una suerte de embudo mediante el cual el expresidente evitó quedarse sin el control del nombramiento de los titulares de los órganos de fiscalización y control cuya independencia es tan necesaria en cualquier democracia.
Gracias a ese férreo control tanto en la administración de justicia como en los organismos de control, parecía que el país vivía en el paraíso terrenal, donde todos los funcionarios públicos parecían ángeles caídos del cielo, hasta que poco a poco se fueron destapando los escándalos de corrupción que llegó a calificarse hasta de acuerdo entre privados para confundir y distraer.
Las alegorías usadas finalmente no llegaron a tapar los actos de corrupción más que escandalosos en empresas como Petroecuador con los contratos para la repotenciación de la refinería de Esmeraldas o los contratos millonarios para aplanar un terreno en El Aromo o la imagen del tío del ahora exvicepresidente preso recogiendo maletas de dinero en la suite de un hotel en Quito.
¿Cuántos exfuncionarios del gobierno del expresidente Correa están con juicios o tras las rejas? La estrategia de distraer con un aparato de propaganda demencial se acabó, pese a las ansias de volver al poder para hacer lo mismo que hicieron en los últimos diez años, intentar gobernar con un círculo cerrado, negando cualquier acceso a la información pública y diseñando portadas con titulares sacados de Carondelet. Esa es la idea de la participación ciudadana montada en la última década.
La propuesta de Trujillo tiene mucho de sentido común, porque la participación ciudadana no puede ser burocratizada con sueldos de ministros. La participación ciudadana está en las calles, en las organizaciones y movimientos sociales que día a día luchan por el reconocimiento de sus derechos civiles.
La participación ciudadana no puede estar enquistada en una burocracia cómoda para el poder, como lo estuvo en el gobierno del expresidente Correa, por eso cuando el tema fue a consulta popular el expresidente decidió jugarse su poco capital político que le quedaba al volver al país en charters privados que supuestamente eran pagados por amigos. Y perdió.
Ese Consejo debe ser borrado del mapa de las instituciones públicas para que nunca más vuelva a ser instrumentalizado por el ego de algunas vanidades.
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