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¿Por qué no estamos en Netflix?

Juan Tibanlombo (+)
Dialoguemos EC
viernes, septiembre 21, 2018
Un avión de la Fuerza Aérea lo transportó hasta Quito donde fue recibido por Rommy Vallejo, jefe de la Unidad de Gestión de la Seguridad Interna de la Presidencia
Tiempo de lectura: 6 minutos

El expresidente Rafael Correa envió un grupo de abogados a los que calificó observadores internacionales en un juicio personas en su contra por una caso de intento de secuestro en Colombia a Fernando Balda, un caso investigado ampliamente en ese país por la Fiscalía General y el Gaula de la Policía y que dejó con la boca abierta a más de uno por la audacia como se desenvolvieron los hechos. Aprendices de espías, les llamaron en ese momento. en la prensa colombiana, a los actores de ese episodio. El expresidente Correa llevaba cinco años en el poder, pero ya se consideraba presidente de todas la Funciones del Estado.

“El presidente de la República no es sólo jefe del poder ejecutivo. Es jefe de todo el Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano es poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder electoral, poder de transparencia y control social, superintendencias, procuraduría, contraloría…”, dijo el expresidente en 2011, un año antes de que ocurrieran todos los hechos que hoy lo tienen en el banquillo de los acusados. Es decir, nada se hacía sin su consentimiento y, menos aún (es de esperar), una operación de espionaje e infiltración internacional.

Como resultado de las investigaciones de ese intento de secuestro las autoridades colombianas capturaron a cinco implicados, entre ellos dos militares, quienes fueron condenados. El intento de plagio, pronto se descubrió, fue protagonizado por agentes de Inteligencia ecuatorianos operando en territorio colombiano.

Agosto de 2012

“Durante meses, miembros de la inteligencia ecuatoriana realizaron labores encubiertas en territorio colombiano, se aliaron con un suboficial del Ejército colombiano, contrataron delincuentes e intentaron secuestrar el año pasado (2012) a Balda en pleno norte de Bogotá, con el fin de llevárselo a Ecuador. El intento fracasó por la reacción de la ciudadanía y la Policía cuando los secuestradores se lo llevaban en el carro para sacarlo de la capital”.

Según Semana, Balda, refugiado en Colombia tras varias denuncias hechas contra el gobierno de Correa, participó en una conferencia de una Fundación relacionada con el expresidente Álvaro Uribe, el 10 de mayo de 2012, en Medellín donde presentó a tres de sus compatriotas: Luis Chicaiza, Wilson Jarrín y Daniela Gaibor. El primero acreditado como miembro de una ONG y los otros dos como parte de un movimiento político de oposición a Correa.

Lo curioso es que la Embajada de Ecuador en Bogotá, en ese momento, protestó por ese evento porque lo consideró una intromisión indebida en asuntos internos del país, cuando en realidad lo que ocurría era lo contrario.

Pocas semanas después, el 5 de julio de 2012, Balda, “tras abordar un taxi, según el relato de Semana, fue interceptado por varios hombres y un policía disfrazado que lo llevaron a las autoridades de migración con el fin de deportarlo a Ecuador. Sin embargo, quedó libre a las pocas horas pues no había en ese momento orden de captura por parte de Interpol ni otro requerimiento en su contra”.

Balda denunció que había sido víctima de un intento de secuestro por un comando y fue tildado de paranoico por las autoridades ecuatorianas, léase Rafael Correa, presidente en ese momento de todas las Funciones del Estado.

“El 13 de agosto de 2012, a las 7:40 de la noche, Balda se acababa de despedir de su compatriota Luis Chicaiza y caminaba por una calle del barrio Cedritos, en el norte de Bogotá, cuando una camioneta frenó a su lado y varios hombres lo subieron al vehículo a la fuerza. Un taxista vio la escena y llamó a sus colegas y a la Policía. Se inició una persecución a alta velocidad por las calles del concurrido sector que continuó por la autopista norte -relató Semana-. La policía instaló barricadas y los plagiarios no tuvieron otra opción que tomar una trocha a la altura de la calle 200 en donde dejaron abandonado el vehículo con el secuestrado y escaparon por los potreros”.

 

La Fiscalía de Colombia inició una investigación de rutina sobre el intento de secuestro en Bogotá. En el vehículo abandonado las autoridades encontraron varias huellas digitales entre las que estaban las de un residente de Puerto Tejada, Cauca. Él fue quien contó que el 10 de agosto, tres días antes del secuestro, recibió una llamada de un amigo de infancia quien en ese momento se desempeñaba como cabo del Ejército de Colombia, en una unidad en el Meta.

“Este amigo le dijo que viajara a Bogotá para “una vuelta” y que un tercer participante le daría los detalles en Puerto Tejada -según Semana-. Este último le explicó que “la vuelta” consistía en secuestrar a una persona y llevarla hasta Ipiales, por lo que recibirían 30 millones de pesos”.

El sábado 11 de agosto de 2012, según Semana. los dos hombres viajaron hasta Palmira y se encontraron con otras dos personas, entre ellas una mujer. Todos abordaron un vuelo de Avianca. Al llegar a Bogotá, otros dos miembros del grupo los llevaron en una camioneta hasta el hotel Imperial House, a pocas cuadras de la embajada de Estados Unidos. Horas más tarde todos fueron a comprar ropa al centro comercial Salitre Plaza.

Hacia el medio día del domingo 12 de agosto, había llegado hasta el hotel, según Semana, el cabo el Ejército y durante toda la tarde bebieron licor. En un conocido burdel en la zona de tolerancia del barrio Santa Fe de Bogotá permanecieron hasta la madrugada, según Semana. Hacia la una de la tarde del lunes, los tres fueron hasta un lugar cercano al hotel donde se hospedaban y compraron varios celulares. El militar colombiana había entregado 800 dólares a cada uno como anticipo del pago. De allí salieron hacia el barrio Cedritos para hacer un reconocimiento del sector en donde harían el fallido secuestro unas horas más tarde.

Tras el fallido de secuestro, la Fiscalía colombiana rastreó las placas del vehículo abandonado en el que iba Balda. El campero había sido alquilado el sábado 11 de agosto por 6 millones de pesos por un hombre que firmó un recibo a nombre de Luis Raúl Chicaiza, quien se había registrado el sábado 10 de agosto en el hotel Capital. En los videos de ese hotel y la zona los agentes de la Fiscalía vieron a Chicaiza reunido con un hombre que resultó también viejo amigo del cabo. En otro video, del domingo 12, también se observa a estos dos hombres en el mismo hotel inspeccionando el campero utilizado para el intento de secuestro.

Los fiscales rastrearon a Chicaiza y descubrieron que se había registrado en el hotel Las Lomas de Rionegro, cuando asistió, en mayo, como miembro de una ONG ecuatoriana a la reunión en la que estaban Balda, Álvaro Uribe y otros integrantes de la Fundación del expresidente colombiano.

Chicaiza, dijeron las autoridades ecuatorianas a las colombianas en ese momento, era un sargento activo de la Policía. Su último ascenso había sido el 19 de mayo de 2009 y había trabajado en  Guayas, Pichincha, Carchi y Bolívar. En ese entonces se desempañaba como agente de la Dirección General de Inteligencia, con dos décadas de experiencia en el área y condecorado varias veces.

El agente de Inteligencia Raúl Chicaiza salió de Colombia pocos días después de la acción y Balda permaneció en Bogotá hasta el 11 de octubre de 2012. Ese día fue abordado por las autoridades migratorias colombianas quienes le informaron que tenían la orden de deportarlo. Ecuador lo reclamaba por existir una sentencia en su contra por “injuria calumniosa grave”.

Esa misma noche, Fernando Balda fue llevado hasta el aeropuerto militar. Un avión de la Fuerza Aérea lo transportó hasta Quito donde fue recibido por Rommy Vallejo, jefe de la Unidad de Gestión de la Seguridad Interna de la Presidencia. Dos horas más tarde fue llevado en otro avión hasta Guayaquil y recluido en la penitenciaría El Litoral. Dos semanas después fue trasladado a un pabellón de alta seguridad del penal García Moreno (hoy convertido en museo), en Quito.

Septiembre de 2018

Caupolicán Ochoa, defensor de Rafael Correa Delgado, y un equipo de abogados internacionales, invitados como observadores, insistieron el lunes 18 de septiembre, que no existe vinculación del expresidente en el caso Balda. “Me atrevería a pensar que la Fiscalía y la acusación particular no tienen ningún elemento de convicción que pueda fundamentar su acusación…”, dijo Ochoa.

La pregunta que queda flotando en el ambiente es por qué en lugar en traer a los llamados observadores internacionales, que no se sabe a quién representan ni quién les pagó sus viajes y estadía en nada baratos hoteles de Quito, alguien mejor no trae a guionistas de Netflix para ahondar en los detalles de los aprendices de espías guiados por aprendices de Chávez.

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