‘Justicia tenía cientos de competencias, así que debiera existir un plan’

lunes, septiembre 3, 2018

Daniela Salazar, académica de la Universidad San Francisco de Quito, analiza las implicaciones de la desaparición del Ministerio de Justicia en el marco de la reducción del aparato del Estado

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Tras el anuncio del gobierno de fusionar ministerios y demás entidades públicas, usted se ha manifestado públicamente sobre la situación del Ministerio de Justicia, ¿qué le preocupa?
El anuncio de eliminar ministerios, si bien desde la perspectiva económica tiene sentido, nos preocupa este caso puntual. Ciertas facultades de esa cartera de Estado como, por ejemplo, las que tienen que ver con la rehabilitación social, prisión preventiva y otros más. Si con esas garantías estábamos mal, me preocupa lo que pueda pasar ahora. La decisión institucional del gobierno de Rafael Correa de crear el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos fue acertada y -ojo- no estoy defendiendo el manejo que en la práctica se le dio ni los funcionarios que estuvieron allí; sin embargo, la visión era mover ciertas facultades bajo una institucionalidad que tenga una óptica de derechos humanos y no una de control y de seguridad como es la que tiene el Ministerio del Interior.

El anuncio presidencial, ¿priorizó solo la reducción del aparato estatal sin un plan detrás?
Tengo esa sensación. Se anuncia algo, se mide la reacción y luego se va filtrando poco a poco la información. Ese anuncio debió venir acompañado de un documento que tenga respuestas a las inquietudes que tenemos respecto al mecanismo idóneo de traspaso de facultades. Justicia tenía cientos de competencias, así que debiera existir un plan. La existencia de ese ministerio tenía un sentido y existen formas de reducir gastos que no pasan necesariamente por la eliminación de la institución.

¿Cuál debió haber sido la hoja de ruta?
Primero aclarar todas las funciones que tiene la secretaría de Estado; luego constatar el personal y los recursos que se tiene asignado a cada una de esas funciones y después analizar los aspectos a reducir. Un mismo funcionario puede estar a cargo de más funciones, por ejemplo, de la ejecución de sentencias internacionales y de la reparación de víctimas de los casos de la Comisión de la Verdad, sin necesidad de eliminar la institucionalidad.

¿Cuáles son las competencias más delicadas?
La que más preocupa es la que tiene que ver con la rehabilitación social y el manejo de las personas privadas de libertad. Si bajo una óptica supuestamente de derechos tuvimos problemas como los de El Turi y otros casos de tortura, ahora que esas facultades dependan directamente del Ministerio del Interior seguramente tendremos más casos de abuso de la fuerza y abuso de poder. Las personas privadas de libertad son, quizás, uno de los grupos más vulnerables al momento de encontrar quién defienda sus derechos y genera un riesgo inmenso reducir ese trabajo a una lógica policial: es la antítesis de tratar las cosas bajo la óptica de derechos humanos. Otras competencias, respecto de la Ley Orgánica de Violencia contra las Mujeres, difícilmente podrán ser manejadas adecuadamente desde el Interior y, finalmente, las facultades que tienen que ver con la ejecución de sentencias y el cumplimiento de informes y recomendaciones internacionales, un tema que vía decreto ejecutivo se le había asignado al Ministerio de Justicia, tampoco sería necesariamente una competencia del Interior y es preocupante.

También hay otros grupos de la sociedad como la población LGBTI que ha manifestado su preocupación de que la política pública quede en el aire
El Ministerio de Justicia tenía una serie de responsabilidades en el marco de la prevención de la violencia contra las mujeres y personas LGBTI. Es necesaria una política pública que prevenga estos casos y el financiamiento adecuado, además de una verdadera campaña de prevención. En este momento no se sabe quién tendrá a cargo estas responsabilidades.

¿Cómo analiza el papel del Ministerio del Interior como el responsable de estas competencias?
Bajo el ministro actual peor que nunca. En los pocos meses que lleva ha demostrado nulos conocimientos en materia de derechos humanos. Varias de sus decisiones con seguridad comprometerán al Estado internacionalmente porque son incompatibles con obligaciones que nuestro país ha asumido. El funcionario no tiene conocimientos en derechos humanos y es preocupante. Así en ese Ministerio creen una subsecretaría de Derechos Humanos o un viceministerio que asuma las facultades de la cartera de Justicia, Interior va a seguir siendo la cabeza y va a marcar la política.

En este momento ya no tenemos Ministerio de Justicia, ¿qué queda pendiente?
Hay muchos casos pendientes, por ejemplo, la Ley de Reparación a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos, todos ellos beneficiados del informe de la Comisión de la Verdad. Bajo el Ministerio se impulsaron varios acuerdos de reparación y algunos estaban en trámite. Esperemos que algún funcionario lo recuerde.

Las cartas están echadas, ¿hay algo que se pueda hacer?
Lo urgente es que el presidente Lenín Moreno tenga mejor asesoría legal; muchos de los temas se deciden solo con base a encuestas de popularidad política, vía decreto o resolución y son contrarios a la Ley. En derecho, las cosas son complicadas porque los funcionarios públicos solo tienen las facultades que la ley les asigna; entonces, pretender modificar un sistema legal complejo vía decreto- sin asesorarse bien- puede tener consecuencias. Lo óptimo es que las decisiones no sean apresuradas. El poder está limitado por la ley y varias de las decisiones que se están tomando no tienen base legal.