El fiscal de primera instancia, Fabián Salazar, pidió elevar el caso de la muerte de Froilán Jiménez, en la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 que el gobierno de ese entonces elevó a la categoría de intento de golpe de Estado, a la Fiscalía General al involucrar en el mismo al expresidente Rafael Correa y al exministro de Defensa, Javier Ponce.
Salazar citó un informe oficial de las Fuerzas Armadas firmado por el general Jorge Peña Cobeña, quien era director de Operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En ese documento se lee: “el sr. presidente en base a contacto telefónico, dispone al sr. ministro de Defensa Nacional y al sr. jefe del Comando Conjunto, que se proceda a rescatarlo. Para el efecto, se coordina, tanto en forma personal como vía telefónica con elementos de seguridad del sr. presidente”.
Salazar argumentó que la orden habría pasado por una cadena de mando que fue cumplida por los militares, que la disposición superior tuvo como consecuencia muertos y heridos, y no tomó en cuenta al Hospital de la Policía y al Hospital Metropolitano.
“Se atentó contra dos centros de salud sin medir las consecuencias que hasta la fecha se tratan de aclarar (…) Se debía prever cualquier orden que se dispuso el 30 de septiembre de 2010 para evitar los resultados actuales”.
Por la muerte de Froilán Jiménez son procesados dos oficiales del Ejército por presunta ejecución extrajudicial.
“Fiscal Salazar: Tenía una buena impresión de usted. ¿Necesitaba vender su ética y su conciencia por mantener un cargo? Jóvenes: ese es el subdesarrollo. Algo así jamás verán en un país desarrollado. ¡Todo es cuestión de tiempo!”, reaccionó el expresidente Correa en su cuenta de Twitter.
El fiscal general Paúl Pérez, quien decidirá si formula cargos contra Correa y Ponce y si los vincula en audiencia.
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