Crisis Humanitaria

sábado, septiembre 1, 2018

Las intensificación de la violencia estructural, resultado de actitudes de exclusión frente a la inmigración, generan más violencia y violaciones sistemáticas de los derechos humanos

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La grave crisis humanitaria, política y social que atraviesa Venezuela en la actualidad ha generado un inusual éxodo migratorio hacia el Ecuador y algunos países de la región, en la parte social esta situación ha provocando en algunos sectores de las sociedades de acogida sentimientos y actitudes negativas contra este grupo humano, manifestándose a través de prejuicios, estereotipos, violencia, xenofobia y exclusión.

Son alarmantes los datos que muestran la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) o la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sobre el ingreso masivo de inmigrantes venezolanos a través de las fronteras del Ecuador. Se habla de un promedio de ingreso de 4000 a 5000 personas diarias hasta agosto de 2018. Estos datos, nos muestran que desde inicios de este año, entre 547.000 y 560.000 venezolanos han cruzado la frontera. Es preciso indicar que estas organizaciones también señalan que un 20 % alrededor de 112.000 personas permanecen permanentemente en nuestro país, mientras que el resto continúa su viaje principalmente hacia Perú o Chile.

Los procesos migratorios son un fenómeno social complejo, sus causas más visibles son la pobreza, la discriminación, los conflictos internos, la guerra o inseguridad en los países de origen. Estos desplazamientos humanos se consideran como un hecho social que corresponde a un derecho natural de la persona, vinculada al principio de libertad, a la libertad de circulación. La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 40 reconoce el derecho a migar y no ser considerado como persona ilegal por su condición migratoria, también en su Art. 41 reconoce los derechos de asilo y refugio de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

El incremento de los flujos migratorios por parte de la población venezolana en los últimos años hacia Ecuador y la región sudamericana se ha convertido en un controvertido tema de discusión por parte de los gobiernos y sus instituciones, los organismos internacionales e intergubernamentales y la sociedad civil. Este hecho social, lamentablemente ha afectado en muchos casos negativamente las relaciones políticas y la convivencia pacífica con la población receptora. La inexistencia de políticas de acogida e inclusión para los inmigrantes venezolanos ha anulado cualquier esfuerzo para su integración en la sociedad ecuatoriana. Una inclusión y respeto por las normas nacionales e internacional por parte del estado es esencial para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de obligaciones de este grupo poblacional.

El reconocimiento de derechos constituye uno de los pilares básicos de la integración, su ausencia hace a los inmigrantes más vulnerables en su interacción diaria con la sociedad e institucionalizan diferencias entre los inmigrantes y los demás ciudadanos. La inmigración desordenada, coloca a estos colectivos poblacionales en condiciones de desigualdad, discriminación, explotación y exclusión. La presencia masiva de venezolanos en nuestro territorio, está generando un ambiente de inseguridad, temor o amenaza en las grupos sociales de acogida más vulnerables, muchas veces injustificado, y que más bien están fomentados por prejuicios y estereotipos negativos hacía este grupo humano, aún cuando debemos de reconocer que alrededor de este éxodo migratorio masivo también se detectan problemas puntuales relacionados con la delincuencia común, trata de personas y lo que es más grave, este fenómeno, permite ocultar actividades de narcotráfico y otros delitos.

Es importante recordar que la población ecuatoriana se ha visto expuesta a importantes y masivos procesos migratorios, como el de finales de la década de los noventa, cuando miles de ecuatorianos motivados por la grave crisis económica emigraron mayoritariamente hacia España e Italia. En muchos casos, nuestros compatriotas sufrieron de medidas restrictivas en cuanto a entrada o permanencia en los territorios de acogida o fueron víctimas de xenofobia, discriminación, racismo y exclusión.

Las intensificación de la violencia estructural, resultado de actitudes de exclusión frente a la inmigración, generan más violencia y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Los gobiernos de la región ante los masivos e inusuales movimientos migratorios han llegado a modificar o adaptar sus normas en materia de migración en torno a la crisis venezolana. La implementación de estas decisiones políticas repercuten en la población permitiendo la aparición de actitudes discriminatorias y excluyentes hacia los inmigrantes.
Ante este panorama internacional son necesarias respuestas, la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe elaboró : La Guía ODS y Ciudades. Movilidad humana internacional como una herramienta de apoyo a los gobiernos locales, elaborada por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH- UNESCO) con la colaboración de la Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia. Esta Guía brinda un panorama de las diversas estrategias de atención, acogida e integración de migrantes y refugiados/as en las ciudades de América Latina y el Caribe, desde una perspectiva de derechos humanos y en línea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La publicación es una herramienta práctica que incluye 13 posibles vías de acción a ser implementadas por los gobiernos locales para la gestión de la movilidad humana internacional. (Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH). (2018). ODS y Ciudades. Movilidad humana internacional. Guía práctica para gobiernos locales de América Latina y el Caribe. Buenos Aires)