La cita realizada en Quito fue positiva desde todo punto de vista. No solo porque se llegó a un acuerdo de 18 puntos sobre la ayuda de la región a los migrantes venezolanos que huyen del régimen de Nicolás Maduro, sino porque además existe un compromiso para dar un seguimiento y evaluar las decisiones tomadas prevista para noviembre.
Se trata de un conjunto de acciones que se debían tomar frente a este fenómeno migratorio de ciudadanos venezolanos, que según la ONU supera las dos millones de personas, en el que están involucrados –en mayor o menor medida- todos los países de la región.
Por ello, es destacable que esta declaración haya diferenciado la situación de países como Colombia, con el que Venezuela comparte una amplia frontera; y Ecuador y Perú en los que se ha desarrollado una suerte de corredor migratorio.
También es loable que los países hayan decidido aprobar a los venezolanos migrantes la utilización de documentos de identidad caducados. En el contexto real de ese país, es imposible que los viajeros opten por un documento actualizado, máxime cuando se ha conocido que el gobierno de Nicolás Maduro ha impuesto otro documento que no solo sirve para trámites internos, sino incluso para recibir raciones alimenticias.
Es importante que las organizaciones internacionales dedicadas a temas de movilidad humana presten todo su contingente, experiencia y recursos para que los países de la región puedan ofrecer un soporte real. Pero además de la ONU, OEA, OIM hace falta la presencia de organismos como el BID y la propia CAF cuya sede está en Venezuela, además de la ayuda de países como Estados Unidos y la misma Unión Europea.
La reunión acogió a 13 países, dos ellos –Bolivia y República Dominicana – no firmaron la declaración por motivos distintos: mientras Bolivia no lo hizo por razones políticas, trascendió que el representante de República Dominicana enfrentó problemas de salud. Aunque aún resta por evaluar la reacción de Venezuela, es claro que el único aliado que le queda en la región es Bolivia que asistió, pero traía una hoja de ruta establecida.
No era real esperar de esta cita una condena al gobierno de Nicolás Maduro e, incluso, hubiera resultado inconveniente. Los temas ahí tratados tenían que ver con aspectos técnicos, logísticos y de derechos humanos de la situación de movilidad de los ciudadanos de ese país. No se trataba de una reunión política regional.
La cita de noviembre nos podrá permitir evaluar las decisiones adoptadas, los ajustes y los cambios. Habrá que ver cuál es la posición de Bolivia e incluso la respuesta del gobierno venezolano frente a la exhortación de los países reunidos en Quito invocando la apertura de un mecanismo de asistencia humanitaria al interior de Venezuela y eso evidencia preocupación y la ausencia total de respaldo. Lamentablemente, no hay muestras de una respuesta positiva del régimen venezolano y eso marcará un nuevo desborde de migración.
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