Finalmente, las medidas económicas del gobierno han sido anunciadas y más allá de los recortes y las cifras que se estiman recaudar es importante señalar los tres sectores de la economía que han sido priorizados: construcción, agro y microempresa.
La construcción es el primer sector que nos indica que una economía entra o sale de la recesión. Se han anunciado $800 millones de crédito para vivienda – no obra pública – lo que implica que el gobierno proyecta una recuperación en el consumo. Lo interesante sería que el sector de la construcción también se sincere y no nos lleve a precios exorbitantes que podrían generar una burbuja inmobiliaria. Los precios deben de ser revisados para ajustar los presupuestos a la realidad y estimular más la demanda.
Otro sector importante que puede llevar la economía ecuatoriana a un cambio estructural es el tema agrícola. Los $200 millones deben servir para que el agricultor pueda añadir un proceso de valor agregado a sus productos e incorporarse , en mediano plazo, a una sociedad agroindustrial, es decir, una reforma agraria no de forma sino de fondo.
De igual forma, los $235 millones canalizados al desarrollo de la micro y la pequeña empresa y, especialmente, los artesanos y la economía popular y solidaria, deberá llegar como crédito flexible, ajustado a las necesidades del sector.
En cuanto a las medidas de ahorro anunciadas son buenas, pero siguen siendo insuficientes. Para ajustar la economía, además de reducir los gastos, hay que maximizar los ingresos. Me refiero a la fusión de instituciones para rebajar los costos del sector público. Al respecto, veo completamente factible fusionar los ministerios de Comercio Exterior e Industrias y el SRI con las Aduanas, pero hay que revisar la nueva estructura y analizar qué tan técnica se va a volver la gestión, para ello, escoger el talento humano es primordial.
Optimizar las empresas públicas siempre será una buena noticia, pero el Gobierno debiera eliminar las trabas y dejar que el sector privado -con una lógica de rentabilidad- entre para conformar empresas de economía mixta donde el Estado pueda ejercer un control. También podría potenciarlas para venderlas mejor, salvaguardando los sectores estratégicos que deberán permanecer en el ámbito público.
Con respecto al Bono de Desarrollo Humano hay que hacer puntualizaciones, sobre todo, tomando en cuenta las corrientes ideológicas que han gobernado a América Latina en los últimos años: hasta el más marxista de los marxistas y el más liberal de los liberales sabe que no se puede distribuir lo que no se produce: no se pueden dar subsidios y aumentar el bono de desarrollo sin tener cómo cubrirlos. El Gobierno precisa un andamiaje económico suficientemente fuerte para sostener el modelo. El Estado debe pensar con lógica empresarial: nunca estirar los pies más allá de las sábanas.
Además, el gobierno dio un mensaje clave: va a volver a revisar la base de beneficiarios del bono. Otra vez, el presidente nos dice el qué pero no nos resuelve el cómo: se necesita una medida complementaria para analizar de qué manera las familias invertirán ese dinero, por lo tanto los mecanismos de control son necesarios. En ese rubro, el gobierno ha dicho que atenderá a 408 mil hogares; si en promedio cada uno recibe $80, significa que al año se destinarán $391 millones. El gobierno debe hacer bien sus cuentas.
Aunque ya estábamos esperando el alza del precio de los combustibles, es de aplaudir que el Ejecutivo apueste por un consenso. El subsidio de la gasolina merece un estudio a profundidad porque implica entre el 3 y el 5% del PIB por lo que debe estar muy bien focalizado, es decir, hacerlo por rangos para evitar desplazamientos de la demanda, de la súper a la extra, por ejemplo.
En la mesa de diálogo debieran estar representantes de los más vulnerables a un aumento de precio de los combustibles: transportistas, ciudadanos y sectores de alimentos, consumo masivo e industriales. En ese sentido, el gobierno aplicará una estrategia conocida: convocar a los diferentes sectores, sacar una propuesta de consenso que sea aceptada por la mayoría. El gobierno va lento pero seguro, completamente distinto a la modalidad aplicada en los últimos 10 años.
Sin embargo, el trabajo es urgente: las mesas debieran trabajar en los siguientes dos meses para poder aplicar la medida adoptada en el último trimestre del año. Si estamos hablando de sincerar precios, no podemos demorar más en aplicar la focalización de subsidios. En definitiva, un plan económico ajustado a la realidad.
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