Hay una máxima entre las agencias antinarcóticos, en las investigaciones contra el crimen organizado: sigue al dinero. Con ese objetivo dejan de lado muchas investigaciones conexas que se abren en el camino, otros delitos que dejan de ser investigados para no desviarse de su objetivo principal, donde está el dinero están las piezas del rompecabezas de las organizaciones criminales.
La Ley para la Extinción de Dominio ha sido un reclamo pendiente de las autoridades judiciales del país tanto al Gobierno como la Asamblea. El proyecto finalmente fue entregado a la Asamblea y pretendería articular la lucha contra la corrupción en un mismo marco normativo para recuperar los millonarios activos mermados por acciones ilícitas de funcionarios públicos y no tan públicos.
El caso Odebrecht es una de las más emblemáticas tramas de corrupción de los últimos años en Ecuador y toda América Latina. Altos funcionarios públicos involucrados en actos de sobornos en la contratación de grandes obras de infraestructura cotizadas en cientos y hasta miles de millones de dólares por una empresa privada con su propio Departamento de Sobornos.
En Ecuador el caso llegó hasta el exvicepresidente de la República, recluido ahora en la cárcel 4 de Quito. Además de ministros, gerentes de empresas públicas y familiares de los funcionarios públicos que gracias a la asesoría de oficinas de abogados que funcionan como multinacionales logran ubicar los dineros ya sea en paraísos fiscales o en bienes raíces por medio de intrincadas triangulaciones.
La Asamblea ya tiene dos proyectos de extinción de dominio. Ahora solo queda por ver qué salé de ahí y con qué celeridad trabajan los asambleístas para que el país cuente con una herramienta efectiva en la lucha contra la corrupción que tanto daño hace a los países y a las personas.
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