“Hemos encontrado cosas espeluznantes: venta de puestos por dinero, compra de puntos para subir puntajes de quienes eran los favorecidos y los privilegiados; estamos decididos a que jamás existan los famosos ‘chucky seven’ para, enviando sentencias a los jueces para que los firmen, se perjudique a los usuarios”.
Esas fueron las palabras textuales de Aquiles Rigail, vocal del Consejo de la Judicatura nombrado por el Consejo de Participación Transitorio, que cesó en sus funciones a Gustavo Jalkh, Néstor Ardito, Ana Karina Peralta, Alejandro Subía y Rosa Jiménez Vanegas. Todos reprobaron en los cinco parámetros de evaluación: legitimidad del cargo, el cumplimiento de funciones, gestión de recursos públicos, transparencia y evaluación ciudadana.
Rigail recibió en la Corte Provincial de Justicia del Guayas a una treintena de abogados para que aportaran con ideas, sugerencias, recomendaciones y criterios para mejorar la Función Judicial y los servicios al usuario. En su intervención, les aseguró que el Consejo de la Judicatura transitorio está empeñado en impedir que continúe la lacra de la corrupción en el país.
“Es escandaloso, cuando los jueces admitían una acción en contra del Estado la pena era el error inexcusable y eran destituidos sin esperar que un juez superior revise el caso”. Uno de los hallazgos del nuevo Consejo fue un oficio entregado desde la Presidencia de la República, en el que supuestamente se ordenaba a los jueces no recibir acciones de protección constitucional cuando eran dirigidas contra el Estado.
La metida de mano en la justicia que prometió el expresidente Rafael Correa en la consulta popular de 2011, dos años después de declararse jefe de todas las instituciones del Estado, hasta de la Asamblea y el Poder Judicial, una aberración en cualquier democracia y que hoy trata de desconocer, porque ahora asegura que nada conocía, ni siquiera cómo operaban sus servicios de inteligencia.
Y no solo era eso, también habrían encontrado irregularidades en los concursos supuestamente limpios que defendía Jalkh. Según Rigail, las vacantes eran llenadas en muchas ocasiones por quienes eran los privilegiados del poder político. Y, sin embargo, la Asamblea se negó a tramitar un juicio político contra Gustavo Jalkh y su nombre está pasando al olvido justo cuando la basura comienza a aparecer debajo de la alfombra.
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