Nuevos aires se respiran en cuanto a la política exterior desde la llegada de José Valencia a la Cancillería. Son señales mínimas que pasan primero por el rechazo a cualquier forma dictadura en la región. Es indudable que en el gobierno pasado a cuenta del respeto a la soberanía de los países se quiso hacer pasar como normal la sangrienta represión de las fuerzas chavista, fuerza pública y colectivos armados, del gobierno de Nicolás Maduro contra las protestas levantadas en su contra por la pérdida de toda su legitimidad.
El silencio de Ecuador también había sido extraño en torno a los hechos que ocurren en Nicaragua donde un Daniel Ortega llamado revolucionario se convertía en una figura más perversa y cruel contra la que alguna vez combatió, la de Anastasio Somoza, todo por mantener el poder. Un gobierno con fuerzas que no dudan en prender fuego viviendas con familias enteras solo porque niegan la entrada a francotiradores que luego disparan a quemarropa.
La Cancillería emitió el lunes un escueto comunicado que, sin embargo, pone fin al silencio sobre una crisis que espanta. “El Gobierno del Ecuador condena los actos de violencia suscitados en Nicaragua que han ocasionado numerosas víctimas mortales y cientos de heridos, al tiempo de requerir el inmediato cese del clima de beligerancia en ese país”.
En ese comunicado, el Gobierno ecuatoriano insta al de Nicaragua a implementar cuanto antes las recomendaciones del informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), realizada en Washington el 22 de junio de 2018″. La CIDH estuvo en Nicaragua y efectuó una investigación sobre lo ocurrido desde el 18 de abril, cuando comenzaron las protestas en este país. Luego, emitió un informe preliminar, en el cual criticaron los actos de represión para disolver las protesta.
En es informe presentado en mayo, la CIDH tomaba nota que la represión gubernamental durante un mes de protestas en Nicaragua estuvo caracterizada por el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado y de terceros armados, que provocó 76 muertes (hoy más de 200), centenares de heridos y detenidos, detenciones ilegales y arbitrarias, prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; censura y ataques contra la prensa.
La CIDH aseguró en ese informa que fueron implementadas otras formas de amedrentamiento como amenazas, hostigamientos y persecución dirigidas a disolver las protestas y a inhibir la participación ciudadana. “Un patrón de heridos por armas de fuego, la mayoría de los cuales presentaron impactos de bala específicamente en la cabeza, los ojos, el cuello y el tórax”, decía el crudo informe.
Según la CIDH, “la Policía Nacional y las fuerzas antimotines utilizaron armas de fuego, pistolas de balas de goma y gases lacrimógeno en forma indiscriminada para disolver protestas y manifestaciones, sin hacer uso de protocolos para regular el uso proporcional de la fuerza”. En concreto la CIDH exigía cesar la represión y las detenciones arbitrarias; respetar el derecho a las protestas pacíficas, y admitir una investigación internacional independiente sobre los hechos de violencia para el derecho a la verdad y la justicia.
Si bien el Gobierno ecuatoriano reitera la urgencia de retomar el proceso de diálogo en Nicaragua como única vía para resolver las diferencias, es innegable que las puertas a ese diálogo las cerró el mismo Ortega porque fue utilizado como un recurso para bajar la intensidad de las protestas, al igual que hizo Maduro en Venezuela, y mantenerse en el poder pese al repudio general de la población.
El comunicado, sin embargo, apunta el dedo en la llaga al hacer un llamado para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de la población en Nicaragua y a emprender las acciones que redunden en el restablecimiento del clima de convivencia pacífica y democrática en ese país.
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