Los problemas de desigualdad, pobreza y exclusión en economías como la ecuatoriana, han sido atribuidos al desarrollo de un sistema cuasi-capitalista, considerado por muchos como una estructura que genera crecimiento vía concentración de ingresos e inequidad.
En este sistema los recursos estarían concentrados en pocos agentes y, al basarse la economía esencialmente en la competencia, se torna en un modo excluyente donde los más grandes poseedores de los mayores recursos se hacen más fuertes y los que menos tienen se hacen más débiles.
Esta forma de generar crecimiento se reproduce en todas las actividades económicas bajo un esquema de todos contra todos. Un sistema donde unos tienen tecnología y conocimiento, y otros no, termina generando bienestar a unos mientras excluye a otros, pues una gran parte queda fuera de los beneficios. Además se afecta el ambiente y se mantiene la desigualdad.
La comunidad científica ha presentado alternativas, que pueden ser impulsadas como rutas para alcanzar la inserción de los agentes excluidos de la economía de los sistemas tradicionales de desarrollo. Fundamentalmente, las opciones se orientan a abrir espacios a las economías solidarias olvidadas otorgándoles autonomía, participación, recursos, capacitación hasta que sean capaces de coexistir e interactuar con los demás agentes.
De allí se origina el concepto de economía social, economía solidaria, tercer sector, economía popular y solidaria, entre otros. Asimismo, la comunidad científica diferencia tres sectores en la economía: el primero o economía pública; el segundo o sector privado capitalista; y, el tercer sector o la economía social.
Para Chaves y Monzón (2012) economía social es:
El conjunto de empresas privadas organizadas formalmente, con autonomía de decisión y libertad de adhesión, creadas para satisfacer las necesidades de sus socios a través del mercado, produciendo bienes y servicios, asegurando o financiando, y en las que la eventual distribución entre los socios de beneficios o excedentes, así como la toma de decisiones, no están ligadas directamente al capital o a las cotizaciones que aporta cada socio – correspondiéndole un voto a cada uno de ellos– o se llevan a cabo en todo caso mediante procesos democráticos y participativos de toma de decisiones. La economía social también agrupa a aquellas organizaciones privadas organizadas formalmente con autonomía de decisión y libertad de adhesión que producen servicios no de mercado en favor de las familias, cuyos excedentes, si los hubiera, no podrán pasar a ser propiedad de los agentes económicos que los crean, los controlan o los financian (p. 14).
En Ecuador, la Constitución aprobada en 2008 plantea un nuevo sistema económico social y solidario con el fin de lograr el “buen vivir”, el cual se denominó Socialismo del siglo XXI en la década pasada.
Ese fue el medio oficial para impulsar el crecimiento y desarrollo social, económico y sostenible distinto al capitalista. Distinto en el sentido de buscar el crecimiento sin exclusión y perseguir la inserción de los agentes excluidos de un sistema tradicional y permanente de competencia.
Así, con el fin de fomentar y regular la formación de las organizaciones de economía popular se crearon la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria (SEPS), la Agenda de la Revolución de la Economía Popular y Solidaria de Ecuador (AREPS), el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPyS); además se aprobó la Ley Orgánica de Economía Popular (LOEPyS) y su Reglamento.
Como resultado de estas políticas ha crecido de forma importante el número de organizaciones de economía popular y solidaria: a 2017 se contabilizaban 11.647, entre asociaciones, cooperativas financieras y no financieras (Boletín Julio, SEPS, 2017).
El nuevo esquema ha sido parte importante de la política de inserción de diversos sectores y de población al dinamismo socio económico del país. Entre ellos se destaca el sector agricultor.
En este ámbito se formaron asociaciones y cooperativas de agricultores, considerando tipos de producción y la normativa correspondiente a fin de promover el crecimiento y desarrollo de esta actividad, la cual, pese a ser uno de los pilares de la economía ecuatoriana no había sido atendida adecuadamente.
Con el propósito de describir la experiencia de una asociación agrícola, la autora de este artículo junto al magister Erwin Guillén-Franco, docente y colega de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG), realizamos un estudio en una organización de economía popular y solidaria de la provincia de Los Ríos.
Como parte del trabajo de campo, mantuvimos entrevistas con el líder de la comunidad y varios miembros de la asociación. También levantamos información sobre las condiciones socioeconómicas, sus formas de organización y el desarrollo de su actividad económica principal: la producción de maíz.
Aunque ha mejorado la situación de la población del sector agrícola, lo realizado aún no es suficiente. Hace falta mucho para lograr incluirlo de manera dinámica, autónoma y sostenible en el proceso de crecimiento de la economía y generar mayor y sostenido bienestar de la población agrícola.
Desde la percepción de sus integrantes fue posible identificar varios beneficios obtenidos, entre ellos el acceso a recursos financieros que permitieron a la población rural retomar y continuar sus actividades productivas agrícolas, antes abandonadas por falta de recursos. También destacaron el haberse organizado como asociación, lo cual les permite compartir problemas y buscar soluciones en conjunto.
No obstante, hay muchas necesidades por atender. Entre otras, falta capacitación para lograr la autogestión, las formas de producción no se han modificado, el dinamismo de las organizaciones depende de la voluntad del gobierno de turno en la toma de decisiones respecto al acceso a recursos que permitan mantener y/o aumentar la producción, no se han generado cambios estructurales. En otras palabras, los problemas de fondo se mantienen ya que no es posible solucionarlos desde las asociaciones.
De todos los fines para los que fue creada la asociación (son siete), los integrantes destacan que se logró parcialmente agrupar en su seno a los productores de la zona, pues han participado en la planificación y mejoramiento de la producción; asimismo se ha utilizado mejor semilla y se ha logrado con ello una mayor producción de maíz por hectárea; igualmente se ha tenido acceso a recursos financieros (créditos). En cambio, todavía no se logra mejoramiento tecnológico en el proceso de producción, no hay autogestión, no se ha aumentado el empleo en la comunidad. Es decir, queda mucha tarea pendiente para el desarrollo de la economía solidaria.
Del balance realizado surge la pregunta: ¿el desarrollo de la economía solidaria refleja la mejora de bienestar de la población agrícola?
Los involucrados contestan que, si de comparar se trata, es indiscutible que la situación de la población del sector agrícola ha mejorado. Aunque también es importante señalar que lo realizado no es suficiente. Hace falta mucho para lograr incluir al sector de manera dinámica, autónoma y sostenible en el proceso de crecimiento de la economía y generar mayor y sostenido bienestar de la población agrícola.
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